Crítica de libros es presentado por:
Publicado el 10 de septiembre, 2020

[Reseña] Un legado con recorrido

En defensa de la Constitución se erige como un texto de consulta obligatoria para quienes se interesen en el debate constitucional que se avecina y, en especial, para quienes tengan motivaciones para presentarse como candidatos a constituyentes para defender los valores, principios y normas de la actual Constitución. No se trata de un libro sobre un legado constitucional cualquiera. Sin pretender serlo, se transforma en un texto que recoge todas las reflexiones, reseñas y memorias de un jurista que, desde una posición de partícipe privilegiado de la historia, academia y práctica constitucional, comparte toda su sabiduría y experiencia para uso y aprendizaje de todos los chilenos.

En defensa de la Constitución. Raúl Bertelsen Repetto. Thomson Reutters, 2020.

El plebiscito del próximo 25 de octubre nos ofrece solo dos alternativas: rechazar o aprobar. La opción Rechazo significa que la actual Constitución, cuyas normas conocemos, se mantiene vigente, mientras que la opción Apruebo nos lleva a enfrentar un proceso constituyente de resultados insospechados. Más allá que la actual discusión se ha centrado principalmente en los aspectos formales del proceso, lo cierto es que lo más relevante del debate ha estado ausente: las propuestas constitucionales de fondo. Ello implica, para quienes abrazan la opción del Rechazo, defender la Constitución de 1980 y para ello nada más oportuno y necesario que la publicación de la reciente obra del destacado abogado y académico Raúl Bertelsen Rapetto, En defensa de la Constitución.

El autor, de una reconocida experiencia y extraordinaria modestia, es la persona más indicada para defender el legado constitucional que representa el actual texto fundamental. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, integró la Comisión Ortúzar que redactó el Anteproyecto de la Constitución de 1980, y, aprobado éste, participó luego en la redacción de las leyes orgánicas constitucionales. Entre 2006 y 2015 fue ministro del Tribunal Constitucional y dos de esos años su Presidente. Ha sido profesor de Derecho Constitucional durante medio siglo y desde el año pasado es Profesor Emérito de la Universidad de los Andes.

En defensa de la Constitución analiza primeramente la crisis constitucional de 1973 y la génesis de la Constitución de 1980 en que intervinieron sucesivamente la Comisión Ortúzar, el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno. En la labor de la Comisión destaca el estudio cuidadoso de las distintas materias que contendría la Carta Fundamental y la forma en que la Comisión se asesoraba, bien invitando a sus sesiones a aquellas personas que por su preparación o por el cargo que desempeñaban podían efectuar un aporte valioso, o bien solicitando un informe a un grupo de expertos. Esto último es lo que se hizo en materia de derecho de propiedad, en que una subcomisión, presidida por José María Eyzaguirre, e integrada -entre otros- por ex ministros de Justicia como Pedro Jesús Rodríguez (que lo fuera de Eduardo Frei Montalva) y Julio Philippi (de Jorge Alessandri), elaboraró un documento notable por su análisis y propuestas.

Las diversas reformas que ha sufrido el texto original de la Constitución, que han permitido su legitimidad de ejercicio, son objeto de un capítulo especial, en el cual, como es natural, la atención se pone en las dos reformas más importantes que ha tenido: la de 1989, producto del acuerdo a que se llegó entre la Junta de Gobierno (bajo el liderazgo de Carlos F. Cáceres C.) y las fuerzas políticas que apoyaron el “No” en octubre de 1988 (encabezadas por el ex Presidente Aylwin), ratificada luego en un plebiscito por más del 80% de los ciudadanos y que facilitó la transición pacífica a la democracia.

La otra gran reforma fue la de 2005 durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, estudiada detenidamente en la Comisión de Constitución del Senado y que, aprobada por una gran mayoría de los parlamentarios en una y en otra cámara, fue considerada como el instrumento que, al perfeccionar la Constitución, regularía por largos años la vida política chilena. “Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional”, declararía el ex Presidente Lagos al promulgarla.

Sistema presidencial, pero no personalista

Las bases de la institucionalidad son objeto, asimismo, de un análisis que ocupa varios capítulos en los que se pone de manifiesto la importancia de los principios y valores del capítulo I de la Constitución. Así ocurre en “Persona, familia y grupos intermedios” y en “El carácter servicial del Estado”. Examina igualmente las bases de la institucionalidad relativas a la organización del Estado, tales como su carácter unitario aunque abierto a una descentralización administrativa, y la opción por un régimen político republicano y democrático dentro de un Estado de Derecho que la Constitución se esforzó por perfeccionar.

