No se logrará solo mediante la intervención del Estado. Se requiere la participación activa y el involucramiento de las familias y las comunidades con sus escuelas. Para ello se necesita que ésta tenga su propia identidad, su propio discurso que la identifique y la haga preferida por las familias, no como última instancia, sino como una alternativa viable y confiable a la cual todos queremos contribuir.

El gobierno anterior, en su ánimo reformista, pareció convencer a los rectores de algunas instituciones de la ilusión de la gratuidad universal, de la infinitud de los fondos públicos para financiamiento basal, de que con solo la invocación de la palabra “derecho” se allanaría la porfiada realidad, y que todo lo estatal estaría cubierto de una pátina de oro que lo haría invulnerable a la prosaica labor de competir. Pero este gobierno está obligado a tomar al pie de la letra el monólogo de Segismundo: los sueños, sueños son.

Es positivo que, en lugar de convertir una fórmula exitosa en una “zona de confort” (es decir, reproducir más establecimientos de las mismas características anteriores), el Mineduc haya emprendido el desafío de poner a prueba el sello en una modalidad educativa históricamente dejada de lado.

Para evitar y contener situaciones como la que estamos observando en la Universidad del Pacífico, se requiere enfatizar un flujo confiable y abundante de información clave entre las instituciones y la Superintendencia de Educación. Además se debe garantizar que la autonomía de las instituciones no sea vulnerada por la regulación.

El error de la Ley de Inclusión fue ser demasiado extrema en su espíritu: su planteamiento es que toda selección es discriminación, todo mérito es privilegio ilegítimo, toda ventaja es diferencia de clase, y las notas son solo un reflejo de la billetera de los padres. Pasado el fervor, hoy el sentido común parece ver grietas en un discurso tan cerrado.

Quienes se opusieron a las reformas educacionales de Bachelet fueron capaces de identificar con bastante precisión cuales serían las consecuencias de esta política: desfinanciamiento del sistema, pérdida de diversidad y merma en la calidad.

Han habido humildes avances en la implementación de las nuevas normas referentes a la Comisión Nacional de Acreditación. Este es el órgano clave para el aseguramiento de la calidad de la educación superior, presuntamente el foco de la actual administración.

El diseño original de los liceos incluía un apoyo curricular, una elección muy cuidadosa de los directivos y un seguimiento centralizado del Mineduc. Aumentarlos en un 50% pondrá a prueba la capacidad de los equipos para mantener el ritmo y los resultados.

Tras un inicio auspicioso, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) tuvo un triste pasar en el gobierno anterior.

Las instituciones gratuitas -en rigor, el Cruch- no distinguen entre gratuidad y crédito, y exigen que se empeoren las condiciones del SIFS para nivelar esta política para abajo, asimilándola al deficiente diseño de la gratuidad. Así, se ha instalado la idea que gratuidad y nuevo crédito son sistemas en competencia, y que uno prevalecerá por sobre el otro a menos que los dos sean igualmente malos.

Si el ministerio quiere mantenerse fiel al ideario del gobierno, dos elementos son centrales: cualquier resultado de la negociación debe respetar la autonomía de las instituciones de educación superior y evitar la discriminación arbitraria.

Al hacer un recorrido muy resumido por la Ley de Educación Superior, el Ministerio de Educación debe priorizar y concentrar sus esfuerzos en varios elementos. Lo más urgente es asegurar una buena puesta en marcha del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad, en particular la acreditación integral de las instituciones.