Las manifestaciones violentas en los liceos emblemáticos no cesan. En el Instituto Nacional han sido al menos semanales las movilizaciones. En el Liceo de Aplicación, a principios de este mes, encapuchados salieron a lanzar bombas molotov e incendiaron una palmera. Alumnas del Liceo 1 Javiera Carrera han realizado al menos cuatro tomas en lo que va del año escolar, en la última había «entre ellas unas encapuchadas», lo que normalmente no ocurre de ese modo. El Liceo José Victorino Lastarria no ha sido la excepción. La semana pasada un par de menores vestidos con overoles blancos intentaron iniciar acciones dentro del establecimiento, que fueron repelidas por parte de la propia comunidad educativa, mientras que 15 días antes en esa misma institución los llamados capuchas incendiaron una oficina.
Con respecto a este último hecho, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, aseveró que «al parecer participó una mujer adulta del colegio en la introducción de dichos elementos incendiario». Por su parte, el edil de Santiago, Mario Desbordes, ha denunciado en múltiples oportunidades que hay adultos detrás de las manifestaciones estudiantiles. «Hay personas que aportan recursos», dijo recientemente en CNN.
En al menos tres de las 26 querellas que se interpusieron el año pasado en tribunales penales por hechos de violencia ocurridos en liceos emblemáticos, quedó registro de la participación o apoyo de adultos en las manifestaciones.
Una «tía» que «apoya» a los capuchas, un hombre dedicado a dejar registro fotográfico y un manifestante universitario que fue detenido en una de las movilizaciones y que es exalumno de uno de estos colegios, son los casos que detectó El Líbero al revisar 18 de esas demandas. Las restantes tienen carácter reservado.
El caso de la «tía» que según encapuchados del Instituto Nacional los «apoya» para hacer «kagar» (sic) a la directora del liceo
En una querella interpuesta hace poco más de siete meses, en septiembre de 2025, se señala la existencia de «una campaña de difamación y amenazas explícitas en contra de la Sra. Aravena». La afectada es Sandra Aravena, actual directora subrogante del Instituto Nacional, que antes de asumir ese cargo se desempeñaba como inspectora general de ese liceo emblemático.
Se indica en el escrito que desde el 2023 y en el cumplimiento de sus funciones, Aravena se encargó de la aplicación de la Ley Aula Segura, lo que «generó una reacción hostil por parte de grupos de estudiantes» y «un amedrentamiento constante». En esta misma situación se encontrarían otras dos funcionarias de esa institución educativa, según se indica en la demanda.
En ese contexto, se expone en la querella que en un grupo de WhatsApp de los alumnos que suelen vestirse con overoles blancos y protagonizar manifestaciones incendiarias en el Instituto Nacional, se indicó de manera explícita que contaban con el respaldo de una funcionaria de la institución para ejercer acciones violentas en contra de la directora.
«En un grupo de chat de estudiantes encapuchados, se planificó una ‘denuncia’ en su contra, acordando ‘castigar a la Sandra’ y ‘aganla kagar’ (sic), mencionando que contaban con el apoyo de la ‘tía Caro’”, se señala en el escrito.
En la demanda se explica que el mensaje haría referencia a una «docente» cuyo nombre El Líbero no expondrá porque no ha sido imputada.
En información que arroja el portal de Transparencia, y que es de acceso público, esta funcionaria figura como personal de planta del Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro.
En todo caso no sería esta la primera vez que se presentan denuncias en tribunales penales por la presunta colaboración de docentes del Instituto Nacional -identificados con nombre y apellido- en acciones violentas dentro de esa institución.
En diciembre del año pasado la Municipalidad de Santiago interpuso una querella en la que se narra que la mañana del 9 de agosto de 2024 dos estudiantes de ese liceo ingresaron a un estacionamiento del colegio que es de uso exclusivo de funcionarios y sacaron de dos vehículos «bultos de gran volumen».
