Durante décadas, Chile ha destacado por tener un sistema financiero sólido y exigente. Eso nos protegió de crisis globales y construyó un mercado confiable. Sin embargo, cuando la regulación se vuelve rígida y dispersa, con varias autoridades regulando la misma materia desde ángulos distintos y sin que nadie mida el efecto conjunto, el sistema termina ahogando precisamente aquello que pretendía proteger.
Ahí está la gran contradicción actual: mientras los titulares celebran que Chile está entre los líderes en bancarización regional, la realidad muestra que, en lo más básico, como es el acceso al crédito formal, estamos muy atrás. Según el Índice de Inclusión Financiera de Grupo Credicorp 2025, el 65% de los mayores de 18 años en Chile declaran no tener ningún producto de crédito formal. Esto no pasa porque la gente no quiera endeudarse responsablemente ni porque las instituciones no quieran prestar, sino porque el marco regulatorio crecientemente complejo y fragmentado ha hecho más difícil ofrecer crédito de manera sostenible a quienes hoy más lo necesitan.
Cuando a una entidad financiera se le suma una tonelada de trámites, costos de cumplimiento y trabas operativas, la cuenta simplemente no da. Evaluar a un trabajador independiente o a un pequeño comerciante deja de ser viable para la gran mayoría de las instituciones formales. La industria termina concentrándose donde los números cierran: clientes de menor riesgo y mayor rentabilidad. El punto es que la necesidad de dinero de esa persona no desaparece porque le cerraron la puerta.
¿Qué pasa entonces? La gente busca resolver sus necesidades donde puede. Si el sistema financiero formal deja de llegar a quienes más lo necesitan, ese espacio no queda vacío. Hoy lo ocupa, cada vez con mayor fuerza, el crédito informal, y, peor aún, el crimen organizado, transformando un problema de inclusión financiera en un desafío de seguridad para el país.
En el momento actual de nuestro país, donde el crecimiento económico y la seguridad se han instalado como dos de las principales prioridades del país, esta discusión cobra aún más relevancia. Avanzar hacia una mayor armonización regulatoria del sistema financiero no solo favorecería un mayor acceso al crédito formal, sino que también contribuiría a ampliar las oportunidades de desarrollo para las personas y reducir su exposición al crédito informal, un fenómeno que en gran parte de la región ha pasado a estar crecientemente vinculado al crimen organizado.
Muchas de las regulaciones nacieron con una buena intención: cuidar al cliente o prevenir delitos. El problema es que muchas veces no se mide el impacto real de las normas antes ni después de aplicarlas. Pasó con la exigencia de prefijos telefónicos para las llamadas de cobranza (los prefijos 600 y 809): se buscaba frenar la saturación de llamadas comerciales no solicitadas, pero provocó que las personas dejaran de contestar cualquier número desconocido, disparando la morosidad por simple falta de contacto. Ese caso terminó corrigiéndose en mayo de este año, pero conviene detenerse en por qué. No se revirtió porque alguien hubiera medido el daño causado, sino porque la Corte Suprema concluyó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones se había excedido en sus atribuciones al tratar la cobranza extrajudicial como una comunicación comercial masiva. El efecto sobre la contactabilidad y la morosidad, que la propia industria venía reportando hacía meses, nunca entró en la ecuación. Dicho de otro modo: si la resolución hubiera estado bien dictada desde el punto de vista de competencia, seguiría vigente y nadie habría revisado si funcionaba. Otro caso es el llamado “derecho al olvido financiero”, donde, si bien suena tentador borrar registros pasados, la ceguera de datos solo logra aumentar el riesgo percibido por la industria, cerrándole la puerta al crédito formal a quienes más lo necesitan. Sin información transparente, no hay inclusión posible.
Algo parecido ocurrió con la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos las cuentas que reciben 50 o más abonos mensuales desde personas distintas. No es un tope ni una prohibición: nadie tiene limitado su número de transferencias. Sin embargo, fue percibida como un límite, y eso bastó para empujar a miles de personas, muchas de ellas pequeños emprendedores, de vuelta al efectivo. Con ello, disminuye el registro de las transacciones y aumenta la circulación de efectivo, con el mayor riesgo de robos y asaltos que eso implica para las personas y pequeños comercios. También vuelca la actividad económica hacia la informalidad, justo lo contrario de lo que persigue un sistema financiero formal.
