Dudas y confusiones
La visita presidencial al Polo Sur tuvo por mérito traer a discusión “la cuestión antártica”, y “testear” cuán convencidos estamos de que la Antártica Chilena sea -valga la redundancia- “chilena”.
Más allá de los aplausos de los obligados “tifosi”, la respuesta a esa interrogante es confusa.
Esto no solo porque en el Polo el Presidente fue “recibido” por funcionarios extranjeros “que habitan en el lugar”, sino porque de su visita no resultó ningún anunció en materia de reforzamiento de nuestras capacidades polares permanentes: “lo que queda” es un “selfie del Presidente” y los “tuits” de rigor.
Segundo, porque en contexto legal, político y geopolítico, a la confusión se agrega la declaración de compromiso del Mandatario con -sin especificaciones- “el multilateralismo”. “Pensando en el futuro a mediano plazo de la Antártica”, esa expresión admite “lecturas” distintas.
Si el compromiso presidencial es con “el multilateralismo del Tratado Antártico”, entonces, en sentido lato, podría entenderse que Chile es partidario de la continuidad del Tratado de 1959 sin modificaciones.
En cambio, si en favor del “multilateralismo” entendemos la aplicación de la “normativa multilateral” sobre plataforma continental “más allá de las 200 millas” de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR (recordemos que en 2022, Chile, al igual que en 2009 Argentina, reclamó soberanía sobre los recursos del fondo marino del Mar de Bellinghausen), entonces el sentido de la afirmación es diferente.
Por esa razón medios internacionales (BBC, The Guardian, etc.) entendieron que el “selfie” del Presidente chileno en el Polo (con el pabellón presidencial en sus manos”) equivalía a una insistencia en nuestro “reclamo antártico”, el cual, como queda dicho, está estampado en la reclamación chilena de plataforma continental del sector occidental de la Península Antártica: 1+1=2.
Para nosotros, sin embargo, esto no es tan así.
Baste reparar en la suerte de “alergia” a la expresión “soberanía” que impera en el gobierno, particularmente en “su Cancillería”, que insiste en relativizar el mandato de la Ley 21.255 (Estatuto Antártico), reduciendo nuestros “derechos soberanos” a la categoría de “pretensiones antárticas” (en palabras simples, “aspiraciones”). Muy preocupante.
La geopolítica del Ártico y su “efecto espejo” en el Antártico
Algunos dirán que esto es “hilar muy fino”. Un ejercicio de mínimo realismo indica que no es así.
Baste observar la expectación mundial generada por la renovada pretensión norteamericana sobre Groenlandia, para comprobar cómo las regiones polares no sólo son parte de un escenario de creciente competencia estratégica, sino que, a la luz de la implementación del Derecho del Mar sobre “plataforma continental extendida” (en la práctica, “soberanía sobre los recursos naturales”), son “objeto de deseo” de muchas potencias: 2+2=4.
Esto a pesar de que en el Ártico están vigentes una serie de tratados y mecanismos de cooperación (algunos más antiguos que el Tratado Antártico). Hoy varios de esos instrumentos parecen sobrepasados por una competencia geo-legal y geoestratégica, iniciada el año 2001 cuando Rusia formalizó un gigantesco reclamo de plataforma continental.
A partir de sus costas euroasiáticas, desde el estrecho de Bering hasta el Mar de Barents, el reclamo territorial ruso no solo englobó áreas submarinas adyacentes a islas y archipiélagos situados al norte de la latitud 80° norte, sino que, siguiendo la prolongación de la “Dorsal Lomonosov”, incluyó la región del propio Polo Ártico.
De la mayor importancia es que dicha “elevación submarina” “conecta” con la prolongación sumergida de Groenlandia, es decir, “cruza hacia el otro hemisferio”: 3+3=6.
Y aunque los demás países ribereños del Océano Ártico insisten en que, conforme con el Derecho del Mar, el reclamo ruso no está geo-científicamente documentado, el resultante desacuerdo político ya tiene dos décadas. Lo que ahora ha hecho Donald Trump es, simplemente, reconocer su gravedad, e interpretar el conflicto como un llamado para el despliegue estratégico norteamericano.
Mire usted un mapa de las reclamaciones de plataforma continental en el Ártico, y observará la enorme complejidad del asunto.
