Un mes después de su publicación finalmente se sabe con certeza de dónde salieron los fondos con los que se pagó el inserto de la Convención que fue publicado en la página 27 de la edición del 11 de abril del diario Las Últimas Noticias y que generó polémica, debido a que podía interpretarse como propaganda a favor del Apruebo.
El dinero provino de los 974 millones de pesos que eran originalmente para pagos de asignaciones de los convencionales. Fondos que supuestamente se habían ahorrado, y que el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech) recibió desde hace cuatro meses del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a petición de la entonces presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncón. En su momento se dijo que estos recursos se emplearían para actividades de participación ciudadana.
«Hay que entender que el origen de esto tiene un diseño claro. Estos recursos no se utilizaron para participación ciudadana, como en teoría iba a ser, y los están usando hoy día para hacer propaganda», señala el convencional Martín Arrau al ser consultado al respecto, precisamente porque han sido múltiples las solicitudes de información que el constituyente ha introducido sobre esos recursos.
«En cuanto a las facturas emitidas por medios de comunicación por concepto de difusión del avance del proceso constitucional, en Las Últimas Noticias, El Mostrador y Radio Biobío (…) se hace presente de que se trata de documentos tributarios cuyo pago aún no ha sido autorizado, por cuanto se encuentran pendientes de revisión, y que en todo caso, el gasto por dicho concepto estará incluido en el próximo informe de rendición de gastos ejecutados por el CUECH con cargo a los recursos transferidos por parte de MINSEGPRES».
Lo anterior está contenido en la página 7 del oficio N° 763, fechado este miércoles 11 de mayo, con el que la Convención respondió las múltiples solicitudes de información que habían presentado varios constituyentes de derecha en cuanto a los casi 1.000 millones de pesos que el Consorcio había recibido desde finales de diciembre
«Esto viene a confirmar lo que estábamos denunciando, que en vez de utilizar esos recursos en participación ciudadana, la Convención los derivó para propaganda política. Eso es muy grave porque estaría contraviniendo las normas que la misma Contraloría General de la República ha dicho», advierte Arrau sobre el oficio, en el que figura entre los destinatarios. Señala, además, que estos dineros se seguirán ejecutando a pesar de que este sábado termina la redacción del borrador de Constitución.
Para el constituyente, las intenciones de la Convención en el uso de estos dineros fueron claras desde el principio: «Lo que pasó acá es que el discurso político de la Mesa Directiva anterior fue que la Convención no tenía financiamiento, que el Gobierno anterior había dejado esto sin los recursos suficientes. Cuando llega fin de año y hay excedente presupuestario, lo que hace la Mesa es transferir cerca de 1.000 millones a este consorcio de universidades, sin ningún destino muy claro, porque es muy vago el convenio que se firma».
Y que hasta antes de esta semana nada se sabía sobre el uso de esos fondos: si habían sido ejecutados, en todo o en parte, y de haber sido usados, en qué actividades y por el orden de cuáles montos.
En el oficio se detalla cuál ha sido el uso del 28% de esos recursos. Además de los $50.447.096 usados para el pago de «adquisición de productos en medios de difusión masiva«, en el documento se indica que $142.800.000 fue el monto por el cual el Cuech contrató el 1 de abril a la agencia de diseño Bercz Studio «para la prestación de servicios especializados de difusión de la información emanada de la Convención». Otros $78.953.700 corresponden al contrato celebrado por el consorcio el 4 de ese mismo mes con Warketing Agencia Digital.
Los montos incluidos en el oficio suman un total de 272.200.796 pesos en contratación de agencias de publicidad y avisos. Sobre los 701.799.204 pesos restantes, no hay detalle hasta ahora. Tampoco está claro si es que no han sido usados. En este sentido el convencional indicó que introducirá un nuevo oficio solicitando información sobre los destinos de ese dinero.
«Si uno viera que lo que se publican son artículos de la Convención sin ningún juicio de valor, simplemente información neutra, uno lo podría entender, pero lo que se ve contiene juicios de valor, emociones, es propaganda a favor de esta propuesta constitucional, lo que no corresponde que se haga con fondos públicos», advierte Arrau con respecto al destino que se le está dando a los recursos.
La referencia a estos contratos -dando nombres de empresas, fechas y montos- son los únicos que figuran en las nueve páginas que tiene el oficio en cuestión, firmado por la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros y por el secretario general de esa misma instancia, John Smok Kazazian. En el documento se indica que estarán contenidos «en el próximo informe de la Secretaría Administrativa de la Convención», así como el reflejo de las facturas correspondientes.
