La política que legítimamente busca resguardar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad en tiempos de crisis debe recurrir a sus propias herramientas político-legislativas-regulatorias, pero no de modo intervencionistas.

La reformulación de un capitalismo empresarial atento al bien social no debe nunca ejecutarse -como espera gran parte de la extrema izquierda- por medio de prohibiciones sistemáticas o políticas de expropiación radicales, sino a través de un cambio en la cultura empresarial.