Si alguien cree que en la Antártica este escenario de competencia geo-estratégica no se reproducirá, se equivoca. A pesar del “congelamiento de los reclamos territoriales” impuesta por el Tratado Antártico de 1959, esto ya ocurre desde 2005. Hasta 2020, este nueva realidad no fue incluida en el análisis diplomático chileno.
Tan grave como ello, es que a partir de 2022 este asunto de grave importancia material para el interés de Chile volvió a perder visibilidad y prioridad, para ser reemplazada por un ejercicio “expresión de deseo’ que confía en que “el multilateralismo” evitará que el Sistema del Tratado Antártica sea afectado por fenómenos de confrontación geopolítica cada vez más graves y evidentes.
El ritual antártico chileno
Es práctica que “en verano” -“época de viajes a la Antártica”- autoridades de los poderes del Estado “se hagan presente” en la Antártica Chilena para “reafirmar” nuestro compromiso con “la cooperación científica y el medio ambiente” o, más recientemente, “con el multilateralismo”.
Ninguna de esas visitas impidió el envejecimiento de varias de nuestras bases (evacuación del personal de por medio), ni catalizó la construcción de ninguna nueva instalación permanente. Si la base estacional del Glaciar Unión es, sin duda, un hecho positivo, ésta sigue siendo una instalación “temporal”.
En los hechos -no en las “visitas”, ni en “las “entrevistas o los reportajes” de los medios de Santiago, ni en los “tweeter” de los “dedicados a opinar”- durante las últimas cuatro décadas, Chile comenzó a quedarse atrás en materia de “posesión efectiva” de la Antártica.
“Como país” no hemos comprendido la gravedad de “la cuestión Antártica” en el siglo XXI.
Eso explica la citada demora en la actualización de los límites de plataforma continental de la Provincia Antártica, la cual, además, hasta la fecha sigue incompleta: falta por determinar los límites exteriores de nuestra soberanía submarina en el sector oriental de la Península (Mar de Weddell, según el Estatuto Antártico de 2022, parte del territorio nacional).
Lo anterior ilustra las limitaciones estructurales del análisis geo-legal y geopolítico del Ministerio de Relaciones Exteriores y, más específicamente, de DIFROL e INACH. Subsidiariamente, también refleja limitaciones del Ministerio de Defensa, que parece descansar sobre un enfoque esencialmente administrativo y procesal (énfasis en la “santidad del trámite”) y un enfoque “apolítico” (ergo sin contenido geopolítico) del problema.
Dichos servicios públicos son parte de una alarmante falta de visión perspectiva respecto del futuro político y geopolítico de la Antártica (y de la Zona Austral al sur de Palena) y -como “el que nada hace, nade teme”- parecen querer descansar sobre la “seguridad” del concepto “ciencia y paz” (“a secas”). Súper-cómodo.
En perspectiva, sin embargo, el futuro de la Antártica está más allá de las buenas intenciones de funcionarios públicos a quienes -además- parece complicarles el uso de la expresión “soberanía”.
Quizás por ello es que, no obstante la creciente complejidad de la cuestión de los reclamos de plataforma continental en todos los mares del mundo, durante sucesivos gobiernos, DIFROL e INACH evitaron aquilatar la gravedad del desafío de jure y de facto impuesto a nuestros derechos soberanos por las “nuevas reclamaciones antárticas” efectuadas, entre 2005 y 2009, por Australia, Noruega y Argentina.
Es más, a pesar de que el diseño geo-legal y geopolítico de la reclamación argentina incorporó no sólo parte de la Antártica Chilena, sino también miles de kms2 al sur de lo pactado con el Tratado de 1984 (para reinstalar el “principio bioceánico”), escapando del problema, los expertos chilenos prefirieron priorizar la plataforma continental de Isla de Pascua. “Confesión de Parte”.
Este escapismo político-diplomático parece reproducirse respecto de la creciente dificultad para adoptar decisiones política trascendentes al interior del sistema de toma de decisiones antárticas. Se trata de una suerte de lo que ahora se denomina “la previa” de un conflicto que, se adivina, pondrá en duda la continuidad del Tratado Antártico más allá de 2048.
Ese escapismo es, en definitiva, un forma de evitar decisiones complejas y, en la práctica (y sin afectar las “carreras funcionarias” propias), “dejar el problema a los que vengan más adelante”.
Tal como ocurre en otros asuntos atingentes a la integridad territorial de la República, llevamos décadas postergando decisiones, y acumulando problemas complejos.
