Luego de un intenso debate en la Cámara de Diputados, el viernes pasado se aprobó el proyecto de ley integrado en el fast track legislativo que establece las normas generales sobre el uso de la fuerza (RUF).
Sin embargo, la oposición no logró aprobar uno de los elementos que consideraba clave para el proyecto: que la justicia militar fuera la encargada de revisar los casos en que militares o policías se vieran involucrados en el cumplimiento de labores de orden público.
En la oposición buscan reponer esta indicación en el Senado, mientras que desde el oficialismo se han negado a negociar sobre el punto. El miércoles sin embargo, fue el propio Presidente Gabriel Boric quien le cerró la puerta a la iniciativa: “Lo que nosotros hemos dicho es que, en materia de competencia, que hoy día son de competencia civil, durante mi gobierno no se van a restablecer los tribunales militares”.
A las palabras del Mandatario se sumó además la negativa del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien aseguró en Radio Duna que reponer esas funciones de la justicia militar, “no es una buena noticia. Encuentro que es una mala señal”.
RUF: fiscalía especializada y otras propuestas
En medio de este debate, desde Demócratas pretenden impulsar una serie de indicaciones con el fin de destrabar la discusión sobre la justicia militar en las RUF.
La indicación sería ingresada este lunes, para lo que buscarán el respaldo de Chile Vamos. Aunque en el partido señalan que aún están afinado la propuesta, El Líbero accedió a una minuta con su contenido, en el que proponen una fiscalía especializada, informes de las Fuerzas Armadas (FF.AA) para los jueces, legítima defensa privilegiada y eximentes y defensa jurídica.
Según el documento que están trabajando, se propone “facultar al Ministerio Público para la creación de una ‘Fiscalía Especializada’ para la investigación de casos relacionados a la intervención de fuerzas policiales o FF.AA en las RUF”.
Sobre el tema de los informes, en tanto, se pretende “darle valor probatorio a informes que emitan los auditores de las FF.AA o sus análogos en las fuerzas policiales, respecto a la actuación de los funcionarios en cumplimiento de su deber. Que el juez tenga a la vista esos informes y deba considerarlos”.
En el tema de la la legítima defensa, lo que se quiere es “armonizar la indicación del diputado Andrés Jouannet, que integró una norma que permite que los funcionarios, al acreditar cumplimiento del deber acatando las RUF, puedan usar la eximente del artículo 10 Nº10 del Código Penal (legítima defensa privilegiada o Naín Retamal) para daños en las personas o en las cosas”.
Por último, también se propone que “el Estado debe proteger a los funcionarios que hayan actuado en estricto cumplimiento del deber, para dar respaldo no solo jurídico, sino que real”.
Rincón: «Presentaremos indicaciones para que no quepa ninguna duda del respaldo jurídico que tendrán las FF.AA»
La idea es presentar la indicación este lunes en la comisión mixta del Senado de Constitución y Seguridad ciudadana.
La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, explicó El Líbero que “presentaremos indicaciones para que no quepa ninguna duda del respaldo jurídico que tendrán las FF.AA cuando el Estado les encomiende cooperar excepcionalmente en el control del orden público».
A lo anterior, Rincón agregó que «la seguridad en Chile está en niveles de peligrosa excepcionalidad, por ello el Estado tiene que aprovechar todas sus herramientas para controlar y proteger a la población. Si vamos a encomendar excepcionalmente a las Fuerzas armadas que cooperen en el control del orden público, deben sentir que los estamos respaldando plenamente”.
Habría que darle 10 vueltas. El Estado a través de su poder ejecutivo y legislativo, valiéndose de normas constitucionales de excepción, ordena a las Fas, instituciones del Estado, reimponer el estado de derecho mediante el uso de la fuerza, ajustado a normas RUF. Así de simple es ésto. Pero, si hay un problema, entonces se «privatiza» y cada soldado se defiende solo, el Estado se hace parte a través del CDE y se querella en contra del soldado. Algo huele mal en Dinamarca, algo no cuaja, no es coherente.
Todo lo que pueda hacerse para garantizar un juicio justo para quien ha intentado cumplir con su deber me parece positivo, pero el comentario, que comparto, plantea lo contradictorio que es el sistema vigente.
Me parece muy bien lo manifestado por la senadora y presidente de Demócratas, Ximena Rincón, en el sentido de presentar indicaciones “para que no quepa ninguna duda del respaldo jurídico que tendrán las FF.AA. cuando el Estado les encomiende cooperar excepcionalmente en el control del orden público”.
Sin embargo, no concuerdo con la idea de crear una “Fiscalía Especializada para la investigación de casos relacionados a la intervención de fuerzas policiales o FF.AA en las RUF”. No veo la necesidad de hacerlo, puesto que la justicia militar es una justicia especializada, como lo son la familiar, ambiental, laboral, tributaria, etc.
Lo que sí se debería hacer es reemplazar el sistema de procedimiento penal inquisitivo aplicado por dicha justicia —que vulnera el derecho humano al debido proceso garantizado por nuestra Carta Fundamental y por el derecho internacional de los derechos humanos— por un sistema procesal penal acusatorio, que sí respeta el debido proceso.
En relación con la justicia militar, cabría comentar que si los carabineros Cisterna, Arévalo y Vidal recientemente asesinados hubiesen repelido la agresión y alguno de los agresores hubiese resultado muerto, actualmente estarían acusados por la justicia ordinaria como autores del delito de homicidio; al igual que lo está el cabo de la Armada de Chile Ricardo Seguel San Martín, quien en noviembre de 2021 integraba una patrulla de infantes de marina que concurrió a auxiliar a carabineros que estaban siendo atacados con armas de fuego por encapuchados y que, como resultado de las acciones, murió un comunero mapuche. La Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que es querellante en este caso, piden 15 años de cárcel.
Evidentemente, en aquellas causas que dicen relación con hechos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones, es esperable una más recta administración de justicia por parte de una justicia especializada que por la justicia ordinaria; cuyos jueces no conocen a los militares, que no saben de su entrenamiento, reglas y armas, y que fallan contra leyes expresas y vigentes al no aplicarles normas que los favorecen (como las establecidas en los artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar).
Si Seguel fuese condenado, el Partido Comunista y los partidos y movimientos de extrema izquierda habrán logrado un gran avance en su objetivo de destruir a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile; una condición sine qua non para conquistar el poder total, puesto que “sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista”.
Finalizo este comentario transcribiendo algunos párrafos de un carta al Director de Miguel A. Vergara Villalobos publicada el 8 de mayo del año en curso en La Tercera, bajo el título “¿Por qué la justicia militar?”: “Lo que se busca con los tribunales militares no es impunidad, sino una mirada más especializada para juzgar la complejidad de las situaciones en que militares y carabineros exponen sus vidas. Si se quiere ser efectivo en el combate al terrorismo y narcotráfico, las FF.AA. y Carabineros deben contar con mayores garantías legales y judiciales para cumplir con su arriesgada y ardua labor. No les exijamos vocación de mártires”.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política
Tiene toda la razón don Adolfo Paul: va a arriesgar su vida un militar o un carabinero, si piensa que lo va a juzgar la Justicia corriente por repeler la delincuencia o el terrorismo? Lo pensará dos veces, y ese pensamiento inhibidor ya es un triunfo para los enemigos de la sociedad. Ellos juran defender la patria hasta rendir la vida, si fuere necesario, y nosotros los vamos a juzgar por cumplir ese juramento? Patético.