La seguridad volvió a estar en el centro de la agenda política luego de que el Presidente José Antonio Kast firmara la reforma constitucional que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La propuesta busca, entre otras materias, consagrar explícitamente la seguridad pública como deber del Estado, crear un registro de organizaciones criminales y terroristas, establecer regímenes penitenciarios diferenciados y generar un nuevo Estado de Excepción constitucional que permita enfrentar a bandas que ejerzan control territorial.

En conversación con El Líbero, el exministro del Interior y de Defensa, Jorge Burgos, valora que La Moneda haya puesto el foco en seguridad y destaca las medidas destinadas a fortalecer a las policías, modernizar el sistema penitenciario y perseguir al crimen organizado. Sin embargo, plantea reparos sobre la reforma constitucional y advierte algunos riesgos de incorporar de manera permanente a las Fuerzas Armadas a funciones de seguridad pública.

Además, aborda el rol que deberá jugar la oposición, con la exministra Carolina Tohá como posible «vocera» del sector ante una nueva negociación con el gobierno y sostiene que el Socialismo Democrático debería distinguirse de las posiciones del Partido Comunista y del Frente Amplio en esto.

«A partir de la llegada de Arrau se ha visto un derrotero más claro»

—El Presidente Kast firmó el proyecto de ley de reforma constitucional de la ACOT, el segundo hito después del plan de Reconstrucción Nacional… El Mandatario dijo que “no hay libertad sin seguridad«. ¿Cómo interpreta esta iniciativa del gobierno y qué tan necesaria cree que es esta agenda en el Chile actual?

—La libertad que tenemos todos en una democracia se ve complejizada, probablemente no se pierde absolutamente, pero sí se ve complejizada cuando la seguridad se echa a perder, se restringe. En eso yo comparto el juicio, menos categórico, pero sí comparto que es muy importante que una sociedad democrática, libre, se desarrolle en un ambiente de seguridad. En todos los aspectos. También seguridad ciudadana, por cierto. Yo valoro que el gobierno y el Presidente de la República tengan una preocupación por el tema de la seguridad y hagan un paquete de propuestas para mejorar la posición del Estado frente a los síntomas de inseguridad que persiguen al país desde hace muchos años. Si uno revisa las encuestas de opinión o los informes sobre seguridad de las últimas dos décadas, la seguridad está en el primer o segundo lugar. Obviamente que ha crecido la sensación de inseguridad y nos pone como un país que se siente muy inseguro, incluso más allá de la victimización real. Lo cierto es que los chilenos nos sentimos inseguros y de eso los gobiernos tienen que hacerse parte, porque son obviamente un elemento central para mejorar las condiciones de seguridad.

—¿Cree que esta agenda es una buena señal, tras las críticas que hubo al principio respecto a una “improvisación” en la agenda de seguridad, con la salida de la ministra Steinert y la llegada de Martín Arrau?

—El gobierno actual venía con una carga muy importante en materia de seguridad, porque la gente había creído que se iba a hacer un cambio sustancial en materia de seguridad y que había un antes y un después en esta materia… Pero fue un comienzo dubitativo, con mala selección, un enredo brutal respecto a si había que dictar un plan nuevo, una estrategia nueva o no. Eso fue cortado por lo sano, cambió el equipo completo. Y llega una persona de la confianza del Presidente, el ministro Martín Arrau. Y, a partir de su llegada, uno ha visto un cierto derrotero mucho más claro de hacia dónde quiere ir el gobierno. Él empezó con una cosa que yo valoro, decir que el plan de seguridad existe, que lo dictó el gobierno pasado, está en ejecución, está empezando. Que ellos pueden poner algunos énfasis, definir algunas estrategias conforme a la ley, pero que iban a ocupar la estructura del Ministerio de Seguridad Pública, ocupando todas sus capacidades…. Cosa bien importante también, porque no hay que olvidar que fue gente muy cercana a este gobierno, el propio Presidente de la República, que fue sumamente crítico del Ministerio de Seguridad (…). Entonces, un mal comienzo, pero ha mejorado. El gobierno anterior también empezó muy mal en materia de seguridad y con la llegada de Carolina Tohá eso se ordenó mucho. Se sacó adelante este acuerdo de fast track de Tohá-Coloma, y de ahí salieron leyes muy importantes hoy día en ejecución. La Naín-Retamal, el Ministerio de Seguridad, la Ley Antiterrorista, etcétera. Entonces creo que hemos tenido ya dos gobiernos que han empezado malitos en seguridad, pero han ido mejorando. Y creo que hoy día hay que evaluarlo por lo que está haciendo y me parecen interesantes estas propuestas.

—¿Qué le parece esta agenda, entonces?

