El 27 de noviembre de 2015, los entonces diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson acudieron al Palacio de La Moneda junto a la subdirectora de la ONG Leasur, María de los Ángeles Barros, para entregar una carta donde cuestionaban el actuar del Ministerio de Justicia, que había estado encabezado por José Antonio Gómez.
Esto, porque Gómez se habría negado a firmar los decretos de rebaja de condena que beneficiaban a más de 500 internos por diversos delitos. Tres días antes, la organización había presentado una denuncia criminal ante la Fiscalía Centro Norte por presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisiones e irregularidades en la detención.
El caso se remontaba al período entre marzo de 2014 y marzo de 2015, cuando cientos de reclusos que habían obtenido rebajas de sus penas por buena conducta no fueron liberados en las fechas correspondientes. Según denunció Leasur, el Ministerio de Justicia había decidido revisar nuevamente sus antecedentes, pese a que estos ya habían sido evaluados por las comisiones encargadas de determinar los beneficios.
El propio Boric había respaldado públicamente la denuncia días antes. El 23 de noviembre de 2015, a través de su cuenta de X, compartió una nota sobre el tema y escribió: “Denuncia gravísima contra Ministro Gómez por prisión arbitraria a más de 500 presos. Valiente pega de ong LEASUR”.
Días después, desde afuera de La Moneda, el entonces parlamentario del Frente Amplio apuntó nuevamente contra Gómez. Según publicó Radio Bío Bío, Boric sostuvo que “acá hay un tema más complicado que es que el ministro Gómez actuó con prevaricación, esto es que él no tenía la facultad de hacer lo que hizo, y los funcionarios públicos tenemos que actuar estrictamente conforme a derecho y el ministro Gómez violó esa norma”.
En declaraciones recogidas por El Desconcierto, Gabriel Boric también aseguró ese día que “no hay justificación para negar los derechos de una persona, ni aunque estén presos”. Giorgio Jackson, en tanto, defendió las rebajas de condena por buena conducta, afirmando que “está comprobado que quienes tienen rebaja en su pena por buena conducta reinciden menos”.
La negativa del Ministerio de Justicia
El argumento del Ministerio de Justicia para negarse a firmar los decretos se sustentaba en una revisión de los antecedentes de los internos. Desde la cartera se planteaba que algunos beneficiarios no cumplían con las exigencias establecidas para acceder a las rebajas de condena, particularmente en materias de educación, trabajo y rehabilitación.
Sin embargo, la decisión llegó a los tribunales. Distintas Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema acogieron recursos de amparo presentados en favor de internos afectados, cuestionando que el Ministerio volviera a evaluar antecedentes que ya habían sido revisados por las comisiones encargadas de conceder las rebajas.