La industria pesquera Camanchaca ha seguido de cerca la tramitación del proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, que pasó a Comisión Mixta en el Congreso, y que para varias empresas cambia la proporción a que tendrán derecho industriales y artesanales, lo que significa un cambio a la ley vigente desde 2013.
En entrevista con Libre Mercado, Ricardo García, gerente general de Camanchaca, advirtió que la empresa no descarta demandar al Estado si se aprueba el proyecto. A su juicio, que la compañía se defienda frente el eventual daño económico que provocaría la nueva ley de pesca, no es solo una reacción legítima, sino una responsabilidad frente a los accionistas de la compañía.
García explicó que “tenemos hoy día una ley que nos ha otorgado ciertos derechos a la pesca, legítimos, y anticipadamente el Ejecutivo ha querido interrumpir los plazos que establece legítimamente esa ley, que es el año 2032, para alterar el fraccionamiento que le corresponde al sector industrial, favoreciendo al sector semi-industrial o de grandes artesanales. Eso es contrario a la ley que está vigente desde enero del año 2013. Es una interrupción del calendario que estaba establecido y que nos daña y nos perjudica de manera muy sustancial”.
Por lo tanto, aseguró: “Cuando uno ve que el Estado hace una maniobra confiscatoria o de expoliación, que es expropiar pero sin pagar la indemnización que corresponda, uno tiene el deber de defenderse y hacer valer estos derechos”.
En esa línea el gerente de la pesquera explicó que “sentimos el deber fiduciario como sociedad anónima de defender esos derechos y por eso es que, en la medida que haya materialidad en el perjuicio o el daño patrimonial que le cause esta ley a la compañía, nosotros vamos a tener que tomar las acciones judiciales que correspondan de acuerdo con el mejor criterio y estrategia”.
“Es incorrecto referirse a la ley vigente desde el año 2013 como ilegítima”
Además, calificó de «incorrecto referirse a la ley vigente desde el año 2013 como ilegítima”. «Esta cosa de la ilegitimidad de la ley es simplemente un espectáculo, es un montaje comunicacional para darle un colorido a la discusión, pero que no tiene ningún sustento político y jurídico», agregó.
En este sentido, explicó que la ley fue fruto de un acuerdo extralegislativo entre pescadores artesanales e industriales, trabajadores del rubro y el gobierno, y que “fue aprobada por más de 100 parlamentarios, muchos de los cuales están vigentes hoy día y en funciones”. Además, recordó que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), concluyó que “esta ley era extraordinariamente buena y posiblemente una de las mejores del mundo”.
Por otra parte, García cuestionó la gestión técnica de la Subsecretaría de Pesca en este proceso. “Yo creo que hay muchos, muchos espacios de mejora técnica en la subsecretaría que han sido evidentes en este proceso legislativo”, señaló. Como ejemplo, mencionó que “hay algunas personas que han dicho que los pescadores industriales deben ir a pescar a aguas internacionales. Eso técnicamente no resiste mucho análisis”.
En cuanto a la lógica del proyecto, el gerente de Camanchaca expresó: “Yo puedo comprender que el gobierno quiera beneficiar a un grupo específico de personas. Puede que no me guste, no lo acepte, no esté de acuerdo, pero puedo comprenderlo. Pero lo que es incomprensible es que el gobierno quiera beneficiar a esa gente a costa de un grupo también limitado de otras personas”.
Finalmente, García reveló el impacto fiscal del pago de patentes: “Hace 10 años pagábamos aproximadamente mil millones de pesos al año en impuesto específico, y este año vamos a pagar cerca de 12 mil millones de pesos en impuesto específico del jurel solamente”. Añadió que el sector industrial está completamente formalizado y que “paga impuesto a la renta” y “genera más valor y exporta más”, por lo tanto, “también hay un efecto en el impuesto a la renta que es favorable para el fisco”.