Hemos conocido a través de la prensa los malos resultados del plan piloto «gas a precio justo» anunciado por el Gobierno hace un año en la cuenta pública. A grandes rasgos el plan consistía en que la ENAP no sólo produjera o importara gas licuado de petróleo (GLP) (como actualmente lo hace) sino que comenzara a participar tanto en los mercados de distribución mayorista como minorista de GLP con el objetivo de llegar a los consumidores finales a menores precios que los actuales. Esto último, como es sabido, no resultó. 

Las críticas al fallido plan se han centrado en el gasto irresponsable de los recursos, pero existen otras igualmente relevantes que no han sido ni siquiera mencionadas. La primera es que el Gobierno ha preferido la apuesta ideológica por sobre cuidar el bolsillo de los chilenos. 

El año 2021 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a través de un estudio de mercado sugirió al Ejecutivo ingresar un proyecto de ley destinado a prohibir la participación de las empresas de distribución mayorista de GLP en la distribución minorista de GLP con el objetivo de aumentar la competencia en el mercado aguas arriba y disminuir los precios aguas abajo. Sin embargo, el Gobierno no sólo decidió que la ENAP explorara temerariamente nuevos mercados por sobre mejorar la competencia y la disminución de los precios para los consumidores finales de GLP, sino que además retiró el proyecto de ley que tenía por objetivo legislar sobre la prohibición sugerida previamente por la FNE. 

La segunda crítica es que a pesar del fallido plan la ENAP ha decidido continuar y consolidar su participación en el mercado de distribución mayorista de GLP, cuestión que ha pasado inadvertida para la oposición y que constituye un avance importante para la izquierda. Nuevamente aumentarán el tamaño del Estado, lograrán disminuir la participación de la sociedad civil en este mercado y disuadirán el ingreso de nuevos competidores. Tendrán -además- desde ahora otro ejemplo de actividad estatal para replicar en otros mercados. 

Por último, el fallido plan y sus repercusiones han puesto en duda la independencia efectiva del gobierno corporativo de la ENAP vigente desde el 2017. En otras palabras, resulta incomprensible que el gerente general de la compañía envíe una carta al diario El Mercurio el fin de semana explicando los malos resultados de una política pública.

En teoría las políticas públicas y sus resultados deben ser explicados por sus respectivos gobiernos y no por los gerentes de las compañías estatales. En efecto, ¿fue realmente independiente y profesional la ENAP (como lo exige su ley de gobierno corporativo) al apoyar este fallido plan piloto? 

Sin duda es tremendamente importante cuidar el erario fiscal que tanto esfuerzo y trabajo nos cuesta a todos los chilenos, sin embargo, debemos recordar que no siempre las derrotas públicas son derrotas políticas en la práctica y en esto, la izquierda da clases. La verdad es que a pesar del reproche público sufrido por el Gobierno la última semana es indudable que la izquierda nuevamente ha avanzado en su plan ideológico a costa del bienestar de los chilenos. Mientras tanto el GLP continúa vendiéndose más o menos a los mismos precios.