La reforma de pensiones sorteó su primer escollo aprobando su idea de legislar, pero no hay que equivocarse: lo que sucedió no fue una victoria para el Gobierno ya que, al ser rechazado gran parte del articulado del texto, la incertidumbre persiste y el país seguirá expectante a que se lleve adelante una discusión más abierta y razonable sobre el tema, sólo que esta vez en el Senado.
Lo ocurrido en la Cámara con la reforma es fiel reflejo de que el Gobierno apuró el tranco innecesariamente y que llegó a la Sala con un proyecto que no tenía consenso técnico, político y ciudadano. Y claro, eso era esperable cuando modificaciones sacadas entre gallos y medianoche, en negociaciones de último minuto, se consideraban en el texto sin haberlas pensado bien siquiera. En esa línea, se hizo mucho hincapié en la negociación con el partido Demócratas, liderado por la senadora Ximena Rincón, y el acuerdo al que llegaron sus seis diputados con la ministra Jara. Pese a ese acuerdo salvavidas, el partido no-alineado no se libró de improperios de miembros oficialistas. Así, hay que esperar que se tomen las lecciones del caso, ya que hay que saber bien con quién negociar y con quién se llega a acuerdos.
Respecto al articulado en específico, la Cámara hizo bien en rechazar la distribución propuesta de la cotización adicional, el famoso “3-3”, que pretendía mejorar las pensiones actuales en desmedro de las pensiones futuras. También rechazó el Inversor Estatal (IPE), diseñado de manera tal que el Estado, en pocos años, podría asumir en breve plazo el control de los fondos de pensiones. La Cámara, en línea con lo que pedían la mayoría de los chilenos en las encuestas, defendió con estos rechazos la propiedad de los fondos (que el 6% vaya a cuentas individuales) y la libertad de elegir.
En esa línea, la ciudadanía exige que en el Senado se discutan los cambios que de verdad mejoren las pensiones y no cambios que respondan puramente a temas ideológicos. Así, ha vuelto a cobrar fuerza la idea de un seguro de longevidad, que se analizará en una mesa técnica durante marzo; por otro lado, la posibilidad del seguro de longevidad deja en respirador artificial al seguro social del Gobierno, ya que en la Cámara se vio que no hay espacio político para crear un sistema de reparto con solidaridad intra-generacional. Por otro lado, ahora que se rechazó el IPE, sí se abre un espacio en el Senado para introducir nuevas alternativas de competencia entre públicos y privados en la administración de los fondos.
En resumen, el Senado ha recibido un cascarón vacío que deberá ser rellenado, pero esta vez, con iniciativas y medidas que logren mayor consenso técnico y enfocados de verdad en mejorar las pensiones, tanto las actuales como las futuras. Sólo así podremos reducir la incertidumbre y actualizar nuestra legislación previsional después de tantos intentos.
