El control que ejerce el Estado de Derecho sobre adolescentes es por su propio cuidado. El foco está en que es una población más vulnerable que debe ser protegida, y pasar así de una retórica que ve en ella la causa del problema, en vez de prevenir sus efectos.

Del hecho que las condiciones de inicio determinan el esfuerzo y rendimiento intelectual de una persona no se sigue que haya que prohibir la provisión de educación de excelencia para los menos aventajados, más aún si las elites hoy se están conformado casi exclusivamente por la educación privada selectiva. No sólo atenta contra la psicología moral más básica y es de un paternalismo obtuso. Es la mayor desigualdad de todas.

El Gobierno de Nicaragua ha intentado desprestigiar a los movimientos sociales, sindicando las protestas de «actos terroristas» del «crimen organizado». Este “argumento” sólo busca construir un enemigo común y justificar diversas formas de autoritarismo democrático que violan sistemáticamente los derechos humanos.

No hay que subestimar el control territorial y jurisdiccional que puede llegar a tener el narcotráfico. Al condenar a menores, para los cabecillas esto no es más que una “baja” en una compleja red jerárquica donde los “soldados” son el último eslabón.