La vetustez de nuestra infraestructura antártica, la ausencia de un programa de construcción de bases, la falta de claridad de -por lo menos a mediano plazo- el financiamiento de las actividades antárticas nacionales (incluido la operatividad del rompehielos y de sus apoyos), la falta de siquiera intención de invertir en una flota aérea antártica específica, moderna y segura (muchos seguimos llorando a nuestra gente perdida en el último accidente aéreo en el Mar Austral), la desconexión de nuestras actividades polares con la agenda de desarrollo social y económico de la Región de Magallanes, la cuestión pendiente de la plataforma continental en el Mar de Weddell (y su directa relación con el diferendo marítimo con Argentina por la plataforma continental al sur del cabo de Hornos), indican que, en el mejor de los casos, en la “cuestión antártica, “como País, estamos al debe”.
Ninguna “selfie” puede cambiar este realidad.
Débil conciencia antártica: autocrítica necesaria
Las inconsistencias que -no obstante sucesivas “Políticas Antárticas Nacionales”- relativizan nuestra “posesión efectiva de la Antártica Chilena”, tienen también origen en la falta de “un solo programa nacional antártico consolidado”.
Un programa antártico verdaderamente “nacional” debe ser gestionado por “un solo ente del Estado”, con capacidades políticas, científicas, logísticas y operativas propias, y con recursos financieros suficientes y asegurados a mediano plazo (planes, programas y presupuesto para, por lo menos, tres años seguidos).
En el ámbito geoestratégico, mientras el organigrama actual asegura al Ministerio de Relaciones Exteriores (y su “agenda multilateral”) un “sello globalista” para la actividad polar nacional (ciencia y paz sin soberanía), los recursos fiscales invertidos no tienen -en la práctica como prioridad el reforzamiento de nuestros derechos soberanos. El resultado está a la vista.
Hasta ahora cada operador antártico estatal posee “un programa y un presupuesto antártico” que, con la coordinación del Ministerio de Defensa y la supervisión de la Cancillería (INACH), en lo principal se focaliza en la logística y la “investigación básica”, antes que en la “investigación aplicada”.
Salvo el aprovechamiento por parte de algunas muy pocas empresas privadas, el gasto público en la Antártica Chilena no tiene un vínculo claro con el desarrollo económico y social de Magallanes (región a la que pertenece) y, en definitiva, tampoco aporta a la sustancia del reforzamiento de nuestros derechos soberanos vía el “uso y ocupación del territorio.
En lo fundamental -y en términos de “proximidad respecto del Polo- la actividad polar chilena se concentra al norte del Círculo Polar Antártico, en una latitud equivalente a la ciudad noruega de Trondheim (205 mil habitantes) y mucho más lejos de los que la ciudad rusa de Múrmansk (295 mil habitantes) está del Polo Ártico.
La actual dispersión de esfuerzos y “relatos” contribuye a la relativización de nuestra soberanía, y la mantiene estancada en el área del “Caribe antártico”.
Esto, mientras, por ejemplo, en verano Brasil opera “un solo programa antártico” con dos embarcaciones polares y aviones de transporte ad hoc y, por años, el programa antártico de Estados Unidos mantiene dos grandes rompehielos permanentemente estacionados en Punta Arenas, dedicados a la investigación aplicada (al parecer también dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva). No sabemos si DIFROL y la Cancillería han tomado noticia de este último “detalle”.
En el intertanto, el INACH parece haberse convertido en una “facultad de ciencias básicas” dependiente de la Cancillería que -al menos hasta aquí- no aportó a la construcción de un escenario prospectivo para entender cómo otros países (por ejemplo Argentina en boca de sus autoridades de diverso signo) entienden a la ciencia antártica como una “herramienta de política y soberanía”. Demás está decir que, conforme con su Ley Orgánica, no es función de la Cancillería “hacer ciencia”. Esa es materia de otros servicios.
La ausencia de visión política en el INACH explica por qué ese organismo no tuvo -otra vez “hasta aquí”- ningún aporte en la compleja materia de la plataforma continental magallánico-antártica. Si lo que ese servicio público esperaba era un “visto bueno de Santiago”, en los hechos, confiado en la “comodidad de la distancia”, gravemente se equivocó manteniéndose al margen de un asunto de crítica importancia. Desde este punto de vista, el INACH se condenó a sí mismo a la irrelevancia. En lugar de Punta Arenas, podría tener sede en Calama o a Melipilla, y para la defensa de la integridad de nuestra soberanía austral y polar, en la práctica “daría lo mismo”.
