Este lunes la Convención Constitucional despachó el proyecto de nueva Constitución ya armonizado, con el preámbulo y las disposiciones transitorias, frente al cual deberemos decidir en conciencia el próximo 4 de septiembre. En USEC, Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos, organizamos un ciclo de conversaciones para informarnos y formarnos en conciencia. El jueves recién pasado, en nuestra segunda reunión abordamos la relevancia del “mundo del trabajo en la nueva Constitución”, con los ex convencionales constituyentes Marcela Cubillos y Fuad Chahín. 

Entre los temas tratados, hay dos que me gustaría comentar y fomentar su reflexión. El primero de ellos es cuál debió ser el rol de la empresa y de los empresarios durante el proceso constituyente y el segundo, qué responsabilidades podríamos tener en su origen y que se esté presentando ahora un texto reactivo, maximalista, que abandona la subsidiaridad, impone la solidaridad y privilegia la participación del Estado.

Algo que destacaron tanto Chahín como Cubillos fue que “nuestro sector” se preocupó de estudiar y difundir sólo el impacto económico que podía producir la aplicación del texto en su propia industria, descuidando una mirada sistémica, que comprendiese la interrelación entre los poderes del estado y su necesaria independencia. Es obvio que el éxito de una industria específica pasa también por el éxito de la sociedad donde está instalada (y viceversa).

En USEC hemos promovido el rol público de la empresa privada y cómo esta contribuye al bien común, cada vez que realiza acciones de transformación social positiva, no solo con la provisión de bienes y servicios que realmente sirvan, sino también con la generación de trabajos de calidad que permitan el florecimiento de las personas que lo desarrollan y la obtención de calidad de vida a ellos y sus familias. Con la obtención y creación de riqueza, compartida de modo justo entre todos los públicos interesados y respetando siempre la “casa común”. 

Tenemos la obligación de comprender el texto completo y evaluarlo de esa forma: si bien puede que baste algún artículo para que se tome una decisión personal, el ejercicio de evaluar su conjunto nos permite apreciar la factibilidad de este rol público de la empresa.

Pero también tenemos que recoger el guante y hacernos cargo de la segunda reflexión, respecto de las responsabilidades propias, no con una mirada autoflagelante, sino más bien empática y realista, que nos permita participar activamente de los cambios necesarios que vendrán a partir del 5 de septiembre próximo. Es verdad que se han cometido malas prácticas, y en algunos casos, ilícitos, que han afectado la reputación corporativa de la actividad empresarial. Tenemos que revisar todos los procesos, incentivos, propósitos y valores, para asegurar un actuar ético, siempre centrado en la persona humana y su dignidad, desde los gobiernos corporativos y hacia toda la organización, independientemente de su tamaño y estructura.

Como ambos ex constituyentes manifestaron, el debate está lejos de terminar este 4 de septiembre. En palabras del ex Presidente Ricardo Lagos, “lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre”. Las empresas, como comunidades de personas que reúnen capital y trabajo en pos de un objetivo común, tenemos mucho que aportar de aquí al plebiscito, generando instancias de diálogo social y promoviendo que cada ejecutivo y colaborador decida en conciencia respecto de la propuesta presentada por la Convención Constitucional. Luego, el mundo empresarial, conforme a su rol social, está llamado a participar activamente y en los hechos, en la formación de un Chile más justo, próspero, solidario y humano.

*Francisco Jiménez Ureta es Presidente de USEC, Unión Social de Empresarios Cristianos.

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