A sólo diez semanas de las elecciones, la cuestión del voto obligatorio aún no se resuelve, y desde el lado de la oposición no hay demasiados incentivos para hacerlo. En teoría lo han apoyado, pero en los hechos han puesto obstáculos al acuerdo para establecer una multa a quienes no acudan a votar, lo que, de no aprobarse, convertiría el voto obligatorio en un voto voluntario de facto. La coalición gobernante ha hecho los cálculos y percibe que una mayor participación electoral no le conviene (y sólo el riesgo de bloqueo parlamentario mantiene abierta otra posible salida). Pero tampoco hay que sacarse la suerte entre gitanos: puede suponerse que la cuestión no hubiera sido muy distinta si fuera la derecha la perjudicada.
La obligatoriedad del voto se ha convertido en un gallito por el hecho de haber entrado en la carrera electoral sin haberla zanjado antes. En todo caso, lo relevante ahora no es sólo si la solución que se alcance beneficia a la izquierda o a la derecha, sino sobre todo hacer lo posible por recuperar la importancia del voto en la participación democrática. El sufragio universal ha sido una conquista ardua y su banalización en los últimos quince años no deja de ser asombrosa. En el Chile reciente se ha tendido a confundir la democracia con una concepción muy pobre de la libertad, con la idea de que lo importante es maximizar el derecho mismo de elegir, con independencia de lo que se elige o del resultado de esa dispersión ensimismada de elecciones individuales.
Fue en un gobierno de derecha en el que se introdujo el voto voluntario, en una actitud parecida a la de esos adultos incapaces de encontrar argumentos para exigir estudiar a un adolescente, para animarlo a un esfuerzo que tiene valor. Tras una década empezamos a ser conscientes de los problemas de la desafección y el desapego, de masas de chilenos viviendo en los márgenes de la discusión pública y de las decisiones. Es obvio que no fue sólo la voluntariedad del voto lo que contribuyó a la distancia de millones de personas respecto de sus representantes, pero sería difícil negar que ésta sólo podía acentuar esa brecha.
Lo llamativo es que la derecha individualista que defendió el voto voluntario ha sido remedada por una izquierda también individualista que, más allá del oportunismo electoral, también parece encontrar dificultades para justificar deberes comunes, realidades que nos aten a algo más allá de nuestra propia voluntad. En un sentido, no es distinto al apoyo a los retiros de fondos previsionales tras la pandemia, en los que operaron lógicas análogas. Es, paradójicamente, una exacerbación de lo privado, un nuevo despojo del espacio público, la miopía de pretender construir un país sin ciudadanos, sin ser conscientes de lo que implica promover activamente su desconexión.
La discusión en el Congreso sobre las multas para hacer efectivo el voto obligatorio continuará en octubre, a contadas semanas de las elecciones. Aunque la calculadora electoral ya esté a toda marcha, aún es posible calibrar la hondura de nuestra crisis de representación y los problemas de la desafección política. La inevitable lucha electoral se enfrenta con la pregunta, también inevitable, de qué sentido tiene alcanzar el poder y mantenerse ciegos a estos problemas.
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