El debate sobre la eliminación del anatocismo es el ejemplo más reciente y, quizás, el más elocuente. La discusión pública se ha concentrado casi por completo en el deudor moroso, como si el interés compuesto viviera solo ahí. Pero una prohibición absoluta atraviesa el sistema entero, y ese impacto global es justamente lo que no se ha medido.
Por el lado del crédito, si los intereses no pueden capitalizarse, el mayor riesgo se traslada al precio. El problema es que ese valor tiene techo legal: la Tasa Máxima Convencional. Cuando el riesgo no se puede reflejar en la tasa porque ésta está topada, el crédito no se encarece, simplemente no se otorga. Y no se entrega, primero, a quienes ya están al borde del sistema: trabajadores independientes, personas sin historial, pequeños comerciantes. Una norma concebida para proteger al deudor termina expulsando del sistema formal justamente a quien más lo necesita, y empujándolo hacia el crédito informal.
Por el lado del ahorro el efecto es igual de directo y casi no se menciona. El interés compuesto es lo que hace que ahorrar tenga sentido en el tiempo: los intereses se suman al capital y ese capital vuelve a generar intereses. Sin esa mecánica, un depósito a plazo renovable rinde menos, y quienes lo resienten no son los inversionistas sofisticados, que tienen otras alternativas y otros mercados, sino las familias que ahorran con los instrumentos más simples que existen.
No es casualidad que tanto el Banco Central como la Comisión para el Mercado Financiero hayan advertido sobre estos efectos. Cuando los dos organismos encargados de velar por la estabilidad financiera piden detenerse a evaluar, vale la pena escucharlos antes y no después. En ese sentido es positivo que el Gobierno anunciara que recurrirá a un veto a las normas del proyecto que prohíben el anatocismo y consagran el llamado ‘derecho al olvido financiero”.
Otro ángulo es el creciente impulso a la fijación de precios. Es el caso de las tasas de intercambio de las tarjetas de prepago, débito y crédito, que son determinadas por un comité creado por ley e integrado por el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la CMF y la Fiscalía Nacional Económica. Asimismo, la CMF puede fijar el pago mínimo de las tarjetas de crédito mediante una fórmula. Cada intervención tiene su explicación, pero fijar precios en un mercado dinámico e intensivo en tecnología rara vez es inocuo: rigidiza la oferta, desincentiva la inversión y traslada costos hacia otros segmentos. Si el problema de fondo es de competencia, la respuesta más sólida no suele ser poner el precio desde el Estado, sino remover las barreras que impiden que la competencia lo fije.
A esa dispersión de precios se suma la de funciones. Un mismo incidente de ciberseguridad debe reportarse por separado a la CMF y a la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad; el consentimiento con que un cliente contrata lo regulan a la vez la CMF y la futura Agencia de Protección de Datos; y una misma comisión puede ser observada por la CMF y, en paralelo, el SERNAC. Ninguna de esas obligaciones reemplaza a la otra: se acumulan, y el resultado no es más protección, sino más costo e incertidumbre sobre qué estándar prima.
Esta reflexión en ningún caso pretende disminuir los estándares prudenciales ni debilitar la protección de los consumidores. Chile necesita mantener un sistema financiero sólido. El desafío es avanzar hacia una regulación más coherente, coordinada y proporcional, capaz de resguardar la estabilidad sin frenar la competencia, la innovación y la inclusión financiera.
Es momento de evaluar las normas no solo por sus buenas intenciones en el papel, sino por sus resultados en la realidad. La armonización regulatoria no es una conversación que deba quedar entre reguladores y expertos: es una agenda de crecimiento, inclusión financiera y seguridad que nos involucra a todos. Permitir que la tecnología y la innovación compitan para ofrecer cuentas, ahorro y crédito formal de manera sostenible es una de las herramientas más efectivas para reducir el espacio del crédito informal, devolviéndoles la tranquilidad a las familias chilenas.
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