El Estado más allá de los acuerdos

Durante los últimos años, Chile ha dedicado una enorme energía a discutir reformas, negociar acuerdos y anunciar soluciones. Hemos aprendido, con dificultad, que ninguna transformación importante puede sostenerse sin diálogo político. Sin embargo, alcanzar acuerdos no es suficiente. La nueva frontera de nuestra democracia consiste en demostrar que esos acuerdos pueden implementarse, evaluarse y traducirse en mejores condiciones de vida.

Una ley aprobada no es una política pública exitosa, tampoco lo es el anuncio de un nuevo programa, la creación de una comisión o el aumento de un presupuesto. El verdadero resultado aparece cuando una familia recibe oportunamente una atención de salud, un estudiante mejora sus aprendizajes, un barrio recupera su seguridad o una inversión logra ejecutarse sin permanecer años atrapada entre permisos, organismos y procedimientos contradictorios.

Chile no carece de diagnósticos, sabemos cuáles son nuestras principales brechas y contamos con instituciones que producen información de calidad. El problema comienza después, las responsabilidades dispersas, servicios que no comparten datos, programas que se superponen, permisos interminables y autoridades que miden su éxito por los recursos gastados, no por los resultados alcanzados y menos por el impacto que logran en la sociedad.

Esta dificultad tiene consecuencias económicas. Cuando un proyecto enfrenta plazos inciertos, criterios cambiantes y decisiones que nadie parece responsable de tomar, la inversión se posterga. Sin inversión no aumenta la productividad, no se crean suficientes empleos y disminuyen los recursos disponibles para financiar políticas sociales. La capacidad de ejecución del Estado no es una preocupación administrativa es una condición del desarrollo que se nota en las familias.

También tiene consecuencias democráticas, ya que la ciudadanía no juzga a las instituciones únicamente por sus intenciones, sino por su capacidad para resolver problemas. Cuando la distancia entre el anuncio y el resultado se vuelve permanente, crecen la frustración, la desconfianza y la disposición a buscar respuestas simples. Un Estado que promete reiteradamente y cumple poco termina debilitando la legitimidad de la propia democracia.

Superar esta situación exige cambiar la forma en que entendemos la acción pública. Cada reforma relevante debería establecer responsables identificables, metas verificables, plazos realistas y fundamentalmente mecanismos de evaluación. Las leyes más importantes tendrían que revisarse después de tres o cinco años para determinar si cumplieron sus objetivos, qué costos generaron y cuáles fueron sus efectos no previstos. Evaluar no significa perseguir responsables políticos, sino aprender y corregir.

También necesitamos una administración más profesional, capaz de preservar capacidades técnicas más allá de los cambios de gobierno. La confianza legítima de una autoridad en sus equipos no puede traducirse en comenzar nuevamente cada cuatro años. Las políticas complejas requieren continuidad, memoria institucional y servidores públicos seleccionados por sus competencias.

Frente a todo esto, Chile necesita recuperar la capacidad de alcanzar acuerdos, pero debe dar el paso siguiente, donde tanto gobierno y oposición deberían construir compromisos acotados en seguridad, salud, educación e inversión, acompañados de metas públicas y evaluaciones periódicas. La discusión política no puede terminar cuando se aprueba una ley. Allí comienza la responsabilidad de demostrar que funciona.

La calidad de una democracia no se mide solo por la cantidad de demandas que logra representar ni por los acuerdos que consigue anunciar. También se mide por su capacidad para transformar decisiones colectivas en resultados concretos. Después de años discutiendo qué país queremos construir, ha llegado el momento de demostrar que somos capaces de construirlo.