—Obviamente que dentro del paquete de cosas que se anunciaron ahora y que se han anunciado antes, uno puede distinguir. Por ejemplo, hubo una medida bien interesante, destinada a mejorar las condiciones en que se desarrolla la carrera de Carabineros y la PDI, y también el ingreso a las escuelas de suboficiales. El aumento de lo que se les paga es más de un 100%, y creo que es súper atractivo e interesante. El pago de asignaciones por riesgo después, cuando se está en la carrera, también con aumentos muy importantes, es muy central. Nosotros tenemos un problema, el rol de Carabineros llegó a ser de 60 mil hace algunos años y entiendo que ha bajado al orden de los 53 mil, es decir, se ha ido gente y no lo han podido renovar. Cuando uno sube los incentivos económicos, ayuda. Y creo que esa medida es súper importante. Respecto de este plan, tiene de todo. Todo lo que tiene que ver con régimen penitenciario, es decir, con tener cárceles en condiciones de dignidad, con más seguridad, con más agrupamiento de reos peligrosos versus menos peligrosos o con menos compromiso delictual, me parece bien (…). Es muy importante este régimen nuevo que tenemos, que Gendarmería, en cuanto a la cautela de los presos, pasa a depender del Ministerio de Seguridad y, en cuanto a las políticas de reinserción es otro esquema y dependa del Ministerio de Justicia, y esa ley tiene que dictarse. Es muy importante un sistema de reinserción potente.

-¿Ve alguna medida de la ACOT que le parezca particularmente eficaz y que debiera aprobarse prácticamente sin modificaciones?

—Sí, las mejores condiciones de funcionamiento y modernización de las policías es un punto que hay que aprobarlo rápidamente porque es indispensable. Creo también que el tema de avanzar en modernizaciones en Gendarmería, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista de construcción de cárceles, también es súper importante. Hay otras medidas sobre el crimen organizado que son interesantes de ejecutar. Hay una cantidad de cosas que debieran ser de relativamente fácil despacho. Y el ponerle la debida urgencia a aquellas cuestiones que están pendientes desde el punto de vista legislativo, entre ellas está el tema de llegar a una decisión respecto de las reglas del uso de la fuerza. Creo que es básico y es bueno que eso se resuelva de una vez por todas. Está en una comisión mixta… Llegar a un acuerdo en el tema del levantamiento del secreto bancario en la lucha contra el crimen organizado también es súper importante, es una herramienta que necesitamos. Necesitamos permitir a la UAF que, en determinadas condiciones, antes que se inicien las investigaciones judiciales, cuando hay sospechas por movimientos de cuentas, pueda meterse en esas cuentas y poder dotar de mejor información al Ministerio Público cuando corresponda. En fin, creo que hay muchas cosas positivas en el proyecto y hay otras que son más discutibles. Y otras que uno echa en falta.

«A este plan le faltan más propuestas en materia de prevención del delito»

—¿Cuáles echa en falta?

—A este plan y a planes de anteriores gobiernos, les faltan más propuestas en materia de prevención del delito. Yo creo que está bien que el centro sea perseguir, punir, condenar, y no nos podemos hacer los lesos, porque tenemos una delincuencia más jodida, más violenta, más grande en varios aspectos, y tenemos que actuar con toda la fuerza. Pero tenemos también que preocuparnos de las situaciones que muchas veces tienen que ver con la incorporación de personas en las carreras delictuales. Y yo creo que ahí tenemos un inconveniente en nuestra sociedad. Tenemos muchos jóvenes carenciados, vulnerados, con graves problemas de constitución familiar, problemas de oportunidades, mucho abandono en el colegio y mucho joven que se incorpora a carreras delictuales, que se incorpora al tema del microtráfico muy joven. Y el Estado tiene que invertir más en el Servicio de Mejor Niñez para la atención temprana de los niños. Se ven tentados muchas veces por la facilidad que significa tener dinero fácil, aunque sea redundante, producto de la participación delictual. Y esas carreras duran varios años, y terminan creciendo la masa delictual. Yo creo que ahí falta creatividad, falta propuesta. Yo sé que son inversiones de mediano y largo plazo y son poco atractivas, pero hay que hacerlo. Lo otro es hacernos los lesos respecto de la causa y solo estar más bien preocupados de los efectos.

—El ministro Arrau respondió que el gobierno pondrá urgencia al proyecto que sanciona el reclutamiento de menores y estudia programas de intervención temprana…

—Lo del reclutamiento de menores me parece bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso ya es ex post, es cuando ya el joven está en la carrera delictual. Yo estoy pensando en cómo somos capaces, y esto no es una crítica a este gobierno, es una crítica a nuestra sociedad, porque hemos sido pobres y no le hemos dado la importancia que tiene la anticipación social del delito. ¿Cómo metemos más plata en la atención temprana, en el tema de la prevención del consumo de droga? Tenemos grados de prevalencia de los más grandes de Sudamérica, en algunos tipos de droga. Eso es una cosa que sigue pendiente.