Adicionalmente, mientras Argentina anuncia una “base combinada” en Ushuaia (para vincularse directamente con la ampliación de la Base Petrel con dos nuevas pistas de aterrizaje para arrebatarle a Punta Arenas la primacía del turismo aéreo), hasta hoy Chile ni siquiera posee una base permanente sobre el sector del Mar de Weddell.
Tampoco tiene la intención de tenerla.
Austro abandonado
Transcurridos más de 40 años desde la firma del Tratado de Paz con Argentina (que en 1984 “solo en principio” puso fin a “la cuestión austral con Argentina”), la conexión con la Antártica Chilena sigue haciéndose desde la orilla norte del estrecho de Magallanes (Punta Arenas).
El país aún no cuenta con un camino que, atravesando Tierra del Fuego, conecte con nuestra enorme región del canal Beagle (Comuna de cabo de Hornos).
Hoy, mientras una familia argentina puede visitar su país desde Salta o Corrientes hasta Ushuaia (sector argentino del canal Beagle), en la práctica una familia chilena encontrara que “el país se termina en Caleta Yungay” (Aysén), a un día y medio de trayecto de la capital magallánica.
En el mejor de los casos, a través de caminos de la Patagonia argentina, una familia chilena puede alcanzar Punta Arenas. En cambio, por caminos pavimentados, una familia argentina puede viajar hasta Río Gallego y después de cruzar el muy chileno estrecho de Magallanes, en cuestión horas alcanzar Ushuaia.
Toda vez que, con la complicidad de la Cancillería chilena, Argentina sigue incumpliendo un acuerdo sobre “pasos fronterizos permanentemente habilitados” (Puerto Almanza-Puerto Williams), hoy no es posible cruzar el canal Beagle para acceder a Puerto Williams.
Para abastecer a nuestros compatriotas residentes en esa “ciudad más austral del mundo”, son necesarias 36 horas de navegación desde Punta Arenas (una vez a la semana). Esto es, “en tiempo de viaje”, un trayecto muchísimo más largo que el viaje terrestre “Santiago-Arica”. Juzgue Usted.
Tierra del Fuego, la riquísima región del canal Beagle y del cabo de Hornos han sido abandonadas por el Estado central. El hecho fortuito de que el actual Presidente sea “de origen magallánico” no cambió nada.
El Estado chileno no tiene concepto del valor estratégico de su territorio austral-antártico y, por lo mismo, lo concibe con la candidez geopolítica de un “influencer” de Youtube o Tik Tok. Parafraseando al Eclesiastés, “todo es vanidad”, epidermis e inmediatez para un título y subtitulo en “medios online”, o una efímera tendencia “en el ex Twitter”.
Por esta misma razón, mientras que para Argentina la cercanía de Ushuaia respecto de las Shetland del Sur y le Península Antártica asegura, entre otras cosas materiales, el control sobre el núcleo fundamental del rentable negocio del turismo antártico), Chile sigue “mirándose el ombligo” repitiendo que ”Punta Arenas es la puerta de entrada a la Antártica” (un día de navegación más al norte).
Estas y otras autocomplacencias ilustran la ausencia de una verdadera “conciencia antártica”, visible, por ejemplo, en un titular de un importante medio de Santiago, que recientemente conmemoró “los 78 años de la presencia chilena en la Antártica”. Dicho medio de circulación nacional desconoce que la presencia chilena -incluso al sur del Círculo Polar Antártico- se remonta a las pesquerías magallánicas del siglo XIX, y que el conocimiento empírico de los pescadores antárticos magallánicos sirvió luego a los primeros científicos del hemisferio norte, que sólo después del Congreso Mundial de Geografía de Londres en 1895 se interesaron en la Antártica.
Fue nuestro conocimiento empírico de la Antártica lo que, en el invierno de 1916, hizo posible el rescate de los náufragos británicos del HMS Endurance desde la Isla Elefante. Así de simple.
Situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias
Desde hace años “se tramita” la “construcción” en Punta Arenas de un “centro antártico internacional” (CAI), en origen un proyecto de “solo 30 mil millones de pesos”. Pasado el tiempo, la inversión requerida para este “proyecto” parece sobrepasar los 130 mil millones pesos del erario fiscal.
