Frente a los graves problemas de sequía que enfrenta el país, surgen voces que abogan por el desarrollo de nuevos embalses. Sin embargo, la verdad es que, durante las últimas décadas, tanto la construcción como la operación de grandes embalses ha enfrentado serias dificultades de índole ambiental, social y económico.
Algunos ejemplos que ilustran este punto son los siguientes. La construcción del embalse Valle Hermoso en la región de Coquimbo finalizó en octubre de 2019, cuatro años después de su adjudicación en 2015. Sin embargo, la falta de precipitaciones no ha permitido el llenado de sus 20 millones de metros cúbicos y hoy se encuentra sólo al 20% de su capacidad, lo que no permite el riego de las 1.500 hectáreas para las cuales fue diseñado.
Relacionado con el problema anterior, la construcción del embalse Las Palmas (55 millones m3) en la región de Valparaíso fue adjudicada en marzo de 2018, sin embargo, se encuentra paralizada desde fines de 2022. La empresa concesionaria argumenta que la obra estaría sobredimensionada dada la menor pluviometría. Claramente no se podrá iniciar su operación provisoria en octubre de 2026 según calendario. Un tercer ejemplo es el del embalse La Punilla en la región de Ñuble cuya concesión fue adjudicada en el año 2016. Sin embargo, el contrato se finalizó anticipadamente en octubre de 2021 por discrepancias varias entre las partes por temas de diseño. Hoy está nuevamente en proceso de licitación (Nueva La Punilla) y se prevé su inicio de obras en 2027 y puesta en servicio (provisoria) en 2032, esto es, en 8 años más si todo anda bien.
Son tres ejemplos de grandes embalses cuyos resultados no han sido exitosos. Dada esta problemática realidad en un contexto de grave sequía que aqueja al país desde hace 14 años, muchas voces del sector productivo, gubernamental y parlamentario han propuesto enfocarse en la construcción de embalses de menor tamaño. Este tipo de obras pueden generar altos beneficios sociales y, en teoría, debieran ser más simples y rápidos de materializar. Sin embargo, en la práctica vemos que la menor escala de dichas obras no los exime de obtener numerosos permisos y autorizaciones que cuestan implican bastante tiempo y dinero. Una vez más nos encontramos con esta generalizada problemática nacional: la permisología.
La norma vigente exige que cualquier embalse de capacidad superior a 50.000 metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 metros de altura -esto es el 0,25% de la capacidad del embalse Valle Hermoso- deberá obtener, al menos, las siguientes aprobaciones:
- Permiso de obras hidráulicas mayores otorgado por la Dirección General de Aguas (artículo 294, Código de Aguas), y
- Resolución de calificación ambiental (DIA o EIA, según corresponda) otorgado por el Servicio de Evaluación Ambiental.
La obtención de dichas aprobaciones puede tardar entre 2 y 3 años, y son requisito para iniciar la construcción de estos embalses. Para abordar esta situación que permitiría mejorar la seguridad hídrica en las cuencas en plazos más cortos, en agosto del 2023 se inició la tramitación de un proyecto de ley originado en una moción parlamentaria cuyo objetivo es “facilitar la construcción de tranques de uso agrícola” (Boletín 16.193-01). El proyecto busca establecer un procedimiento especial para agilizar la inversión en pequeños embalses de uso agrícola, eximiendo de la obtención de los permisos mencionados a aquellas obras cuyos muros tengan una altura entre 5 y 15 metros o una capacidad de acumulación entre 50 y 250 mil metros cúbicos. Cabe señalar que dicho tamaño corresponde al tramo inferior de la categoría A de embalses pequeños (artículo 12 del Reglamento de Obras Hidráulicas Mayores de la DGA.).
La tramitación parlamentaria del proyecto de ley avanzó rápidamente durante su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, sin embargo, se detuvo completamente al iniciar su segundo trámite constitucional en la Comisión de Agricultura del Senado en marzo de 2024.
Si bien este año las precipitaciones se han acercado a patrones normales, es importante que las autoridades del Ejecutivo y del Congreso sigan actuando con urgencia en materia hídrica. Contar con estos tranques de uso agrícola permitiría acumular el agua proveniente de las precipitaciones durante los meses de invierno, como fue el caso en mayo y junio pasado. Es imprudente actuar como si la sequía hubiera terminado, pues el consenso científico es que la tendencia de precipitaciones en el mediano plazo seguirá a la baja en Chile.
Retomar la tramitación de este proyecto de ley permitiría contar con una herramienta adicional para enfrentar la sequía en cuencas críticas en plazos más cortos. Otras herramientas complementarias son por cierto la eficiencia en el uso, el reúso, la desalación, y las soluciones basadas en la naturaleza, entre muchas otras.