«La peligrosidad del contenido transportado y el propósito de esta maniobra quedaron al
descubierto al día siguiente: el sábado 10 de agosto de 2024, en el contexto de las revisiones de seguridad por la visita del Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, con motivo del aniversario del establecimiento, la escolta presidencial detectó un acopio de materiales peligrosos ocultos en el subterráneo del CEINA, sector colindante y conectado con el estacionamiento. En dicho lugar se hallaron elementos tales como un lienzo, ropa, diluyente –combustible utilizado habitualmente como acelerante para artefactos incendiarios–, hondas, mascarillas y pistolas plásticas», se indica en el escrito, que es de acceso público en la página del Poder Judicial.
En ese mismo documento se señala que los vehículos en los que supuestamente ingresaron estos elementos al liceo son propiedad de dos docentes de esa institución. Los nombres de los profesores se corresponde con las siglas F.L.G.A. y M.A.J.T., quienes hasta diciembre de ese año seguían dando clases en el colegio y que fueron suspendidos mediante sumario luego de que El Líbero informó sobre lo ocurrido en la nota: Instituto Nacional identifica a dos profesores que habrían facilitado materiales para disturbios en 2024: administración de Hassler no investigó.
El «fotógrafo adulto» que esperaba afuera del Instituto Nacional para dejar registro de las acciones violentas
En otra querella que interpuso la Municipalidad de Santiago a propósito de las manifestaciones violentas que se registraron en el Instituto Nacional el 14 y el 18 de julio del año pasado, se aportan antecedentes que harían ver que un adulto ubicado afuera de la institución habría estado coordinado con los estudiantes encapuchados para dejar registro fotográfico al momento en el que estos llegaran a uno de los patios a armar bombas molotov y a desplegar un lienzo con sus consignas.
En el documento se expone que «a las 09:05 horas tres sujetos encapuchados salieron desde el interior del Instituto Nacional y se dirigieron nuevamente hacia el portón de calle Arturo Prat (un hecho similar había ocurrido cuatro días). Simultáneamente, se detectó la presencia de al menos cinco personas externas en las afueras del establecimiento, además de dos sujetos que habían sido previamente expulsados durante los años 2024 y 2025, todos ellos con actitudes sospechosas y con una evidente intención de participar en los hechos que se avecinaban».
«Los sujetos encapuchados comenzaron la preparación de bombas molotov en el patio Prat, manipulando líquidos combustibles a la vista de testigos. A las 09:13 horas desplegaron un lienzo, mientras se observaba a un fotógrafo adulto que, desde el pasaje frente al Instituto Nacional, capturaba imágenes de lo ocurrido», se señala en el escrito.
De acuerdo con la demanda, «esta presencia, que no obedecía a razones institucionales ni periodísticas conocidas, refuerza la hipótesis de una organización estructurada detrás de los actos ejecutados».
La advertencia hecha en la querella es categórica: «No cabe duda de que los hechos acontecidos los días 14 y 18 de julio de 2025 constituyen actos reiterados de violencia, ejecutados por grupos organizados que operan dentro y fuera del recinto educativo, con apoyo logístico, participación externa».
El estudiante universitario, exalumno del Instituto Nacional, detenido cuando manifestaba afuera del INBA
En otra querella que presentaron para pedir que se investigara a los responsables de una manifestación violenta que se registró el 5 de agosto de 2025 en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), se indicó que jóvenes causaron desórdenes dentro y fuera de la institución y que encapuchados interrumpieron el tránsito vehicular y levantaron barricadas incendiarias en las inmediaciones del liceo.
Luego de narrar los hechos se indica en el escrito que se registraron varias aprehensiones, entre ellas la de un mayor de edad, ajeno al INBA, pero que en su época de secundario había estudiado en otro liceo emblemático.
«Se logró la detención de varios sujetos en las inmediaciones del recinto, incluyendo a Diego Aguirre, exalumno del Instituto Nacional y actual estudiante universitario, cuya participación resulta especialmente grave considerando su desvinculación con el establecimiento», se indica en la querella.
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