Se trata de “un edificio” de 25 mil metros cuadrados en el que se mezclarían ciencia, educación y turismo, un concepto que, observado desde las urgencias del interés nacional al sur del Círculo Polar, no es más que “un proyecto inmobiliario” con cargo al Fisco.
Se sabe que “ya se gastaron” más de mil millones en “estudios y concursos”, a pesar de que dicho “centro internacional” tiene pendiente, entre otras cosas, determinar cómo, a largo plazo, se financiará (¿con cargo a un presupuesto propio, o al presupuesto regional, o al presupuesto del INACH o al de otro ente fiscal que desconocemos?). Se ha dicho que ese centro convocaría a “cientos de científicos de todo el mundo a radicarse permanentemente en Punta Arenas”, y que allí también habría presencia privada. Siendo miembros de la academia polar, en lo personal, somos escépticos de que lo primero sea posible.
En nuestra opinión, dicho edificio de 130 mil millones de pesos tampoco puede explicar cómo -desde la Patagonia- aportará a “hacer presencia en la Antártica”. Ocurre que entre la orilla sur del estrecho de Magallanes (Tierra del Fuego) y el Polo Sur, viven menos de 10 mil chilenos (una fracción del número de pasajeros que “en hora punta” utiliza el metro de Santiago o de “un barrio de Múrmansk”).
Con esto en consideración, somos partidarios de destinar los citados 130 mil millones de pesos (o 130 millones de dólares) a articular un “centro de excelencia marítimo y polar que -en lo principal- haga el trabajo geopolítico que sólo puede hacer el Estado de Chile. En lo estrictamente científico y académico, bajo una fórmula semejante a la empleada hace algunos años para los “centros de excelencia Corfo”. Se entiende que los 130 mil millones de pesos ya tiene algún grado de aprobación en el presupuesto y, por lo tanto ahora sería sólo cuestión de “reformular su inversión”.
Una entidad de este tipo, financiada con dineros públicos, debería encargarse de “hacer ciencia para la política” y -en lo más obvio- contribuir a cumplir con el mandato de ley, ergo: hacer presencia y ocupación efectiva para resguardar y fortalecer nuestros derechos soberanos “en el mar y en la Antártica”.
Instituto Marítimo y Polar del Estado para el Chile Subantártico y el Chile Antártico
Los citados 130 mil millones de pesos deberían ser suficientes para financiar la articulación y funcionamiento de un instituto polar y marítimo que concentre y consolide las capacidades humanas, científicas y operativas del país y, con análisis prospectivo, asegure la consistencia y la eficacia de las políticas, actividades e inversiones nacionales de investigación y desarrollo en el espacio que se extiende entre la Península de Taitao y el Polo Sur.
Este último espacio geográfico debería ser el ámbito de responsabilidad de un Instituto Marítimo y Polar del Estado.
Desde el punto de vista de la singularidad biogeográfica y geoestratégica de nuestro país, el sector de la Península de Taitao constituye un elemento/factor diferenciador clave. Por una parte, en él se verifica la “triple unión” entre las placas tectónicas sudamericana, la placa tectónica de la Antártica y el continente sudamericano y, por otra, allí también se bifurca la dinámica Oeste-Este del Pacífico Sur generando, hacia el norte, la Corriente de Humboldt y, hacia el sur la Corriente Costero del Cabo de Hornos (que luego se “confunde con la Corriente Circumpolar Antártica, que fluye en sentido Oeste-Este).
Estos y otros factores hidrográficos, geográficos, ambientales y geoeconómicos conforman un área que caracterizan al “Chile Subantártico” y al “Chile Antártico propiamente tal”.
Bajo este principio geográfico, hidrográfico, ambiental y geoestratégico, un Instituto Marítimo y Polar del Estado debería ejercitar la continuidad legal y administrativa claramente consignada en el Decreto Antártico de 1940 y en la Ley Antártica de 2022.
En lo estrictamente científico y tecnológico, ese instituto debería establecer -a nivel de postgrado- una relación simbiótica con la comunidad académica y científica nacional, además una relación de colaboración estrecha con la academia militar y algunos servicios públicos de importancia existencial para la seguridad del país (por ejemplo, la Dirección Meteorológica de Chile, el Instituto Geográfico Militar y el Servicios Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada).
