Terminan los cuatro años del gobierno del Presidente Boric y es tiempo de balances. En el ámbito económico, algunos se enfocan en el crecimiento del PIB comparado, otros en el desempleo y otros en la situación fiscal. En ninguna de estas dimensiones hay buenas noticias, lamentablemente. Los datos conocidos durante los últimos días muestran un desempleo sostenidamente alto, una economía que se contrae en doce meses y un deterioro fiscal evidente.
Pero en esta columna me quiero centrar en el cumplimiento de los compromisos del programa de gobierno, como otra forma de evaluar el desempeño de esta administración. Dicho programa era extenso, tenía 229 páginas y contenía las principales ideas que llevaron a que Gabriel Boric a transformarse en el Presidente número 37 de Chile.
El programa se estructuraba en torno a cuatro reformas estructurales: acceso garantizado universal a la salud, pensiones dignas sin AFP, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista de la historia de Chile. El foco en la política social (pensiones, salud, educación) era evidente. Siendo claros, el crecimiento económico o una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos no eran prioridades.
A su vez, el programa listaba 53 cambios y el número uno de esta lista era terminar con las AFP. Siguiendo con las propuestas económicas, las medidas 5, 6 y 7 se referían al mercado laboral e incluían la incorporación de la negociación colectiva multinivel, un salario mínimo por sobre $500 mil y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Estas dos últimas medidas se cumplieron.
La propuesta nueve contemplaba la realización de una reforma tributaria que incluía, entre otros, un impuesto a los súper ricos, mientras que la propuesta 50 suponía la creación de una empresa nacional del litio. Más adelante el programa planteaba la creación de un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático, algo que tampoco ocurrió y proponía actualizar aspectos relativos a los capítulos de inversiones de los tratados comerciales, para “garantizar que las nuevas inversiones extranjeras generen encadenamientos con el tejido productivo local”. A su vez, se proponía la creación de un Banco Nacional de Desarrollo, que, aunque se transformó en un proyecto de ley bajo el nombre de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide), no se alcanzó a materializar.
Por su parte, el programa sostenía que sería una prioridad “recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble”, para lo cual proponía una reforma tributaria que recaudaría 8% del PIB. Como sabemos, la reforma tributaria que presentó el gobierno fue rechazada en el Congreso. Luego, se aprobó una ley de royalty minero y una ley de cumplimiento tributario, buscando recaudar una fracción del plan original.
En síntesis, al momento de hacer balances, además de los resultados visibles conviene recordar las iniciativas que formaban parte del plan original que no se concretaron. No es razonable pensar que los que impulsaron estas ideas, las abandonaron, sino más bien estas están guardadas en algún cajón y volverán al ruedo en futuras elecciones. Entre estas medidas destaca la idea de terminar con las AFP, la negociación colectiva multinivel, el impuesto al patrimonio, la revisión de los tratados internacionales y la nacionalización del litio. Es difícil cuantificar el impacto de las medidas no materializadas, pero la dirección es clara. Afortunadamente el país reaccionó a tiempo y el Congreso hizo parte del trabajo democrático para evitar peores consecuencias económicas e institucionales.
Las reales intenciones de ese sector están plasmadas, explícitas, no negadas, en el proyecto de Mamarracho constitución de 2022, rechazado por un abrumador 62%
Las ideas impulsadas por los actuales gobernantes y sus adláteres no están guardadas en un cajón: están presentes y muy activas. No están esperando volver al ruedo en futuras elecciones.
Se avizoran negros nubarrones en el horizonte: las izquierdas radicales difícilmente dejarán gobernar a las nuevas autoridades; ellas no cejarán en su empeño por conquistar el poder mediante la violencia —especialmente el Partido Comunista, que no ha renunciado a su proyecto totalitario: “el proyecto popular que encabezó Salvador Allende es un proyecto inconcluso, pero no derrotado” y, como lo señala su Manifiesto del año 1848: “Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente”—; los miles de empleados públicos de la administración central del Estado y de las municipalidades que gozan de inamovilidad, muchos de los cuales se desempeñan, en la práctica, como activistas políticos y que “atornillarán al revés”; las escuálidas arcas fiscales, el excesivo endeudamiento externo y el pago de intereses exorbitantes, harán muy difícil financiar nuevos proyectos de obras públicas o financiar programas sociales; los gravísimos problemas de seguridad, económicos, de vivienda, educacionales, de salud, previsión, etc. heredados por el nuevo gobierno exigirán para su solución adoptar medidas impopulares; las protestas, los paros y movilizaciones ilegales serán pan de cada día, así como el recrudecimiento de la violencia; todo lo cual contribuiría al éxito del proceso insurreccional en curso. A ello se suma la existencia de sectores políticos de izquierda antidemocrática que consideran inaceptable que la derecha acceda al poder y que postulan «meterle inestabilidad al país” para hacer grandes transformaciones y utilizar retroexcavadoras a fin de destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal lo que, evidentemente, ahoga la libertad económica, desalienta la inversión y afecta gravemente al crecimiento, al empleo y al bienestar de la población. El nuevo gobierno deberá pagar los platos rotos de la crisis provocada por la mala gestión de gobiernos anteriores.
Adolfo Paúl Latorre
Magíster en ciencia política