Dos intentos fallidos ha tenido la reforma previsional profunda al sistema de pensiones.

El primer intento lo hizo la Presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno y no lo logró. El segundo en tratar de sacar adelante una reforma en esta materia fue el Presidente Sebastián Piñera. Si bien dio un paso importante con la aprobación de la Pensión Garantizada Universal, el grueso de la reforma no pudo sortear los trámites legislativos.

El tercer intento lo hará al Presidente Gabriel Boric, quien anunció la presentación de un proyecto de ley durante septiembre.

La difícil misión recaerá en la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

Jara, de militancia comunista, es «delfín» política del ex ministro y ex constituyente PC Marcos Barraza. Durante el segundo gobierno de Bachelet fue subsecretaria de Previsión Social, y antes fue jefa de gabinete de Barraza cuando éste ostentó ese cargo entre 2014 y 2015.

La relación entre ambos data de 1997, cuando Jara reemplazó a Barraza en la presidencia de la Federación de la Universidad de Santiago.

30% de participantes en los diálogos de Trabajo fueron funcionarios públicos

De forma previa a la propuesta de reforma, la ministra Jeannette Jara realizó una serie de diálogos sociales para «incorporar la visión de la ciudadanía”, y recoger las “inquietudes respecto del actual sistema, y las propuestas que se requieren para mejorarlo”.

Los conversatorios versaron sobre seis principios definidos por la autoridad: universalidad, igualdad, solidaridad, participación, suficiencia y sostenibilidad.

Los diálogos se realizaron en todas las regiones entre el 3 de mayo y el 8 de junio, y el ministerio emitió un informe final de 160 páginas.

La proyección de Trabajo era tener 1.600 participantes, pero solo asistieron 1.182. El 41% fueron trabajadores del mundo privado, el 30% funcionarios públicos y el 29% empleadores.

En los diálogos, los empleados públicos estuvieron sobrerepresentados, y los trabajadores del sector privado subrepresentados.

Ello, porque de los 8,8 millones de trabajadores en el país, solo 1,1 millones (12,5%) son funcionarios del Estado.

Quiénes asistieron por sector

De parte de los trabajadores, asistieron quienes laboran en diversas industrias como minería, energía, pesca y agricultura; así como de empresas grandes, medianas y chicas, y dirigentes de la CUT.

Del sector empresarial fueron representantes de las cámaras de Comercio y de la Construcción, y de empresas de mayor y menor tamaño.

Las regiones que tuvieron mayor concurrencia fueron Coquimbo y Valparaíso con 90 y 91 personas, respectivamente.  Las de menor participación fueron Aysén y Los Lagos, con 43 y 49, respectivamente. En Santiago asistieron 79 personas.

Las activa participación de “No +AFP” en conversatorios de Trabajo

En cada diálogo regional hubo una instancia de “consultas técnicas”, donde se inscribían personas para exponer sus planteamientos.

Del total de 47 participantes, los que tuvieron mayor representación fueron miembros de la agrupación “No +AFP”.

Carteles de «No +AFP» en los diálogos sociales realizados por el Ministerio del Trabajo en la Universidad de O’Higgins, Rancagua.

De hecho, en las redes se viralizaron imágenes que mostraban pendones de dicha agrupación en los diálogos sociales.

El presidente de la CPC, Juan Sutil, reclamó porque en el video introductorio del ministerio aparecían banderas de «No +AFP» que luego fueron sacadas.

También hubo representantes de la agrupación de familiares detenidos de La Serena, de ex empleados públicos, exonerados políticos, de la ONG Conciencia Social, pensionados adultos mayores y Prais Exonerado Político.

El 25% fueron de organizaciones sociales, el 14% de pensionados y el 6% a empleadores y trabajadores. El resto fue catalogado como “otros”.

Los cuestionamientos al “sesgo ideológico” de los diálogos

En el documento del ministerio se mencionan “17 hallazgos que sintetizan los consensos y disensos; en torno a los desafíos del sistema de pensiones y las opciones de reforma”.

En dichas conclusiones, los funcionarios públicos opinaron en su enorme mayoría en línea con la postura del gobierno.

El balance final, además, se hizo en base numérica, contabilizando las opiniones. Lo que hizo aumentar en forma importante la incidencia de los funcionarios.

“En relación con las personas de Gobierno, hay una similitud con las respuestas de las personas trabajadoras, siendo la mayoría de los principios de seguridad social evaluados como ‘ausente’ o ‘muy ausente’ en este pilar del sistema”, señala el informe.

