En abril de 1965, Estados Unidos intervino militarmente en República Dominicana, la primera incursión directa en el continente durante la Guerra Fría. El gobierno de Chile, encabezado por el presidente Frei Montalva, fue tajante: condenó la invasión, llamó a Reunión de Consulta en la OEA y votó en contra de la creación de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), mecanismo que legitimó con ropajes multilaterales una acción esencialmente unilateral.
El gesto de Chile fue destacable. Siendo uno de los mayores beneficiarios de la Alianza para el Progreso, y habiendo recibido un decidido respaldo político de Washington, el gobierno democratacristiano defendió con firmeza los principios del sistema interamericano: no intervención y autodeterminación.
Chile no era un apoyo más, y así lo hizo saber Washington. En la OEA, el representante chileno Alejandro Magnet fue presionado por su contraparte estadounidense. En Washington, el embajador Radomiro Tomic recibió advertencias directas del propio secretario de Estado. En La Moneda, el Presidente Frei y el canciller Gabriel Valdés enfrentaron insinuaciones y visitas especiales -como la de Averell Harriman- destinadas a forzar un alineamiento.
Finalmente, en una conjunción de respeto a los principios, presiones internas y cálculos imprecisos, Chile no cedió. Rechazó la fuerza como instrumento y reforzó su propuesta de reformar la OEA.
Sesenta años después, una lección sigue vigente: frente a los desafíos comunes, la unión hace la fuerza. En tiempos de incertidumbre, tensiones y de ajustes globales, más que crear o resucitar instancias multilaterales, parece conveniente revitalizar la OEA, próxima a cumplir ochenta años, dotándola de un carácter verdaderamente representativo, autónomo y eficaz. Lo ocurrido en 1965 no solo pertenece al pasado, también interpela el futuro de la región.