El mercado de capitales chileno suma años con cifras preocupantes. Desde 2019 que no se realiza ninguna apertura a bolsa, las operaciones de finanzas corporativas están con respirador artificial y, a nivel de números, los montos transados distan mucho de lo que eran a mediados de 2000.
“Hay una sequía, efectivamente. Si uno mira los volúmenes transados, han disminuido enormemente. Si uno mira el número de corredoras de bolsa que existe hoy día, es mucho menor al que teníamos hace 10 años. Lo mismo en las AGF (Administradoras Generales de Fondos). A eso le sumamos un marco regulatorio que cada día está condicionando mucho más las operaciones que se hacen en el mercado”, asegura Silvia Fernández, country manager de BlackRock Chile, en Libre Mercado.
Su visión no es la de cualquiera: la multinacional que dirige en el país es la mayor gestora de activos del mundo, con una cartera de más de US$ 12,5 billions (millones de millones) administrados.
“Lo que tenemos que buscar es alivianar muchas de las normativas que hoy rigen el mercado y que lo han ido dañando. O sea, la imposición de impuestos a las ganancias de capital dañó profundamente al mercado”, plantea la ejecutiva, ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica , con pasos previos por Pioneer Investments y Vision Advisors.
Fernández lo grafica en un caso: cuando un inversionista, incluso una persona natural, compra una acción con alta capitalización bursátil (alta presencia), tiene un tratamiento impositivo más beneficioso que si transa una compañía de baja capitalización bursátil (baja presencia). “Eso significa que esa compañía de baja presencia bursátil tiene más dificultades hoy para financiarse”, comenta en El Líbero.
Y agrega: “Hace unos años también hubo una normativa que impidió que los fondos de pensiones invirtieran en fondos locales de acciones small caps, lo que también dañó a esas compañías porque las dejaste fuera del espectro de los fondos de pensiones. Entonces, hay muchas cosas que se han hecho los últimos años y que definitivamente dañaron el mercado”.
A juicio de la ejecutiva, es fundamental generar ajustes para entregarle mayores niveles de profundidad al mercado de capitales chileno, ya que con la reforma previsional aprobada a inicios de este año irán llegando nuevos flujos permanentes durante las próximas décadas. “El porcentaje que tienen invertido hoy los fondos de pensiones en el mercado de capitales local, en acciones locales, es bajo, de 7%. Y no hay tanta liquidez. O sea, hoy día para un fondo de pensiones moverse dentro del mercado chileno no es fácil. Si a eso le sumamos que va a llegar más flujo al sistema, hay un gran desafío”.
Fondos generacionales
En este contexto, la implementación de los fondos generacionales, a partir de abril de 2027, en reemplazo del actual modelo de multifondos (que data de septiembre de 2002) es probablemente el mayor reto para el mercado de capitales chileno en la presente década.
Los fondos generacionales son un sistema que tendrá entre 10 y 12 fondos, que serán asignados automáticamente a los afiliados según la edad de los trabajadores, y que operan construyendo una trayectoria de gestión de inversiones que ajusta automática y paulatinamente la exposición al riesgo según la cercanía a la edad de jubilación.
El cambio fue validado por muchos expertos, y es un sistema que ya opera en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, México y Costa Rica. Pero el problema está en los detalles. Es decir, el cómo importa tanto o más que el qué.
La country manager de BlackRock advierte al menos dos desafíos mayores. El primero es que en Chile, a diferencia de otras partes del mundo, el índice de referencia y guías de inversión para la construcción de estas trayectorias de inversión la hará el regulador de pensiones, en vez de cada administradora.
“Eso quiere decir que tú vas a agrupar a toda la población trabajadora de Chile en un solo grupo. Esto no es así en otros países. En la mayoría de los países son los propios administradores los que diseñan su índice de referencia y sus líneas de inversión”, sostiene Fernández, quien precisa que son precisamente las AFP las que mejor conocen a sus afiliados, en términos de ingresos, lagunas, demografía, monto ahorrado o capacidad de ahorro voluntario, entre otros factores.
Para mayor complejidad, cada dos años se licitará el 10% de la cartera de afiliados del país, lo que mezclará a los antiguos cotizantes de la AFP A con los de su nueva AFP B, haciendo más crítica una definición única por parte del regulador.
Un segundo desafío apunta a cómo enfocarse en rentabilidades atractivas de largo plazo cuando se evaluará el desempeño de las administradoras contra índices de referencia que eventualmente capturasen períodos más cortos.
Un ejemplo concreto para explicar este tema es el de los activos alternativos, que son aquellas categorías de inversión distintas a las tradicionales, como las acciones o los bonos. En ella se incluyen, por ejemplo, proyectos inmobiliarios, de infraestructura o de energía. “El beneficio de incluir activos alternativos tú lo ves a largo plazo, no lo vas a medir a tres años”, señala Fernández. “Si tú eso lo conjugas con que vas a tener una licitación, en la que eventualmente tienes que traspasar parte de esos activos, y que también a las administradoras se les va a medir su desempeño contra este índice de referencia en tres años, es contraintuitivo contra lo que realmente significan los beneficios de incluir activos alternativos”.
Para evitar el cortoplacismo de la medición de rentabilidades, Fernández pone el caso mexicano, donde el desempeño de los fondos generacionales tiene métricas de más largo plazo. “El regulador calcula un índice ponderado de rentabilidad en México: 50% la rentabilidad de 10 años, 30% la de 5 años y 20% la de 3 años. O sea, tiene una mirada a largo plazo”, argumenta.