El próximo 17 de diciembre se elegirá al nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Más que una competencia por un cargo, esta elección debiera abrir una discusión sobre la capacidad de la principal organización empresarial de Chile para representar con eficacia los intereses comunes del sector privado.
La CPC reúne a seis ramas: agricultura, comercio, industria, construcción, banca y minería. Cada una tiene sus propias prioridades y legítimos intereses sectoriales. Precisamente por eso existe una confederación: para articular aquello que las une y darles una voz común frente al Gobierno y a los grandes desafíos del país.
Uno de los problemas del empresariado chileno es que sus ramas tienden a actuar de manera independiente, incluso en materias que afectan transversalmente a todas ellas. Cada sector busca defender sus prioridades por separado, con el consiguiente riesgo de debilitar las posiciones compartidas y reducir la capacidad de negociación del conjunto.
La autonomía de las ramas es necesaria y debe respetarse. La agricultura enfrenta desafíos distintos de los de la banca, y la minería tiene preocupaciones que no necesariamente coinciden con las del comercio o la construcción. Pero existen materias en las que el interés es común: la certeza jurídica, la seguridad, la inversión, la productividad, el crecimiento económico y la generación de empleo. En ellas, la coordinación no debiera ser una excepción, sino una responsabilidad de la CPC.
Para conseguirlo, quien asuma la presidencia debe tener capacidad de liderazgo, diálogo y articulación. No basta con presidir reuniones o representar formalmente a la institución. Se requiere alguien capaz de conciliar posiciones, construir acuerdos y lograr que las seis ramas respalden planteamientos comunes cuando corresponda.
También es importante evitar las disputas por protagonismo. Ninguna rama debiera intentar demostrar que es más importante que las demás ni buscar una visibilidad particular a costa del conjunto. Cuando los gremios compiten entre sí por influencia, el resultado es una representación empresarial fragmentada, precisamente cuando se necesita una voz firme y coherente ante las autoridades.
Hay una segunda condición igualmente relevante: la independencia de quien ejerza la presidencia.
El presidente de la CPC no representa a su empresa, a su grupo económico ni exclusivamente al sector del cual proviene. Su responsabilidad es defender los intereses del conjunto del empresariado, incluso cuando estos no coincidan plenamente con los de su propia actividad.
Esto no significa exigir que quien llegue al cargo carezca de vínculos empresariales, algo evidentemente irreal. Significa que debe demostrar independencia de criterio, transparencia y capacidad para reconocer y gestionar eventuales conflictos de interés. La trayectoria empresarial es un antecedente importante, pero no reemplaza la necesidad de actuar con imparcialidad.
La confianza entre las ramas depende, en buena medida, de que ninguna perciba que la conducción de la CPC está al servicio de intereses particulares. Sin esa confianza, resulta difícil construir acuerdos duraderos y sostener una posición común ante el Gobierno.
La elección del 17 de diciembre ofrece, por tanto, una oportunidad para definir qué tipo de liderazgo necesita el empresariado chileno. La próxima presidencia debiera distinguirse por su capacidad de unir a las seis ramas, defender los intereses transversales y actuar con independencia frente a los intereses particulares.
Una CPC fuerte no es aquella en que una rama impone su voz sobre las demás, sino aquella en que todas comprenden que, cuando están en juego los intereses comunes, la unidad es su principal fuente de influencia.