«En relación a la solicitud (…) respecto a que se puedan publicar, de manera íntegra, con
respaldos, los informes mensuales de ejecución de rendición de gastos que deben ser
remitidos por el CUECH a la Secretaría General de la Presidencia, hacemos presente
que los mismos se encuentran disponibles en los referidos informes publicados por la
Secretaría Administrativa y seguirán siendo informados por la misma vía en la medida
que la información vaya actualizándose», responde la Convención en ese mismo oficio.
«Pendientes de revisión». En esos términos aparecen en el último informe de la Secretaría Administrativa de la Convención al que se refiere Quinteros los 974 millones de pesos que recibió el Cuech.
«Es del caso informar que, a la fecha, el Cuech en la tercera rendición que ha presentado a la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional no ha informado de la ejecución de los recursos transferidos, por lo que no consta el desglose de los gastos realizados, imputables al presente convenio de transferencia de recursos».
Esto es lo que dice en la página 12 del más reciente informe, el número 9, al que remiten las autoridades de la Convención a quien desee informarse sobre cómo se han usado los recursos. Lo mismo se indica en los últimos tres informes de ejecución que ha emitido la Secretaría Administrativa de la Convención.
Cuando se firmaron los convenios que permitieron el traspaso de estos dineros, tanto entre el Consorcio y la Convención (en octubre), como entre el Consorcio y la Segpres (en diciembre), se estableció que los mismos estarían destinados para «Participación Ciudadana y Difusión».
Los destinos del dinero fueron redirigidos y a principios de marzo se ampliaron las materias en las que podían ejecutarse estos recursos públicos. Fue en ese momento cuando se incluyó la posibilidad de gastar esos fondos en «contratos con agencias de publicidad». Pero no fue sino hasta este jueves cuando se supo al menos sobre cómo se ha usado el 28% de los mismos.
Cuech, obligado a rendir cuentas los primeros 15 días de cada mes
«Sí, el Cuech ha cumplido fielmente su obligación». Eso respondió la Segpres cuando desde este medio se le consultó si el consorcio estaba rindiendo cuentas del dinero transferido.
Y es que dicha obligación figura en la página 4 del Decreto Exento N° 122 del 29 de diciembre, mediante el cual se aprobó el Convenio de transferencia de recursos públicos entre el Ministerio Segpres y el Cuech. Conforme a este documento, «dentro de los primeros 15 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del convenio, y posteriormente por cada mes de vigencia» el consorcio debe rendir cuentas.
¿Según esa rendición, cuánto dinero han ejecutado y en qué? Esa fue la pregunta que El Líbero le formuló a la Segpres por escrito. «A marzo del presente año, el Cuech en sus rendiciones no ha informado gastos. Lo anterior, propablemente es porque los gastos se rinden una vez que se realizan los pagos que no siempre coincide con la ejecución de los servicios», fue parte de la respuesta emitida por esa misma vía el miércoles 11 de mayo, misma fecha en la que la Convención emitió el oficio ya mencionado.
«Por tanto, una vez realizados los pagos, entendemos el Cuech rendirá del uso de los recursos, que serán revisados, en una primera instancia, por la Secretaría Administrativa de la Convención y posteriormente por Segpres», agregaron desde esa cartera.
El Líbero también consultó directamente al Cuech sobre el detalle de la ejecución de los recursos, desde donde indicaron que no era posible dar respuesta en este momento.
Este medio hizo adicionalmente una solicitud de información a través del Portal de Transparencia. La respuesta no hizo más que remitir al ya referido Informe N° 9 de la Secretaría Administrativa de la Convención.
Los convencionales estaban esperando respuesta desde febrero
El oficio que el órgano constituyente emitió esta semana referido al dinero público en cuestión estaba dirigido a 21 convencionales. De hecho en el mismo documento se explica que el objetivo es responder varias peticiones. Muchas de estas solicitudes habían sido introducidas desde febrero. «Con la finalidad de facilitar su comprensión y resolución, se ha decidido acumular las citadas presentaciones», se señala en el texto.
«Son dos cosas: o es ineptitud, simplemente que son inoperantes y las matemáticas no son su fuerte, o hay un afán por no mostrar la verdad tal como es», señala Arrau al ser consultado sobre la demora del órgano constituyente en responder.
Además de él, Ruth Hurtado, Marcela Cubillos, Rodrigo Álvarez, Felipe Mena, Eduardo Cretton, Rocío Cantuarias, Carol Bown, Constaza Hube, Katerine Monteleagre y Teresa Marinovic están entre los destinatarios del oficio, así como Claudia Castro, Ricardo Neumann, Cecilia Ubilla, Harry Jürgensen, Alfredo Moreno, Pablo Toloza y Margarita Letelier. También están en la lista Jorge Arancibia, Arturo Zúñiga y Pollyana Rivera.