En un ambiente de sinergia y cooperación, todos estos entes estatales deberían privilegiar la investigación aplicada en el campo de la ciencias del mar, las ciencias de la tierra, las ciencias de la atmósfera, el estudio del Derecho Internacional aplicado a la geografía-histórica y a la geopolítica, siempre teniendo como objetivo último el contribuir de forma medible a la defensa del interés nacional. Con dineros fiscales no pueden haber objetivos distintos.
Todo lo demás puede ser materia de estudio e investigación para las universidades, los centros de investigación y las ONG financiadas con recursos privados.
Asimismo, el Instituto Marítimo y Polar del Estado debería establecer una relación empática con los gremios que, legal y reguladamente, usan los recursos naturales del territorio nacional. La relación con el sector privado (especialmente nuestros operadores antárticos) debe tener como fin trascendente el mutuo beneficio, entendiendo que tanto el Estado como los particulares deben, por mandato de la ley, contribuir a fortalecer nuestros derechos soberanos. Este es un axioma.
Habida cuenta del escenario político mundial y hemisférico en gestación, en el corto plazo la lógica de un Instituto Marítimo y Polar del Estado se sostiene en la urgente necesidad de asegurar la demostración de la continuidad geográfica, geológica e hidrográfica del país desde y hacia la Antártica Chilena. Esta es una tarea irrenunciable del Estado.
Inversión fiscal para la soberanía y el uso inteligente de los recursos
Con presupuesto propio asegurado para tres o más años, la entidad estatal no debería ser gobernada por un solo ministerio.
Menos por la Cancillería, cuya labor debe restringirse a ser “usuaria” del análisis prospectivo jurídico, político y geopolítico del instituto y, conforme con los lineamientos de gestión de este último, asumir la coordinación de la participación diplomática del país en las reuniones del Sistema del Tratado Antártico. La sustancia geoestratégica y el sentido político de la contribución chilena a esas instancias debe ser responsabilidad del Instituto Marítimo y Polar de Chile y su sistema de gobernanza.
Para minimizar el riesgo de repetir errores y omisiones geográficas, hidrográficas, jurídicas, políticas o diplomáticas, el Instituto Marítimo y Polar del Estado debe estar regido por un Directorio que dependa del propio Presidente de la República. Su primera función sería la de asesora al Mandatario en materias geoestratégicas, geo-científicas, políticas y diplomáticas, y proponerle una Política Austral y Polar (que debería ser permanentemente actualizada y abarcar el Chile Subantártico y el Chile antártico propiamente tal).
El Presidente debería presidir un Directorio de Ministros, a saber, aquellos del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Medio Ambiente, Educación y Obras Públicas. Ese Directorio debería estar, por Reglamento, obligado a gobernar el Instituto con estricto respecto del principio del mérito personal de sus funcionarios. Esta entidad debe estar a resguardo de los intentos externos de politización.
Sólo el mérito asegura que -más allá de los períodos presidenciales- gobiernos y servicios públicos cuenten con lineamientos de gestión útiles para el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades legales y administrativas.
Ejercitando esos preceptos, la entidad que proponemos podría, por ejemplo, estructurarse a partir de la consolidación de capacidades humanas y materiales ya existentes, pero que hoy funcionan de forma desarticulada bajo la responsabilidad de diversos Ministerios.
Junto con proponer una Política de Estado Austral y Antártica, el Instituto debería priorizar una completa y honesta revisión del estado de nuestra infraestructura polar, acompañada de un plan plurianual de renovación y ampliación de bases y refugios. Una vez aprobado ese plan, el costo para el Fisco debería quedar legalmente establecido en un presupuesto plurianual. Ya no hay espacio para improvisaciones y “recortes”.
Con visión de mediano y largo plazo, el Instituto debería mensurar las capacidades logísticas que existen, y aquellas que resultan necesarias para, en los hechos y no en los selfies, reforzar nuestros derechos soberanos desde Taitao y el Campo de Hielo Sur, al Polo Antártico.
Esto, entendiendo que la inversión fiscal se justifica -en definitiva- en el resguardo y ejercicio de nuestros derechos soberanos sobre los recursos naturales, vivos y no vivos, del Chile Subantártico y Antártico, es decir, nuestra posesión efectiva sobre recursos que, con toda seguridad, serán fundamentales para el bienestar de las futuras generaciones de chilenos.