La discusión sobre las diversas formas de gobierno ha cobrado en Chile actualidad y no es extraño, entonces, que “En defensa de la Constitución” les dedique varios capítulos. “Parlamentarismo, no gracias” es uno de ellos, en que el autor, que reconoce el éxito del mismo en países como Gran Bretaña y Alemania Federal, lo rechaza para Chile por la ausencia de las condiciones políticas mínimas que lo hacen factible, cuales son un sistema de partidos estables, moderados y disciplinados, tan contrario al multipartidismo indisciplinado y fuertemente ideologizado que prevalece en el Chile actual y que el sistema electoral proporcional sin correcciones favorece. No hace falta ahondar sobre este certero diagnóstico que hace el autor. Los chilenos hemos sido testigos, en los últimos meses, sobre cómo los partidos políticos han sido más bien parte de los problemas políticos que afectan país que de su solución.

Mayor sorpresa puede generar el rechazo tajante del sistema semipresidencial que algunos pregonan. “Semipresidencialismo, menos todavía” se titula el capítulo en que el autor lo descarta. Y la razón es que, por su propia índole, el sistema semipresidencial de gobierno permite que el conflicto político se instale dentro del Poder Ejecutivo, entre un Presidente de la República elegido por la ciudadanía, y un Jefe de Gobierno de confianza de una de las cámaras, que en Chile debiera serlo la Cámara de Diputados. La práctica reciente del Congreso en diversas materias, a través del ejercicio abusivo y obstruccionista de sus atribuciones, desaconsejan un cambio del sistema presidencial.

La defensa, a su vez, del sistema presidencial no va para el presidencialismo personalista que ha cobrado fuerza en Chile, sino –aunque parezca paradójico- para uno institucional, en que junto al Presidente de la República-Jefe de Estado, al que corresponde adoptar las grandes decisiones políticas en que consiste el gobernar, existe un Jefe de Gobierno o de Gabinete, si se prefiere el término, que lleve a la práctica y coordine la acción del Ejecutivo. Fue lo que existió en Chile en los primeros decenios de la Constitución de 1833, en que junto al Presidente José Joaquín Prieto existió un verdadero Jefe de Gobierno, Diego Portales, o bajo Manuel Montt su gran y estrecho colaborador Antonio Varas. Y esta figura novedosa la permite, aunque no se haya utilizado, la Constitución actual en su artículo 33 al facultar al Presidente de la República para que nombre un ministro coordinador de la actividad de los diversos ministerios y de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso Nacional.

Aspectos controvertidos

Siguen tres capítulos en que el autor defiende la existencia de tres figuras constitucionales que han recibido críticas con cierta frecuencia: las leyes orgánicas constitucionales, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público.

Las primeras, de inspiración francesa, son leyes complementarias de la Constitución en materias de especial trascendencia, razón por la cual exigen un quórum especial de aprobación que asegura un consenso más amplio y una mayor estabilidad.

El Tribunal Constitucional no es creación de la Constitución de 1980, pues fue creado a fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva con el propósito de resolver los conflictos jurídicos -frecuentes en los años 60 del siglo pasado- surgidos entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional en la tramitación de las leyes. Vuelve a aparecer en el texto original de la Constitución, siendo reformado en 2005 en su composición y atribuciones, año en que se le encomendó el conocimiento de los recursos de inaplicabilidad conocidos hasta ese momento por la Corte Suprema, y que en ella no habían tenido una gran desarrollo como ahora lo ha sido por el Tribunal Constitucional.

El Ministerio Público, por su parte, es el órgano constitucional más importante creado en una reforma a la Constitución de 1980. Su introducción es pieza clave de la nueva justicia penal que, progresivamente, ha sustituido al antiguo sistema procesal penal que era una rémora que no se ajustaba a las exigencias mínimas de un Estado de Derecho.

En materia de derechos humanos, la Constitución contempla el reconocimiento más completo que los mismos han tenido en el constitucionalismo chileno. Ello se aprecia en el perfeccionamiento de derechos que aparecían en textos anteriores, en la aparición de otros nuevos, y especialmente, en la creación de una acción de tutela judicial antes inexistente: el recurso de protección.

El perfeccionamiento en el texto constitucional de derechos que aparecían ya en la Constitución de 1925 es notable. Se aprecia, entre otros, en la garantía de igualdad ante la ley, que ahora se especifica que prohíbe las diferencias arbitrarias; en la libertad personal e indemnización por el error judicial en materia penal; en el derecho de asociación y el derecho de reunión, y especialmente en el reforzamiento del derecho de propiedad, tan debilitado antes de 1973, y en la regulación más completa de los derechos sociales, para cuya satisfacción la Constitución contempla la participación de instituciones públicas y privadas.