Precisamente estos convencionales, menos los últimos tres mencionados, habían suscrito el pasado 4 de febrero una solicitud al órgano constituyente, en la que pedían «el detalle de distribución de gastos de aquellos montos que fueron redestinados y transferidos al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (…) No encontrándose la información que solicitamos en la página web oficial de la Convención».
La Convención fue expedita y cinco días después, el 9 de febrero, emitió oficio en respuesta, pero en el mismo no dio «el detalle de la distribución de los gastos» ni tampoco indicó, al menos de forma general, en qué se había ejecutado el dinero a la fecha, si es que eso ya había ocurrido en todo o en parte, sino que señaló las materias en las que «deberá» usarse la plata en cuestión.
En el referido documento la Mesa Directiva indicó que «consultado al respecto el Director de la Unidad de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención (…) este señala que» el monto de 974 millones de pesos «deberá subvencionar los mecanismos y metodologías participación ciudadana en materia de: 1. Secretaría de Consulta Indígena, 2. Secretaría de Participación Popular, 3. Salida regional de la Convención Constitucional, 4. Otras materias propias de la Participación Ciudadana”.
Luego de esto fueron cinco las comunicaciones que el convencional Arrau, algunas veces por cuenta propia y otras con diferentes convencionales, presentó ante la Convención, relacionadas con los recursos que habían sido transferidos al Cuech.
«De su respuesta (…) nada se señala en relación a la transferencia, imputación y gasto de los mismos de los $974.000.000. No se acompaña detalle alguno de dichos montos, ni el detalle de los mismos. Por lo anterior, y con el solo afán de que en esta Convención no
existan gastos de dineros públicos sin respaldo, solicitamos el detalle de gastos a fin
de cumplir con los principios de probidad y transparencia que nos rigen».
En esos términos quedó redactado el oficio que 14 convencionales introdujeron ante la Mesa Directiva el 28 de febrero.
«Es necesario descartar que parte de los fondos se estén utilizando para campañas comunicacionales»
«Ya se ha solicitado en tres oportunidades el detalle del uso de los fondos públicos que fueron transferidos por adelantado -el 31 de diciembre del año pasado- al Cuech por $974.000.000, y al día de hoy no se ha entregado detalle alguno del uso, fechas, montos o
detalles, y por información informal que circula es necesario confirmar o descartar que parte de estos fondos se estén utilizando para campañas comunicacionales o de propaganda, o para el pago de agencias, periodistas o medios de comunicación».
Lo anterior es parte del contenido del oficio que el 4 de abril introdujeron los convencionales Arrau, Hube, Hurtado, Cretton, Cubillos, Catuarias, Bown, Jürgensen, Letelier, Marinovic, Castro, Montealegre, Álvarez, Ubilla y Toloza. En esta ocasión se les sumó también Arturo Zúñiga.
Ya en ese momento había empezado a difundirse extraoficialmente información según la cual parte de los dineros estaban siendo empleados para hacer propaganda a favor de la labor llevada a cabo por la Convención, lo que, en cierta forma, podía ser entendido como propaganda a favor del Apruebo.
«Circula cierta información informal sobre una supuesta solicitud por parte de ‘la
Convención’ para el uso de aproximadamente $400.000.000 para labores comunicacionales o propaganda, por medio de la contratación de agencias, periodistas o medios de comunicación, los que es necesario corroborar o desmentir», indican los constituyentes en ese mismo oficio.
En el documento los convencionales denunciaron que, de ser ciertas las informaciones de pasillo, se estarían usando dineros del Estado para actividades distintas a la redacción del borrador de Constitución: «La labor encomendada a esta Convención es redactar un borrador de texto constitucional, por lo que utilizar recursos públicos en otros fines podría considerarse mal uso de dineros públicos».
«Es la ciudadanía la que ejercerá libremente su soberanía en el plebiscito de salida, por lo
que cualquier mecanismo de influencia ya sea a favor o en contra de una u otra alternativa presente en el plebiscito utilizando fondos públicos, sería un acto de interferencia antidemocrático condenable», agregaron.
Siete días después el constituyente Arrau introdujo un nuevo oficio, motivado por la ya referida publicación del inserto en LUN.
«Por medio de la presente, y en la línea de oficios precedentes, solicito información relacionada con el gastos o solicitudes de gasto por parte de esta Convención en comunicación o propaganda, como por ejemplo la aparecida el día de hoy en un inserto
publicitario relativo a la promoción de la labor de la Convención Constitucional en un periódico de circulación nacional», se señala en el documento.
«Solicitamos el detalle del ítem presupuestario en el cual pretende imputar este gasto; además de la solicitud emanada de la Presidencia o Mesa Directiva a la Secretaría General de la Presidencia por la cual se solicita la ejecución de este gasto», se agrega en ese mismo oficio, que no tuvo respuesta sino hasta esta semana.
