Mientras las acciones violentas se acumulan en la Macrozona Sur, el verano 2023 ha incorporado un elemento adicional a la crisis de seguridad: los incendios que, arrasando con campos, plantaciones, casas y centros poblados, tienen un alto grado de intencionalidad declarada.
Sin duda estamos en un momento crítico. Ocho orgánicas radicalizadas ejercen control territorial sobre más de 23.000 kilómetros cuadrados entre Biobío y Los Lagos. Como referencia, sólo la Región Metropolitana, que concentra aproximadamente el 40% de la población, cuenta con 15.400 kilómetros cuadrados. Además, durante los primeros ocho meses del gobierno del Presidente Gabriel Boric, esas mismas orgánicas se adjudicaron 90 de los 393 hechos de violencia.
Ahora, si nos referimos a los incendios intencionales, en la temporada 2022 fueron quemadas 70.194 hectáreas, sin embargo, en los dos primeros meses del año, de acuerdo a la Conaf llevamos 112.684 hectáreas. Un aumento del 161%.
De los últimos veinte años, el 2022 ha sido el más sangriento para quienes viven en el sur. Se contabilizaron 15 muertes asociadas a la crisis de seguridad, el doble que en 2021 a pesar de contar con 308 días con Estado de Emergencia; lo más significativo fue el aumento de los ataques incendiarios con 120 mil hectáreas, el doble de los tres años anteriores. A febrero del 2023 llevamos 440 mil hectáreas, un aumento del 367%.
Además, existe una sensación de impunidad que se incrementa al observar los datos: Sólo en los primeros ocho meses del gobierno, 59 personas han sido detenidas, 35 menos que en el mismo período del año anterior.
Sin duda que la presencia de las Fuerzas Armadas ha contribuido a combatir la violencia, pero sin una estrategia de largo plazo sus acciones no serán suficientes. La excepcionalidad del despliegue militar en La Araucanía debería estar acompañada de una estrategia de combate contra la violencia y de restauración de la paz, sólo así los buenos resultados de nuestras Fuerzas Armadas serán sostenibles en el tiempo.
Nos enfrentamos a un proceso de deterioro de la estructura institucional y social del país, que horadada silenciosamente en los últimos años, nos conduce a un punto de inflexión que puede tomar dos caminos: Construir un pacto de seguridad que restaure la paz en la sociedad o entregarnos a un proceso de cambio cultural donde la informalidad y la ley de la calle dirijan nuestras vidas. En ese sentido, es prioritario que seamos claros: ¿estaremos del lado de las víctimas o de los victimarios? ¿Las señales serán de orden o de caos, de seguridad o de miedo?
Los límites se han corrido demasiado. Las víctimas, el orden y la seguridad requieren medidas urgentes y mensajes firmes. Se requiere que la Justicia investigue y persiga, poniendo a la población afectada primero; que el Parlamento continúe con la discusión legislativa y apruebe las leyes necesarias para combatir esta problemática; que el Presidente y sus ministros cuenten con un discurso unificado, y que, finalmente, cada uno de los ciudadanos exija su derecho básico de vivir, trabajar y educar en paz. Nos hemos acostumbrados a vivir con la violencia y eso no puede conducir a nada bueno.
*Claudia Lillo, Pilar Lizana y María Paz Lagos – Corporación Somos Mujeres Por Chile