En Chile conviven dos formas de abastecimiento de agua potable y saneamiento dependiendo si se trata de zonas urbanas o rurales. En zonas urbanas, hay 16,2 millones de personas que son abastecidas por alrededor de 50 empresas concesionarias cuyos servicios son regulados por el Estado. En zonas rurales, hay 2,4 millones de personas abastecidas por 2.454 servicios sanitarios rurales (SSR) que son autogestionados por las propias comunidades con apoyo estatal (MOP).
Lamentablemente, aún hay bastante diferencia de cobertura y de calidad entre los servicios prestados a nivel urbano y rural. En el caso urbano, las coberturas de agua potable y alcantarillado son 99,95% y 97,65%, respectivamente, con un 100% de tratamiento de las aguas servidas recolectadas (fuente: SISS). En el caso rural, las coberturas son mayores mientras mayor sea la densidad poblacional: en localidades concentradas, hay 1,804 SSR que abastecen a casi 2 millones de personas con una cobertura de agua potable del 100%; en localidades semi concentradas, la cobertura de agua potable es de 55% y para las zonas dispersas no hay información. En materia de saneamiento rural, el MOP aún no cuenta con cifras sobre dichas coberturas para ninguna categoría de densidad poblacional.
Por tanto, el principal desafío es lograr que los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento sean confiables y de calidad en las zonas rurales. Hay estimaciones que indican que para resolver la brecha de cobertura en localidades semi concentradas se requiere construir del orden de 300 nuevos SSR. Sin embargo, dado que solo el 25% del presupuesto del MOP se destina a la construcción de nuevos sistemas, y el 75% restante se destina a la mantención de sistemas existentes, el cierre de la brecha involucra plazos muy largos que no se condicen con la importancia de contar con agua potable para esa población rural carente. Además, es necesaria una cuantiosa inversión, no cuantificada aún, en saneamiento rural tanto en alcantarillado como en tratamiento de aguas servidas.
Hoy, el plazo de desarrollo y construcción de un nuevo SSR es de cinco años en promedio. Dicho plazo es absolutamente desmedido dada la baja complejidad técnica de estas obras y no es coherente dada la urgencia y gravedad de la crisis hídrica que ha causado el cambio climático y que puede afectar muy negativamente la calidad de vida de las personas. Asimismo, en años críticos de sequía ha quedado en evidencia la fragilidad de la infraestructura existente ya que, por ejemplo, los pozos son poco profundos o no existen fuentes hídricas alternativas de respaldo.
Recientemente, y a casi cinco años de la entrada en vigencia de dicha ley, el Ministerio de Obras Públicas ingresó un proyecto de ley que “modifica la ley 20.998 con el propósito de modernizar y fortalecer el régimen jurídico aplicable a los servicios sanitarios rurales”. Actualmente, está en primer trámite constitucional en el Senado y está siendo revisado por la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía (Boletín N. 17.877-03).
El foco del proyecto de ley es subsanar algunas de las deficiencias que se han identificado durante la implementación de la ley 20.998 relacionadas con la gobernanza de los comités y cooperativas de APR, delimitación del área de servicio, simplificación de la fijación tarifaria y esquemas de fiscalización preventiva. Asimismo, se otorga rango legal al tratamiento diferenciado según el tamaño del SSR (número de arranques), particularmente en materia de reposición de infraestructura, fijación tarifaria y fiscalización.
Sin embargo, la agilización de la inversión en SSR se aborda muy someramente. En un momento donde hay acuerdo político transversal en la necesidad de disminuir el exceso de permisos, este proyecto de ley es una oportunidad para incorporar cambios sustantivos en la forma en que se desarrollan y construyen los proyectos de inversión en infraestructura de nuevos servicios sanitarios rurales y así reducir las brechas de cobertura y calidad ya mencionadas. Así por ejemplo, se podría autorizar la participación de empresas para apoyar la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento rural por parte de los gobiernos regionales y del Ministerio de Obras Públicas (esto ya se hizo en 2024 para los proyectos de inversión ejecutados por los gobiernos regionales, ver Boletín 16.993-05).