Sin complejos, debemos concebir una flota de naves polares y medios aéreos modernos y seguros para proyectar nuestra ocupación permanente en la gigantesca región que se extiende entre los hielos y los fiordos patagónicos y fueguinos, y el hinterland antártico. “Pensar en chico no resuelve nada”.
Sólo con voluntad política y presupuesto asegurado el Instituto Marítimo y Polar podrá ofrecer al nivel de toma de decisiones del Estado una evaluación detallada, completa y actualizada del estado de situación de nuestros recursos naturales vivos como ni vivos, esenciales para planificar nuestro desarrollo económico y social.
Para los efectos, el Instituto debería dotarse de soluciones y aplicaciones tecnológicas remotas de frontera, hoy disponibles “en el mundo”. Esto, entre otras cosas para, “in real time”, colaborar con las Fuerzas Armadas legalmente responsables de monitorear las actividades económicas que ocurren en nuestro territorio terrestre y marítimo y, también, para asistir a nuestros operadores privados que, conforme con la ley y sus reglamentos, hacen uso de dicho espacio.
De igual importancia es que, con medios aéreos y navales suficientes, “durante todo el año” la presencia del Estado chileno debe estar asegurada desde Campo de Hielo a las islas Diego Ramírez, y desde allí hasta mucho más al sur que las islas Shetland del Sur. La presencia del Estado en estos territorios no puede reducirse a “los meses de verano”.
A partir de aquí, debemos, de una vez por todas, enfrentar el uso y aprovechamiento de estos valiosísimos territorios que, hasta hoy, permanecen esencialmente despoblados.
Por efecto de “la razón de la sinrazón” este gravísimo problema geoestratégico sigue ignorado, al igual que permanece subestimado el efecto que, a mediano y largo plazo, puede tener la ya “súper-evidente contradicción” entre el Derecho del Mar y la normativa del Sistema del Tratado Antártico. En perspectiva, ambas amenazas sobre el Chile magallánico-antártico están íntimamente vinculadas.
El agravamiento de estas amenazas se debe, como queda dicho, a la falta de análisis del Estado central, que a lo largo de sucesivos gobiernos se contentó con entender los cientos de miles de kms2 de Austro y Antártica como una suerte de postal/souvenir, o un espacio para un “jardín botánico” disponible para satisfacer a ciertas a ONG extranjeras, que no habitan el territorio, pero “pretenden conocerlo” para pautearnos “qué se puede y que no se puede hacer con él”.
Hasta aquí la firme resistencia de las comunidades locales a este “modelo importado de país” (propuesto por extranjeros o chilenos con residencia permanente al oriente de la Avenida Pedro de Valdivia), permanece ignorado por el grueso de la opinión pública.
Lo mismo sucede con la “confianza interesada” de sectores “progresistas” del “barrio alto de Santiago” respecto de que, en la Antártica y en el Mar Austral Circumpolar, “el multilateralismo” impondrá una paz permanente en favor del cuidado del medio ambiente. Esto no es más que otra quimera, equivalente al “entusiasmo interesado” con el que, por largos años, ese mismo sector defendió la multimillonaria “operación multilateral” que terminó por condenar a Haití a la condición de “Estado fallido”. Este y otras iniciativas demandaron grandes recursos financieros internacionales, sin nunca el país obtuviera nada distinto a una inmigración ilegal haitiana (hoy los más pobres entre los pobres).
Todo esto es urgente de revisar.
A brand new world
Con la reciente asunción de Donald Trump se ha iniciado un nuevo período histórico en el que cada vez es mayor la gravitación de gobiernos “escépticos de la agenda multilateral” (Italia, Países Bajos, Austria, Argentina, etc.). A esto hay que agregar la consolidación de sectores de “derecha dura” en Francia, Alemania y otros países altamente educados, que augura, al menos al nivel del G7 (y también de las multinacionales de la tecnología y de la información), un camino áspero para le progresismo multilateralista propio de la “belle époque” post reunificación alemana, fin de la Unión Soviética y desintegración del bloque comunista de Europa del Este.
Refiriéndose a esta nueva realidad, en su audiencia de confirmación ante el Senado de su país, el actual Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio afirmó que esta nueva fase de la historia del mundo será la “época del sentido común y el interés nacional”.
Un ejemplo de aquello radica en el ya citado interés norteamericano en Groenlandia, tanto por sus recursos pesqueros y minerales, como por su posición estratégica y la proyección de su plataforma continental más allá de las 200 millas en dirección el Polo Ártico.
