Las encuestas sugieren, es toda una novedad, que la competencia en el plebiscito de septiembre ya no sería simplemente entre el Apruebo –la “ratificación de la cuestión planteada”, en palabras de la norma legal que dio origen al proceso constitucional– y el Rechazo. Ambas han venido concitando escuálidas preferencias en los estudios de opinión pública. En cambio, las opciones que prometen reformar lo que sea que quede en pie después del acto electoral –la nueva Carta Magna propuesta por la Convención o la vigente, si aquella se rechaza– se han vuelto competitivas.

Nadie pudo prever, cuando todo esto comenzaba en julio de 2021, ni tampoco cuando ya se conocieron los contornos distintivos de la propuesta constitucional, que la promesa de continuar la discusión constitucional después del 4 de septiembre se transformaría en una condición para imponerse en el plebiscito. De pronto, caemos en la cuenta que no todo terminaría en esa fecha ni mucho menos, como se había imaginado medio Chile, sino que será necesario seguir reformando sin respiro. Es fuerza reconocerlo, ha emergido un factor nuevo e inadvertido hasta aquí: la capacidad de reformar textos constitucionales después del referéndum, cuya posibilidad habrá de sopesarse en cada caso para mejor decidir. Por cierto, en una medida no menor el denominador común de “reformar” puede entenderse desde ya como un abierto correctivo para la postura refundacional de la Convención, uno que sería más bien simbólico en caso de ganar el “apruebo para reformar”, pero que resultaría elevado a su máxima expresión –el castigo de una insospechada y lacerante derrota– en caso de triunfar el “rechazo para reformar”.

Por supuesto, reformar la constitución vigente, políticamente desahuciada en el plebiscito de entrada en octubre de 2020, sería una tarea de muy distinta índole que la de reformar una Carta Magna recién aprobada por la ciudadanía. Quizá la mayor diferencia entre ambas no consista en el desgaste de la primera y la lozanía de la segunda, sino que en la menor o mayor viabilidad de modificar algunas de sus principales disposiciones. La Constitución vigente ha sido reformada numerosas veces y podría serlo nuevamente, sobre todo si el quórum más estricto de dos tercios que exige para la reforma de su articulado se reduce a cuatro séptimos, como se ha propuesto recientemente. Por su parte, a partir de lo aprobado por la Convención Constitucional deberá admitirse que la nueva Carta Fundamental sería extremadamente difícil de reformar en sus aspectos centrales, por lo que la promesa de corregirla no se podría casi cumplir.

En consecuencia, quienes están por aprobar para luego reformar se encuentran ante un problema mayor cuando identifican importantes defectos en la propuesta constitucional que, en la práctica, no podrán ser modificados en un plazo previsible. Todavía más cuando admiten la necesidad de corregir aspectos del texto que, ni más ni menos, podrían “debilitar nuestra democracia”. A pesar de lo cual se disponen a aprobar a todo evento, incluso si las necesarias correcciones que reconocen no pudieran ser realizadas, como todo parece indicar.

Se trata de líderes políticos de centroizquierda históricamente más cercanos al reformismo, respetuoso de la tradición y continuidad constitucional, que a una refundación institucional en toda la línea como la que ofrece la Convención. ¿Cómo es que ahora dan su apoyo casi incondicional a un texto que podría transformar radicalmente el país que ellos mismos contribuyeron a construir, asumiendo riesgos de magnitud no despreciable con efectos posiblemente irreversibles?

La respuesta podría estar en el riesgo que para ellos supone “rechazar para reformar”: que éste contenga una trampa parecida, la imposibilidad de cumplir con la promesa de reformar. Esto es, que después del plebiscito todo siga igual y la constitución vigente, cuya discontinuidad fue resuelta más allá de toda duda en noviembre de 2020, siga rigiendo el devenir político del país. Incluso aunque la centroderecha haya dado recientemente señales creíbles de estar por un aggiornamiento constitucional. 

¿Cuál de los dos riesgos correr, el de una refundación prácticamente incorregible o el de un reformismo mediado por el equilibrio de las fuerzas políticas en el Parlamento? Hasta el momento las encuestas indican que a menos de once semanas del plebiscito los chilenos se están inclinando por la segunda opción, intuyendo quizá que da mayores garantías de realizar los cambios a los que aspiran sin correr los ingentes riesgos inherentes a una refundación.

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