Entre los derechos de nueva aparición dos reciben una atención especial en la Constitución. Uno es el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica lícita, y el otro, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de protección. La libertad económica asegura la iniciativa privada para emprender o participar en cualquier ámbito de la economía, sujeta naturalmente a la regulación legal que se establezca, y si bien prohíbe la existencia de monopolios estatales, salvo el caso de los hidrocarburos, permite la realización de actividades empresariales del Estado siempre que una ley de quórum calificado la autorice. En materia de medio ambiente, primero el Acta Constitucional Nº 3, de 1976, y luego la Constitución de 1980, contemplaron disposiciones que han hecho que Chile esté entre los primeros países en incluir en su Constitución el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a cuyo efecto desde 1980 los particulares pueden utilizar el recurso de protección. Asimismo, la Constitución contempla deberes específicos del Estado en materia ambiental y sienta las bases que han permitido progresivamente la configuración de la institucionalidad ambiental.

En uno de los capítulos finales de “En defensa de la Constitución”, el autor examina de modo detenido la protección judicial de los derechos humanos, caracterizada en la actualidad por una doble protección, una que tiene fundamento constitucional y que es la configurada por el recurso de inaplicabilidad de preceptos legales, hoy conocido por el Tribunal Constitucional, y los recursos de protección y amparo, de conocimiento de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Y la otra, de creación legal, en la que aparecen nuevos tribunales, como los tribunales ambientales y los tribunales tributarios y aduaneros, junto a tribunales ya existentes a los que se han dado atribuciones para proteger derechos específicos, como la tutela laboral.

Raya para la suma

Concluye la obra con dos capítulos, a modo de síntesis, en que se formula una apreciación global sobre el resultado que ha tenido la aplicación de la Constitución.

El primero de estos capítulos, que lleva por título “Un buen instrumento de gobierno”, hace un repaso somero de los principales elementos del régimen político -estado unitario, descentralización administrativa, sistema presidencial de gobierno, ampliación de la democracia representativa- y concluye que el marco constitucional ha facilitado la labor de sucesivos gobiernos de distinta orientación política, con alternancia en el poder y, en años pasados, resultados económicos exitosos. A su juicio, no es la Constitución la responsable de deficiencias tales como la falta de una efectiva y más profunda descentralización administrativa, que es resultado de una legislación insuficiente, ni tampoco del defectuoso funcionamiento del régimen político en los últimos meses, del que es muestra elocuente el uso abusivo de las acusaciones constitucionales.

El último de esos capítulos conclusivos y con el que se cierra el libro, es el que califica a la Constitución como “Un medio eficaz para la defensa de los derechos humanos”. A juicio del autor, distintos factores han contribuido a ese resultado. Tales son la concepción universalista de los derechos, su consideración como derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, la fuerza normativa de la Constitución, el desarrollo legislativo de las disposiciones constitucionales sobre derechos, y especialmente la existencia de controles de constitucionalidad eficaces, sean los controles preventivos y reparatorios de constitucionalidad de las leyes que corresponden al Tribunal Constitucional, y las acciones de tutela judicial de los derechos humanos, que se han ampliado en los últimos años por vía legislativa, y que permiten a las personas la reparación oportuna de los agravios que sufren en el ejercicio de sus derechos.

En suma, En defensa de la Constitución se erige como un texto de consulta obligatoria para quienes se interesen en el debate constitucional que se avecina y, en especial, para quienes tengan motivaciones para presentarse como candidatos a constituyentes para defender los valores, principios y normas de la actual Constitución. No se trata de un libro sobre un legado constitucional cualquiera. Sin pretender serlo, se transforma en un texto que recoge todas las reflexiones, reseñas y memorias de un jurista que, desde una posición de partícipe privilegiado de la historia, academia y práctica constitucional, comparte toda su sabiduría y experiencia para uso y aprendizaje de todos los chilenos. En defensa de la Constitución es un legado, pero un legado con recorrido.

También te puede interesar:

Cerrar mensaje

¿Debiese llegar a más gente El Líbero?

Si tu respuesta es afirmativa, haz como cientos de personas como tú se han unido a nuestra comunidad suscribiéndose a la Red Líbero (0.5 o 1 UF mensual). Accederás a eventos e información exclusiva, y lo más importante: permitirás que El Líbero llegue a más gente y cubra más contenido.

Suscríbete