—Respecto al debate que se ha dado por el establecimiento de la seguridad pública como deber del Estado en la Constitución, ¿usted cree que una reforma constitucional podría solucionar el problema de la seguridad y generar, efectivamente, algún efecto práctico y concreto?

—No creo. Yo creo que son reformas más bien simbólicas que eficaces. A veces los simbolismos les sirven a los gobiernos. Pero la pregunta de fondo es si puedes tener un antes y un después en materia de seguridad si es que se pone una norma más específica en la Constitución, y yo creo que no. Y puede ocurrir la sensación de que eso va a ocurrir y, en consecuencia, como no ocurre, yo puedo demandar al Estado porque no me está dando un servicio. Esa lógica de establecer derechos sine qua non en la Constitución es una lógica que me huele a la primera Convención. Cuidado con eso, porque es muy difícil, es muy complejo. Tiene que ver con recursos, tiene que ver con leyes. Entonces, desde esa mirada primitiva, yo tengo algunas dudas respecto de que esto sea eficaz.

«Detrás de estas reformas constitucionales está el fallo del TC en materia de Escuelas Protegidas»

—El Presidente sostuvo que esta reforma va a buscar sustento constitucional a herramientas posteriores y evitar que después esto sea objetado en el Tribunal Constitucional, ¿cómo ve ese argumento?

—Sí, yo creo que detrás de estas reformas constitucionales en materia de seguridad está el fallo del Tribunal Constitucional en materia de Escuelas Protegidas. Eso parece que le marcó al gobierno, de correr el riesgo de que les echen atrás las leyes y que pongan esto en sede constitucional, porque al final, si queda en la Constitución, eso no lo puede ver el Tribunal Constitucional, porque tiene que ver las leyes contrarias a la Constitución, pero lo que queda en la Constitución está fuera del mandato del TC. Aunque hay constitucionalistas que tienen tesis contrarias a esa materia. Ahora, ese es el origen. Yo reconozco el origen, pero veamos cuánto va a ayudar. Y ese es el tema, de cómo combatimos mejor la inseguridad. Yo creo que, en materia constitucional, nuestra Constitución hoy día tiene muchas normas que hablan del deber del Estado de dar seguridad, desde el primer artículo que establece las obligaciones del Presidente de la República, ahí dice que él está a cargo de todo lo que ocurra en materia de seguridad interior. Entonces, tengo mis dudas de si es necesario. Nos vamos a meter en una discusión constitucional que nos va a llevar mucho tiempo. Esto requiere 4/7, un acuerdo mayoritario. Es una reforma dura desde el punto de vista de los quórums.

—¿Como ve usted el debate sobre el rol de las FF.AA.?

—Hay una decisión, no sé si profundamente analizada, de incorporar o crear las condiciones para incorporar de manera bastante definitiva a nuestras Fuerzas Armadas en la lucha de la seguridad pública. Y eso yo lo encuentro súper complejo. Eso requiere una discusión mucho más profunda, porque nuestro esquema institucional en materia de Fuerzas Armadas, desde la Constitución del 80 y mucho antes también, dan cuenta de otras cosas. ¿Nos vamos a cambiar de caballo creando un estado de excepción más laxo que permita la presencia de las Fuerzas Armadas? ¿Vamos a establecer alguna modificación al artículo 101 que permita a las Fuerzas Armadas? ¿Están preparadas las Fuerzas Armadas para eso? ¿Cuáles son las leyes orgánicas sobre eso? Yo creo que ahí hay un tema súper complicado de entregarle atribuciones policiales a las Fuerzas Armadas. Va a haber un debate de la gente experta en Defensa, de los constitucionalistas, pero creo que va a ser un debate que nos va a llevar bastante tiempo, porque es un cambio copernicano.

—En su experiencia, ¿qué rol concreto deberían tener las Fuerzas Armadas bajo este nuevo estado de excepción que propone el gobierno?

—Los hechos te muestran que el estado de excepción de emergencia ha servido. En la Macrozona Sur, donde llevamos cuatro años de excepcionalidad, ha habido una disminución muy importante de los delitos. Y en eso ha tenido que ver la presencia de las Fuerzas Armadas. Uno podría estudiar una modificación a la Ley Orgánica del Estado de Emergencia, que no se modifica desde el año 85, y establecer ahí algunas medidas más concretas que respeten la Constitución. Pero, nos vamos a enredar con un nuevo estado de excepción (…). ¿Nosotros estamos en condiciones de destinar nuestras Fuerzas Armadas al tema de la seguridad interior? Tengo mis dudas. Entonces, más cautela. Que la necesidad urgente de dar señales frente al crimen organizado, y estoy de acuerdo, no nos lleve a cometer errores estructurales que nos cuesten mucho en el tiempo.