Este es un hecho fundamental que debemos relacionar con el reclamo de territorios submarinos dentro del área del Tratado Antártico efectuado en 2005 por Australia. Como ya está dicho -de diversas formas- en la región polar austral asistimos a un fenómeno semejante a aquel que ya está ocurriendo en el Ártico. Sólo para que conste, en fecha reciente medios de comunicación británicos comenzaron a discutir cómo la “nueva era Trump” puede servir para catalizar un régimen para la explotación de minerales en la Antártica.
Si el Protocolo Ambiental (o de Madrid) hizo sumamente difícil que ello ocurra, treinta años después la discusión vuelve estar abierta. Tomemos nota.
Con esto en consideración, no debemos olvidar que en materia de “reclamos territoriales” en la Antártica, el Tratado Antártico de 1959 encapsula un compromisos político sostenido sobre el principio de que “estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo” (los reclamantes no se reconocen mutuamente ningún tipo derecho histórico ni de cualquier otra naturaleza). En el mismo contexto, tampoco debemos olvidar que, in extremis, mientras ni Estados Unidos ni Rusia (ex URSS) han formalizado reclamos territoriales en la Antártica, sí se han reservado “el derecho a hacerlos”. Esto no es, ni de cerca, ciencia ficción.
Ni la Antártica ni el Mar Austral Circumpolar quedarán fuera del reordenamiento del conjunto del sistema internacional que está ocurriendo. Es más, como antes explicamos, allí se está configurando una situación de competencia geoestratégica de la cual el Estado de Chile no solo debe tener documentada noticia, sino que debe contar con una política pública para enfrentarla. No hacerlo puede ser, incluso, un acto de cobardía.
No olvidemos que en 2014 las advertencias del gobierno norteamericano y de la OTAN no disuadieron a Rusia de anexar Crimea, las amenazas de más y costosas nuevas sanciones en 2022 no le impidieron invadir Ucrania. Estos fenómenos ilustran en toda su gravedad las limitaciones del Derecho Internacional y del multilateralismo.
En el Pacífico, sucesivas “líneas rojas” fijadas por Estados Unidos (y sus aliados) al gobierno chino respecto de evitar actos de provocación en, por ejemplo, el Mar Filipino, evitaron que la Marina china cotidianamente “testee” las capacidades de respuesta de la Marina filipina. Tampoco impidieron agresivos “ejercicios combinados” para visualizar la invasión armada de Taiwán, o el estrechamiento de la cooperación militar con Rusia, en el Pacífico y, también en el Ártico.
Qué decir de las advertencias de la comunidad internacional a Israel para impedir que, después del ataque terrorista islámico de octubre de 2023, ocurriera la destrucción de Gaza.
Este es el inarticulado “mundo de hoy” en el que Chile debe “insertarse”. Nuestra región del planeta no está (ni estará) ausente de la confrontación global de la que ya somos testigos.
Por ello, el país debe estar preparado para detectar, comprender y prepararse para nuevas circunstancias, entre otras, para un acelerada “puesta en valor” geoestratégica de nuestro pasos interoceánicos australes, esto es, el estrecho de Magallanes, el canal Beagle y la ruta del cabo de Hornos, y la importancias de los tres en un escenario de confrontación global que incluya al Cono Sur y a la Antártica.
Chile también debe estar preparado para enfrentar cualquier vicisitud en esta última, una región en la cual nuestros derechos soberanos no sólo están avalados por sólidos argumentos jurídicos y geo-históricos (descubrimiento, presencia y ocupación desde el siglo XIX), sino que por la continuidad geográfica y geológica conforme con la normativa del Derecho Internacional del siglo XXI, tarea prioritaria a desarrollar por el Instituto Marítimo y Polar del Estado.
Para estas y muchas otras necesidades permanentes de la República debe servir un Instituto Marítimo y Polar del Estado, cuya sede debería ser la propia Antártica.
El fortalecimiento de nuestros derechos y el control efectivo del espacio no pueden hacer “a control remoto”, a miles de distancia.
Debe hacerse in situ, para asegurar que el país que heredamos de nuestros padres y abuelos, al menos en geografía y recursos naturales, será el mismo dejaremos a nuestros hijos y nietos.
Prof. Dr. Jorge G. Guzmán – Universidad Autónoma de Chile