Modificaron el convenio para poder contratar publicidad
En efecto, el 3 de febrero se habían ampliado los destinos que el consorcio puede darle a los casi $1.000 millones. En ese momento el objetivo de la transferencia del dinero pasó de que se empleara para la colaboración en la «elaboración y la redacción» del borrador de Constitución y para la ejecución de programas de «participación ciudadana», a estar destinado al pago de «publicidad».
El ya mencionado Decreto Exento 122 firmado entre la Segpres y el Cuech era claro en cuanto a sus objetivos: «El presente convenio tiene por objeto transferir los recursos necesarios para que el Consorcio ejecute los programas generales de Participación Ciudadana de la Convención Constitucional dispuestos en su reglamento, de acuerdo con las actividades indicadas en el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones».
¿Y cuáles son las actividades que se señalan en el convenio de colaboración firmado entre la Convención y el Cuech sobre los objetivos del mismo?
«El objetivo del presente Convenio es permitir que la Convención y las universidades estatales, agrupadas en el Cuech, asuman el compromiso de prestarse la más amplia colaboración y asistencia para el adecuado desarrollo del proceso de elaboración y redacción de la nueva Constitución para el país». Eso es lo que señala el mencionado documento (ver página 2), fechado el 6 de octubre del año pasado.
Dos meses después de que el dinero estuviera a disposición del Cuech y sin tener detalles sobre su ejecución, el ya referido 3 de marzo se firmó la Resolución Exenta 048 del Segpres mediante la cual se aprobó la modificación del convenio que había firmado con el Cuech.
La modificación fue específicamente en la cláusula titulada «Destino de los recursos transferidos». Fue con este cambio que el consorcio empezó a tener la posibilidad de usar el dinero para hacer publicidad, incluidos contratos con agencias.
«Contratar servicios destinados a gastos de publicidad y a la realización de acciones de difusión e información respecto de la participación ciudadana, tales como: avisos, folletería, promoción en periódicos, radios y televisión, contratos con agencias de publicidad, creación y difusión de contenido a través de medios digitales como sitios web, redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones móviles, producción de videos y podcast, producción de merchandising digital, y todo gasto de similar índole».
Lo anterior es el texto que se agregó al convenio y que amplió las posibilidades de uso de los casi 1.000 millones, según se indica en el Informe N° 9 de la Secretaría Administrativa de la Convencion.
Cuech tiene hasta el 29 de junio para ejecutar los casi 1.000 millones
Otro asunto que también se indica en el Informe N° 9 de la Secretaría Administrativa de la Convención, el último que figura en la página del órgano constituyente, además de la ampliación en los usos del dinero es la aprobación de la prórroga de los lapsos con los que cuenta el consorcio para ejecutarlos.
«Fue prorrogado en acuerdo por las contrapartes técnicas de ambos servicios, hasta el 29 de junio de 2022», se indica en el documento.
El convenio entre la Segpres y el Cuech data del 29 de diciembre del año pasado y tenía una vigencia de 3 meses, por lo que e lapso para la ejecución de los más de 900 millones de pesos se había fijado hasta el pasado 29 de marzo.
Así fue como el dinero previsto para Asignaciones de la Convención terminó en el Cuech
Los 974 millones que fueron transferidos al Cuech estaban originalmente destinados para ser usados en dos ítems: 800 millones de pesos para el pago de «Asignaciones» de los convencionales y 194 millones de pesos para «Participación Ciudadana». Así se indica en el informe de la Secretaría Administrativa de la Convención, correspondiente al lapso del 1 al 31 de marzo de este año.
La transferencia de estos dineros terminó en las arcas del Cuech por petición de la entonces presidenta de la Convención, Elisa Loncón.
Primero, según consta en el informe, la convencional solicitó mover recursos de una subasignación a otra: «Loncón solicitó al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia generar la reasignación de 800 millones de pesos, desde la subasignación ‘Asignaciones’ a la subasignación ‘Participación ciudadana y Difusión'(…) de la Partida 22 Ministerio
Secretaría General de la Presidencia (…) del Presupuestos del Sector Público
correspondiente al año 2021″.
Una vez reunidos los 974 millones de pesos en la mencionada partida de «Participación Ciudadana y Difusión», Loncón procedió a solicitar la transferencia de recursos al Cuech.
«Adicionalmente, se solicitó que, una vez realizada la reasignación requerida, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia transfiera los nuevos recursos disponibles al CUECH, que ha celebrado un convenio de colaboración con la Convención Constitucional», se indica en ese mismo documento. Esa fue la ruta que siguieron los recursos.