—El ministro Arrau dijo que “los estados de excepción fueron pensados para guerras, catástrofes, desordenes públicos, pero ninguno para recuperación de barrios de bandas criminales”. ¿Está de acuerdo?

—Ese punto se lo concedo, pero acotadamente. Yo creo que se puede declarar estado de emergencia incluso en la mitad de una comuna con las leyes actuales. Estoy de acuerdo en que pudiera buscarse un esfuerzo en el actual estado de emergencia de ponerlo más a disposición de la seguridad que del orden público, pero con prudencia, no entregándole cuestiones policiales, intercepción telefónica. Lo puede hacer la policía, que también actúa en un estado de emergencia.

«La exministra Tohá tiene que aportar en eso, porque ella marcó un punto de inflexión en materia de seguridad«

—¿Cómo cree que será la respuesta de la oposición? ¿Puede haber un intento de judicializar esto, o no tendrán margen para oponerse a una propuesta como esta, considerando encuestas como Panel Ciudadano, con un fuerte respaldo a las medidas anunciadas?

—Esto no es fácil. Es cierto lo que dices. Las encuestas, en general en este y en otros momentos, apoyan estas medidas. Lo importante es que la oposición tenga una voz, ojalá, o dos voces respecto de ciertos temas, que sea capaz de distinguir lo central de lo que no es tan central. Yo creo que tiene buena gente para ayudar en eso. Probablemente le pidan a la exministra Tohá que sea la vocera. La exministra Tohá creo que tiene que aportar en eso, porque ella marcó un punto de inflexión en materia de seguridad bien interesante (…). Este es un debate que requiere acuerdos, porque cuatro séptimos no los tiene nadie, ni con el PDG. O sea, el rol del PDG de bisagra, aquí no corre. Se requiere gran acuerdo. Yo eché de menos en esto un intento prelegislativo, antes de mandarlo, sentarse a una mesa y ver en qué estamos de acuerdo y en desacuerdo. Eso pasó no hace mucho en el acuerdo Tohá-Coloma.

—Con el apoyo del Frente Amplio y del Partido Socialista están perfilando a la exministra Carolina Tohá como vocera opositora ante este nuevo debate con el gobierno. ¿Le parece eso correcto? ¿Cree que su ex sector, el Socialismo Democrático, tomará distancia de la izquierda más radical que históricamente se ha opuesto a los temas de seguridad?

—Sin duda. Yo distinguiría. Yo creo que en el Frente Amplio hubo un pragmatismo en su gobierno y apoyaron leyes en el Ministerio de Seguridad y otras. Fueron cambiando por pragmatismo o por convencimiento, no sé, pero fueron cambiando. El Partido Comunista es más duro en eso y no va a cambiar. Desde esa perspectiva, a mí me gustaría que la vocería fuera una vocería más bien del mundo del Socialismo Democrático, que la vocería recoja opiniones y no termine la oposición marchando al ritmo que le ponga el PC y el Frente Amplio. Por cierto que me gustaría. Creo que le hace mucho mejor a ese mundo, que a mí me interpreta en muchas cosas, distinguirse de los excesos o las intensidades que normalmente tiene la izquierda en estas materias.

—¿Es posible que efectivamente el Socialismo Democrático tome distancia del Frente Amplio y el PC, considerando la figura de Carolina Tohá?

—Más allá de la figura de Carolina Tohá, creo que en algunas materias puede haber diferenciaciones. Las ha habido en algunos temas de seguridad. Creo que en este intento, por ejemplo, de rebajar ciertas connotaciones de tipificación u otras en la Ley Naín-Retamal, quedó solo el Partido Comunista. Entonces, yo creo que puede darse.

—¿Le parece que Tohá es la figura?

—Me parece que Carolina Tohá es una persona que tiene la experiencia de haber sido ministra del Interior y Seguridad, junto con Cordero, y habrá otra gente que les pueda parecer interesante. Yo tengo claro que todo lo que huele a la Concertación, como soy yo, no lo van a llamar y no les va a interesar, porque les parecemos alguien del pasado, que no tenemos nada que aportar. Pero bueno, yo feliz hablando y poniendo mis ideas. No tengo otro interés.

—¿Pero usted cree que esta agenda ACOT se debiera aprobar, considerando el apoyo mayoritario que tiene en la ciudadanía?

—Yo soy optimista en la medida que el gobierno sea capaz de negociar lo central, sea capaz de oír y sea capaz de buscar un gran acuerdo. Y que no se quede con que, si votan en contra y no están los quórums, ustedes se llevan la impopularidad. Eso no sería bueno para el país.