El proyecto de ley sobre “convivencia escolar” presentado por el gobierno en junio de 2024 está ad-portas de terminar su paso por el Congreso, luego de ser despachado por la Comisión Mixta. Esto, que puede parecer una buena noticia, traerá consigo una implementación que será compleja, debido a la falta de recursos con que se pretende llevar adelante esta iniciativa, junto con la rigidez normativa que impone y el aumento de trabajo administrativo que significará para los colegios.
Durante este año y medio de discusión, varias han sido las voces que han participado del debate advirtiendo sobre los problemas del proyecto. Como se ha señalado, implementar una ley de estas características, que implica mayor carga administrativa y, con ello, la necesidad de contar profesionales dentro de las escuelas que dediquen tiempo y esfuerzo a estas labores, además de profesionales capacitados para abordar los desafíos de la convivencia escolar, en los términos que lo exige la propuesta (“profesional de la educación o del área psicosocial o psicopedagógica, con formación o experiencia en el ámbito pedagógico o de convivencia educativa, de jornada completa con dedicación exclusiva”), son obligaciones que implican mayores gastos para los establecimientos, sin que exista financiamiento asociado.
Otro elemento que vale advertir es la incorporación de un nuevo artículo la Ley General de Educación, que definirá el contenido mínimo de los reglamentos internos para todos los colegios del país. Esto, además de inmiscuirse en la libertad de enseñanza, en virtud de la cual los sostenedores tienen derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional, introduce una rigidez innecesaria en la gestión escolar.
Además de lo anterior, existen otros dos elementos “poco felices”. El primero, es que su contenido ya forma parte de la normativa educacional, definida hasta hace poco en la Circular de 2018, reemplazada el 23 de diciembre de 2025 por una nueva. El segundo, es la mirada esencialmente normativa con que se propone abordar la convivencia escolar. Cabe preguntarse, entonces, por qué se incorpora en el proyecto una disposición que ya es obligatoria para los colegios y que, además, no conversa con la circular recientemente publicada. Y lo que es peor aún, en un contexto en que lo que se requiere es flexibilidad, herramientas y mayores atribuciones, no engrosar reglamentos internos.
Lamentablemente, el foco del proyecto fue el equivocado desde un inicio, y serán las comunidades educativas las principales afectadas producto de estas “nuevas leyes”, que no dimensionan adecuadamente el impacto de quienes deben cumplirlas y por otro lado, carecen de evidencia suficiente sobre su efectividad para resolver el problema que buscan abordar. Todo esto ignora -una vez más- que se trata de un sistema educativo excesivamente regulado, sobrecargado de tareas administrativas y deficitario en recursos para abordar estos desafíos.
Esta serie de eventos desafortunados no contribuye a mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes, aleja el foco de los principales desafíos del sistema y exacerba problemas largamente advertidos. Repetir errores es humano; sin embargo, en educación, irónicamente, parece que no aprendemos.
El poco análisis de los proyectos de ley, la complicidad con el gobierno o la ideología se expresan en los patéticos resultados de la educación pública y los apremios por los que deben pasar los colegios subvencionados y privados. El resultado de tanta «ingenuidad» es que los alumnos llegan cada vez peor preparados para estudios superiores o al campo laboral. Buena columna.