Los empleadores, sin embargo, discreparon de ambas visiones mostrando más diversidad en las conclusiones.

Por ejemplo, en el hallazgo uno, el 41,2% de los funcionarios consideró que hay una baja presencia del principio de universalidad en el sistema de capitalización, en contraposición con el 17,8% de los empleadores.

En el hallazgo dos, el 60,3% de los empleados públicos estimó que dicho sistema carece del principio de solidaridad. Cifra que supera el 56,6% del resto de los trabadores consultados, y del 22% de los empleadores.

Una de las opiniones recogidas de una funcionaria, indica que “el sistema previsional debe darle a las personas el mismo trato (…) todos nacemos a imagen y semejanza”.

Informe de Trabajo no reconoce sistema mixto de pensiones

Economistas consultados por este diario, coinciden en que un “error importante de sesgo”, es que el Ministerio de Trabajo no reconoce la existencia de un sistema mixto.

Es decir, de un pilar de capitalización individual (administradas por las AFP), y un sistema solidario, que se financia con recursos del Estado.

Así lo han establecido todos los informes de las comisiones previsionales dirigidas anteriormente por Mario Marcel y David Bravo.

“Se introduce un excesivo sesgo al intentar evaluar el pilar de ahorro individual bajo principios de solidaridad, suficiencia o igualdad usando como referencia definiciones propias de sistemas de reparto”, señalan analistas consultados.

Personas que asistieron a dichos diálogos indican a este diario que los moderadores que provenían de seremías y delegaciones eran sesgados, no así los más técnicos de instituciones como el IPS o la Dirección del Trabajo.

“Intentaron que en las conclusiones primen las definiciones del gobierno, sus ideas sesgadas y preconcebidas. No deberían dar opiniones como si fuesen un participante más”, denunció un participante.

Los grandes ausentes: Propiedad de los fondos, libre elección y heredabilidad

En el texto de 160 páginas solo se menciona dos veces la palabra “propiedad”. También aparecen someramente la libertad de elección y heredabilidad de los fondos. No aparecen en ninguno de los 17 “hallazgos”. Son las grandes ausentes en el documento.

Sn embargo, dichos principios son los más defendidos por los trabajadores según diversas encuestas.

Un sondeo de Criteria de junio pasado, reveló que el 67% de los trabajadores cree que fondos de sus ahorros les pertenecen, en contraposición con el 22% que dice que los dueños son las AFP, y el 7% el Estado.

A su vez, el 69% está en contra de la estatización de sus fondos.

Ante la pregunta de a dónde quieren que vaya el aumento del 6% en la cotización del empleador que propone el gobierno, el 49% dice que a su cuenta individual, y el 34% está de acuerdo que la mitad sea para el y la otra para un fondo común.

En cambio, sobre la propiedad, el texto dice que “algunos actores plantearon mantener el sistema actual de capitalización individual administrado por las AFP, enfatizando la importancia del ahorro y de la propiedad de los fondos de capitalización individual por parte de las personas cotizantes”.

Esa postura, agrega el documento, fue planteada especialmente por las organizaciones empresariales y algunos centros de estudios”.

Cecilia Cifuentes: «El sistema de capitalización es mucho más solidario que un sistema de reparto»

En una carta a El Mercurio, la directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, Cecilia Cifuentes, señaló que al evaluar el pilar de capitalización individual bajo los seis criterios definidos por el Ministerio del Trabajo, “es casi tautológico que se encontrarán déficits, que vienen principalmente de las debilidades de nuestro mercado laboral, más que del sistema de capitalización en sí mismo”.

Economista Cecilia Cifuentes

A su juicio, es precisamente por esas carencias en materia laboral que existe el pilar solidario, cuyos recursos se han duplicado en los últimos dos años, y que busca que el sistema de pensiones efectivamente cumpla con los principios señalados.

“Como era de esperar, casi un 70% de los que participaron en los diálogos considera que el sistema de capitalización no cumple con el principio de solidaridad, porque, de hecho, no forma parte de su diseño. De igual forma como ocurre con un sistema de reparto en que la jubilación es función de los aportes, tal como el antiguo sistema de reparto chileno, que además exigía al menos 15 años de cotizaciones para recibir jubilación”, dice Cifuentes.

La economista explica que el sistema de capitalización “sí resulta mucho más solidario que un sistema de reparto, ya que como contribuye al ahorro, a la inversión, al empleo formal, y en resumen, al desarrollo económico, termina siendo un aporte importante a la reducción de la pobreza”.

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