En las pasadas elecciones presidenciales, los candidatos que se enfrentaron en segunda vuelta no pertenecían a las coaliciones que habían ocupado el escenario político desde el regreso a la democracia. No sólo eso, además basaban su discurso en una fuerte crítica a esas coaliciones, cuestionando su falta de convicciones y exigiendo una política basada no en los consensos -la orientación predominante en las últimas décadas- sino en la defensa de postulados ideológicos y en la voluntad de concretarlos.
Por otra parte, las candidaturas presidenciales de las coaliciones históricas sumaron un magro 24,4% en esa elección. Es verdad que en las parlamentarias su rendimiento fue mejor, pero aún así sumaron solo un 43,6% del total de los sufragios válidos en la elección de diputados, mientras cuatro años antes habían alcanzado el 68,16% de las preferencias.
La elección de Concejeros Constitucionales, ya con voto obligatorio, profundizó esa tendencia a la declinación electoral de los partidos que habían hegemonizado el proceso político desde 1989, descendiendo a 37% aunque en la de concejales 2024 subió a 49,6%. Las cifras de afiliación a los partidos políticos, a su vez, son consistentes con los resultados electorales. Así, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el SERVEL, de los 519.857 militantes de partidos políticos, tan solo 210.624 (40,66%) corresponden a los partidos de las dos coaliciones surgidas de la transición.
Lo importante de la decadencia electoral de estas colectividades políticas, es que ella es el reflejo de un cambio del modelo político que rigió el país desde la transición y que me atrevo a denominar “modelo del 89”. Este modelo, que se inauguró en las elecciones de ese año, tuvo su hito fundante y legitimante en el plebiscito de 1988 y se caracterizó por un conjunto de rasgos presentes hasta el día de hoy. Por una parte, la derecha con el tiempo aceptó la lógica democratizadora del proceso y los cambios institucionales y culturales que, de manera gradual pero creciente, se hicieron presentes en la escena nacional. Las fuerzas políticas agrupadas en la Concertación, a su vez, aceptaron el modelo económico y social construido por la dictadura, introduciendo esas reformas que, de manera paulatina pero sostenida, terminaron por inundar esa escena. Este modelo político se sostenía en un estilo que privilegiaba los acuerdo, pero en el que la hegemonía en términos de discursivos y culturales se extendía desde el centro hacia la izquierda.
Esta primacía de la búsqueda de acuerdos podría sugerir que el sistema surgido de la transición correspondió a lo que en ciencia política se ha llamado un esquema consociativo, esto es un sistema en que las decisiones tienden a tomarse por consenso y en que hay múltiples alianzas posibles de gobierno. Pero no fue así. La realidad fue una de dos bloques de alianzas rígidamente delimitadas, generadas a partir de las opciones tomadas con motivo del evento fundante del sistema, el plebiscito de 1988. Allí se marcó una línea divisoria de alta intensidad emocional y lo que siguió, más que decisiones en las que se impuso el consenso, fue la de esa clara hegemonía política y cultural del centro hacia la izquierda. Una situación que quedó en evidencia en los problemas de gobernabilidad que enfrentaron las presidencias de Sebastián Piñera, que culminaron en lo que ha venido a llamarse de una manera algo impropia “estallido social”.
Así, lo que muestra la simple revisión de los datos electorales, expuesta antes, es que el sistema de partidos heredado de la transición ha terminado. Ese fin de un modelo ha dado lugar a un ciclo de mayor polarización ideológica, caracterizado por un estilo político más confrontacional y a cambios en el tipo de relación del público con los partidos políticos, así como en los canales de comunicación política. Este escenario, sin embargo, no es definitivo, y lo que nos está planteando la actual coyuntura es más bien un amplio margen de escenarios posibles, en los que serán determinantes la proporción de elementos de continuidad o de ruptura entre el nuevo esquema y de anteriores presentes en cada uno de ellos.
En un país como Chile, fuertemente presidencialista, tanto en términos institucionales como por su cultura política, el cómo se configure finalmente la actual competencia electoral por la primera magistratura marcará de una manera decisiva la evolución futura del sistema político. La reciente elección primaria del oficialismo confirma que en la izquierda los partidos que en su momento formaron la Concertación han pasado, al parecer de manera definitiva. Nuevamente una definición en segunda vuelta sin representantes de las coaliciones de la transición consagraría el fin definitivo del régimen del 89, con consecuencias de largo plazo muy distintas a las que llevaría una definición con la participación de la candidatura de Chile Vamos.
En cualquier caso, aún cuando los ritmos y modalidades del proceso pueden variar, la existencia de una nueva configuración del sistema de partidos es un hecho. En consecuencia, el desafío para los actores políticos es cómo garantizar que este nuevo escenario no implique amenazas para la estabilidad del orden democrático y sea capaz de generar políticas públicas eficaces, temas ambos que -como muestra la situación de muchos países, incluido algunos de larga tradición democrática- no pueden darse nunca por garantizadas.
Muy coherente y claro, gracias. 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