En estos días hemos conocido dos noticias importantes en materia de agua potable y saneamiento en países cercanos.
La primera noticia, muy preocupante y lamentable, es que más de 400 mil habitantes de la ciudad de Quito -13% de la población total- están sin agua desde hace dos semanas debido a problemas de infraestructura. El servicio de suministro de agua potable y saneamiento es responsabilidad de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento – EPMAPS Agua de Quito que depende del municipio y abastece a 2,6 millones de personas. Las coberturas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas que reporta la empresa son de 98%, 94% y 3%, respectivamente.
Estos cortes en el suministro no son nuevos en Quito. Durante el año pasado la población quiteña se vio afectada por diversos cortes debido a la severa sequía. Desde entonces, la pugna entre el gobierno de Ecuador y el municipio de Quito por deslindar responsabilidades ha sido recurrente. Hasta el momento de la publicación de esta columna, EPMAPS no había repuesto el servicio ni confirmado la fecha de reposición del mismo.
La segunda noticia es el anuncio del gobierno de Argentina acerca del inicio del proceso de privatización del servicio de agua potable y saneamiento en Buenos Aires. Hoy, dicho servicio es provisto por la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la que abastece a 11,3 millones de personas. Las coberturas de agua potable, alcantarillado y tratamiento que reporta la empresa son de 75%, 63% y 40% (aprox.), respectivamente.
Esta empresa fue privatizada por primera vez en 1993 (gobierno de Carlos Menem), y luego re estatizada en 2006 (gobierno de Néstor Kirchner). Las razones que esgrime el gobierno de Javier Milei para privatizar AySA son principalmente la ineficiencia operacional y las recurrentes y enormes transferencias del Estado para cubrir sus costos.
La situación de Quito y Buenos Aires en materia de agua potable y saneamiento es muy diferente tanto en términos de cobertura y calidad del servicio, como de gobernanza y financiamiento. Lo que no es diferente es que los países donde se encuentran ambas ciudades, al igual que Santiago de Chile, están enfrentando grandes desafíos asociados al cambio climático. Para ser exitosos en esta materia, se requiere contar con una institucionalidad público-privada sólida y con las capacidades necesarias para tomar acciones tanto en la prevención como en la solución de problemas. Algunas acciones son: mantener o incrementar las coberturas de agua potable y saneamiento para toda la población, implementar planes de inversión de corto y largo plazo con su correspondiente financiamiento, diseñar mecanismos de tarifas y subsidios al consumo acordes a la realidad hídrica y social, y contar con un brazo “ejecutor” de operaciones e inversiones que sea ágil y eficiente.
El modelo sanitario chileno basado en la colaboración público-privada ha demostrado ser robusto y puede ser replicable total o parcialmente para el resto de los países de la región. Un indicador de su éxito son las elevadas coberturas en los territorios concesionados urbanos donde habitan del orden de 16,3 millones de personas: 100% en agua potable y el 98% en alcantarillado, con un 100% de tratamiento de las aguas servidas recolectadas (Superintendencia de Servicios Sanitarios – SISS, 2024). Dichas coberturas son muy superiores a las del resto de América Latina e incluso de muchos países de la OCDE.
Obviamente este modelo es perfectible, sin embargo, pareciera brindar mejores herramientas en materia de regulación, gestión e inversión para enfrentar los desafíos que impone la situación hidro climática a ciudades tales como Buenos Aires, Quito y Santiago de Chile.
