Cuando ya nos empezábamos a acostumbrar al populismo legislativo (a través de iniciativas nefastas para el futuro del país, como los retiros de las AFP o la ley de indulto) y tenemos en las narices la amenaza del populismo gubernamental, aparece ahora el populismo judicial.

Lo curioso es que este tipo de populismo no ha aparecido —en los últimos tiempos— de la mano de la judicialización de derechos, fenómeno que explotó hace ya varios años, sino a través de propuestas irrisorias y aciagas que, como comedia del absurdo, han ido agarrando vuelo en la Convención Constitucional. Se trata de ideas que, de aprobarse, podrían dar lugar a una justicia sesgada, arbitraria y, hay que decirlo con todas sus letras, manifiestamente corrupta. Veamos.

La primera y principal iniciativa que ha sonado por los pasillos de la Convención, y liderada ni más ni menos que por el comunista Hugo Gutiérrez, es la idea de que los jueces duren un tiempo limitado en su cargo. Algunos hablan de 8 o 10 años. Los más generosos, de 15. Como si el trabajo de un juez fuese homologable a alguna autoridad política, en cuyo caso —por cierto— el período limitado no sólo es deseable, sino intrínsecamente necesario.

No es difícil advertir que, para el ciudadano de a pie, una idea como esa puede sonar atractiva. ¿Qué es eso de asegurarles pega hasta los 75 años? Que salgan a buscar trabajo como todo el resto de los mortales. Luego, una propuesta así no es otra cosa que el peor de los populismos judiciales… una galletita para la masa, que no logrará advertir las catastróficas consecuencias que podría tener para la judicatura.

La razón por la que hay un escalafón de jueces, y el hecho de que los magistrados de los tribunales más importantes sigan en carrera hasta los 75 años, es de una sencillez casi jovial: si los jueces supieran que les queda poco tiempo en su cargo, y que tendrán que salir al sector privado prontamente, es indubitable que fallarán de acuerdo a la conveniencia. La necesidad tiene cara de hereje, reza un conocido cliché, y si no aseguramos total y completa autonomía al Poder Judicial, lo que tendremos es una caja pagadora de favores, conflictos de interés y la temida “puerta giratoria”. Así de simple.

Pero los intrépidos convencionales que han propuesto esta genial idea no se han quedado ahí. En conjunto con ella, continúan con una segunda propuesta: una comisión, dominada por el Presidente de turno, que pueda remover a los jueces que no estén haciendo bien su trabajo, de acuerdo a criterios tan subjetivos como “compromiso en la promoción y defensa en los derechos humanos”, entre otros factores que rayan en lo político más que en lo técnico. ¿Cómo cree usted que habrían fallado los jueces de la Corte de Apelaciones de Valdivia en el reciente caso del Carabinero que se defendió legítimamente del agitador en Panguipulli, si después tuvieran que ser evaluados por su compromiso con los Derechos Humanos?

Esta idea, con todo, no es nueva, sino que proviene ni más ni menos que de la Constitución de Chávez en Venezuela. Tal como lo explicó en un tuit el convencional Ruggero Cozzi, este proceso de evaluación ha terminado por generar una clase judicial completamente servil a los intereses de la dictadura venezolana. La independencia de los jueces se fue al carajo.

Hay todavía una tercera posibilidad de populismo judicial; esta ha sido propuesta en foros y redes sociales. No estoy seguro si ya traspasó los aforos de la Convención, y reconozco que escribo estas líneas con cierto temor de darles otra pésima idea a los convencionales más desfachatados: se trata de elegir a los jueces por elección popular, tal como elegimos a las autoridades políticas.

Si bien hay países que cuentan con este sistema (Estados Unidos es uno de ellos, para jueces de menor calibre), son muchas las críticas que pueden decirse. Por un lado, se corre el riesgo de la politización de los jueces —las elecciones son esencialmente un asunto político, y es natural que los candidatos se abandericen por la izquierda o la derecha— y por otro, es previsible que los jueces comiencen a actuar pensando en su electorado (si una causa es muy mediática, el juez no va a fallar contra la opinión pública, incluso aunque tenga una duda razonable). Populismo judicial nivel Dios.

Por suerte, en esto aún no se ha dicho la última palabra; aunque ésta es una luz amarilla, casi naranja. Confío en que propuestas tan calamitosas como éstas no conseguirán la venia de dos tercios de los convencionales. Pero el mero hecho de que se estén discutiendo ya nos da una mala espina. Ante esto, sólo nos queda movilizar el sentido común. Y generar masa crítica que permita demostrar que no estamos a la merced de cualquier locura que se le ocurra a unos pocos iluminados.

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