Chile encabezó –hasta la víspera del estallido social– el ranking latinoamericano de felicidad. Meses después, el país ardía. La paradoja revela que crecimiento económico y satisfacción declarada con la vida pueden coexistir con un profundo malestar social, y que hablar de felicidad sin mirar simultáneamente la calidad de la democracia y el sentido del progreso es, en el mejor de los casos, una lectura incompleta.
Esa es la intuición que recorre el libro «Felicidad, Democracia y Progreso» (Ed. USACH, 2024): los tres conceptos no son sinónimos ni piezas intercambiables, pero tampoco viven en compartimentos estancos. La felicidad, entendida desde Aristóteles hasta la investigación contemporánea en bienestar subjetivo, tiene un componente emocional, uno cognitivo -la satisfacción con la vida- y uno comunitario, que remite al tejido social en el que cada persona está inserta. Ninguna de esas dimensiones se decreta desde el Estado. Pero tampoco florece en el vacío institucional.
Ahí entra la democracia, no como generadora automática de felicidad -el libro descarta explícitamente esa asociación espontánea-, sino como la arquitectura de derechos, deberes y rendición de cuentas que hace posible que las personas elijan «los modos de vida que tienen razones para valorar», en la fórmula de Amartya Sen. La democracia ha dejado de entenderse solo como mecanismo de selección de élites gobernantes para incorporar dimensiones que importan a los ciudadanos: capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas, deliberación, igualdad política, rendición de cuentas horizontal. Un régimen que cumple con la liturgia electoral, pero falla en esos rendimientos propios de la exigencia democrática de nuestros días difícilmente sostiene, en el tiempo, la confianza ciudadana.
El progreso, por su parte, ha sido secuestrado durante décadas por una vara estrictamente económica: el producto interno bruto como termómetro único del bienestar social. Esa reducción empobrece el concepto. El progreso auténtico es el tránsito hacia mayores niveles de bienestar material e inmaterial, y exige gobernanza capaz de conciliar intereses y traducirlos en políticas públicas eficaces.
El libro dedica, además, un análisis particularmente incisivo al término «progresismo», que conviene no confundir con el progreso mismo. Bajo ese rótulo conviven tradiciones distintas: la socialdemocracia clásica, partidaria del Estado benefactor y la economía de mercado regulada, y un abanico más reciente de causas e identidades -ecologismo, feminismo, diversidad sexual, migración- ligadas al sociolibelarismo. El debilitamiento del marxismo tras la caída del Muro de Berlín y el fin del proletariado como sujeto revolucionario llevaron a teóricos posmarxistas -en la estela de Laclau y Mouffe- a desplazar la lucha de clases hacia nuevos sujetos: minorías, jóvenes, movimientos sociales. Esta reformulación, sostiene el libro, ha derivado en Chile en propuestas de «radicalización de la democracia» y en lo que denominan «democracia sustantiva» que, al constitucionalizar como indiscutible un catálogo creciente de contenidos –que no necesariamente expresan demandas extendidas en la población–, terminan vaciando el sentido original de la deliberación democrática y abriendo la puerta al gobierno basado en proclamas de minorías por sobre las de las mayorías. Esa convergencia, visible en el ciclo abierto en el período 2014-2018, luego en octubre de 2019 y en la propuesta constitucional rechazada en 2022, ha sido descrita por críticos como «progresismo sin progreso»: más polarización, orientación de políticas pública hacia intereses de nicho, con escasa o ninguna mejora en el bienestar de las personas.
Lo que emerge de este recorrido tiene implicancias prácticas para el Chile de hoy. Cuando la discusión pública se agota en la disputa por el crecimiento del PIB, cuando la reforma política se discute solo como ingeniería electoral, o cuando el «progresismo» se confunde sin más con el progreso, se pierde de vista el objetivo que da sentido a todos esos esfuerzos: que las personas puedan vivir la vida que valoran, en comunidad, con dignidad. La democracia es el camino institucional; el progreso, el proceso dinámico; la felicidad, el horizonte. Confundir el camino con el destino, o una etiqueta ideológica con el progreso real, es un error recurrente de nuestra deliberación colectiva.
Esto no equivale a sostener que baste con «más» democracia o «más» progreso para ser felices, ni que el bienestar subjetivo dependa mecánicamente del diseño institucional. La evidencia que el propio libro reporta para Chile –mejoras en el acceso al bienestar individual y colectivo entre 1990 y 2019, incluso en segmentos de menor escolaridad– muestra que esa relación es más compleja y menos lineal de lo que cualquier eslogan político querría admitir.
La lección no es de fórmula sino de método: evaluar reformas democráticas y estrategias de desarrollo no por su eficiencia procedimental, su impacto en el ingreso o su etiqueta ideológica, sino por su contribución efectiva a que las personas -todas, no solo las mejor posicionadas- puedan desplegar el plan de vida que valoran. Esa es la vara exigente, y la única honesta, para juzgar si un país progresa.