Hace unas semanas fuimos testigos del “extraño” robo en la vivienda del alcalde de Zapallar, donde todo apunta a que se trataría de amedrentamiento a manos de bandas narco. Algo que hace poco veíamos lejano, hoy se convierte en realidad.

El problema es profundo. En Chile no hay una política integral en seguridad, las prioridades cambian con el paso de los gobiernos y los órganos que deben cumplir un rol de prevención, protección, persecución y rehabilitación, actúan desintegradamente.

Ninguna organización puede acabar con la delincuencia, pero enfrentarla coordinadamente incrementa las posibilidades de éxito. La seguridad debe ser atacada por capas. Se requiere fortalecer a las instituciones que realizan control, vigilan y detienen; y, transformar a las que investigan, acusan y castigan. Cumpliendo cada una con su rol y trabajando bajo una estrategia común y articulada, lo que se denomina “interagencialidad”.

Las policías son clave para combatir las bandas criminales, pero están sobrepasadas y carecen de atribuciones y apoyo político. La PDI, Gendarmería y Carabineros de Chile requieren mayor personal, más infraestructura y equipamiento.

Extranjería y aduanas deben actualizarse. Actuando coordinadamente con las Fuerzas Armadas y controles fronterizos para bloquear todo tipo de acción ilícita. Así, podremos detectar la migración ilegal, los cargamentos de drogas y armas que empoderan a las organizaciones criminales.

El Servicio de Impuestos Internos, Registro Civil y Poder judicial también deben aportar a la seguridad, por ejemplo, con un banco unificado de datos que permita chequear en tiempo real la situación tributaria, judicial o social de sospechosos en controles preventivos.

Hoy existen muchas fuentes de información para obtener bases de datos, como policías, Poder Judicial, Fiscalía, SII, Extranjería e incluso autopistas, pero éstas no se unifican ni se utilizan como herramienta de inteligencia.

En materia de prevención, los municipios podrían cumplir un rol protagónico. Cuentan con inspectores que podrían asumir labores complementarias a las policías. Los comités de seguridad vecinal y locatarios del comercio establecido son relevantes como primeros ojos en el territorio, así como los 150 mil guardias privados existentes. En el mismo sentido, los Ministerios del Deporte, Educación y Cultura deberían cumplir un rol directo en materia de prevención para que jóvenes se alejen de organizaciones delictuales en sus barrios.

Esto toma tiempo, por ello debemos comenzar ahora cambiando la forma en que abordamos la seguridad, pasando de una estrategia desarticulada a una coordinada y de largo plazo, que incluya decisión política para aprobar leyes y financiamiento permanente. Sólo así haremos frente a las bandas narco que, a la luz de los hechos, ya se han instalado en Chile.

José Manuel Palacios Parra. Alcalde de La Reina

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