Los derechos sociales no caen como maná del cielo, ni tampoco emergen de un plumazo constitucional, sino que más bien requieren gastos fiscales y económicos para ser producidos, ya sea por el Estado o por un ente privado. Los derechos sociales entonces presentan más problemas y desafíos que otros derechos, por lo que las constituciones del mundo no se han visto muy eficientes en poder garantizarlos y asegurarlos como un derecho exigible.

Que el ministro de Hacienda en persona reconozca la actual desdichada e ineficiente realidad de nuestro Estado chileno debería ser el sano inicio de una profunda reevaluación intelectual de su rol, no sólo en crisis como esta, sino que también en el debate más amplio —y hoy lamentablemente ideologizado— con respecto al papel práctico que debiese tener en la provisión de bienes públicos de calidad y de forma eficiente.

Las tendencias y las dinámicas políticas ya están establecidas hacia un rápido proceso de descomposición de la democracia representativa, marcado por cuatro elementos perniciosos que van a determinar el futuro de nuestra vida en común.

Sin duda un elemento que ha empobrecido el debate con respecto al malestar social es el uso indiscriminado y ligero del concepto “neoliberalismo” y el potencial significado maléfico que este posee para algunos intelectuales.

El Estado no es la única fuente responsable del concepto de lo público, ni tampoco la única respuesta plausible y suficiente a nuestros problemas comunes.

Entender cómo el lenguaje cambia es de suma importancia, no solo para fines lingüísticos, sino que además por el hecho de que aquellos cambios reflejan transformaciones culturales e ideológicas profundas en las sociedades que no deben ser ignoradas.