El juez de garantía de Iquique Diego Reyes ordenó que cuatro delincuentes de alta peligrosidad de origen chino, Longdi Chen, Wu Chen y Wen Chen fueran reintegrados a la cárcel de Alto Hospicio, donde con otras normas de seguridad, volverán a estar confortablemente y un cuarto, Yonjie Cheng a Santiago 1, lugar desde donde fueran trasladados en la Operación Cancerbero.
Estos delincuentes, considerados de alta peligrosidad, enfrentan cargos por asociación ilícita y lavado de activos por más de $160.000 MM y es por eso por lo que estaban entre los 1.500 reos que fueron trasladados al Complejo Penitenciario La Laguna de Talca, inaugurado en 2025, siendo considerado el más moderno y el más seguro del país.
Las razones que llevaron al Juzgado de Garantía de Iquique a resolver en favor de los cuatro delincuentes se basaron en que el reporte técnico enviado por Gendarmería no habría cumplido con el estándar legal requerido para justificar y sustentar el traslado de estos mafiosos. A principios de agosto, los imputados interpusieron un recurso para revertir su traslado a Talca, arguyendo razones de arraigo familiar, a lo que accedió la justicia. Cabe preguntarnos si se justifica dejar sin efecto el traslado de esos delincuentes cuando por ley la decisión sobre el recinto carcelario donde una persona cumpla su condena es facultad privativa de la administración penitenciaria. Y esto ha ocurrido también en la Macrozona, donde se les otorgan garantías a terroristas por razones de etnia.
Algunos medios calificaron esta resolución como un duro golpe al gobierno y su Operación Cancerbero, pero lo cierto es que no se trata de un revés del Gobierno, se trata más bien de un duro golpe al combate al crimen organizado y por ende un golpe a Chile y a todos los chilenos cuya principal preocupación es la seguridad.
Lo sucedido demanda una profunda reflexión sobre la administración de justicia, es decir, las instituciones, procedimientos, actores y sistemas encargados de aplicar la ley y garantizar el acceso a la justicia en una sociedad, resolver conflictos legales, proteger los derechos de los ciudadanos y mantener el orden social, pues más allá del caso del clan Chen, existe inquietud por el hecho que Carabineros sigue constatando que al detener delincuentes muchos son reincidentes, con detenciones previas, pero andan libres.
En el reporte Carabineros en Cifras, Cuenta Pública 2025 se entregan datos oficiales que nos informan que, de un total de 363.899 aprehensiones en el año, 278.695 (76,6%) fueron derivados a Fiscalía y 85.204 (23,4%) a otros tribunales.
Pero lo más grave de estas cifras es que un 35% de los aprehendidos tenían 2 a 4 detenciones previas y un 20%, 5 o más. Esto nos indica que 55% de los 363.899 aprehendidos en 2025, aproximadamente 200.144 delincuentes ya habían sido detenidos al menos una vez. Y en ese documento se aclara que “se debe considerar que los aprehendidos con reiteraciones corresponden a la cantidad de veces que las mismas personas fueron detenidas en los últimos 6 años hasta el 31 de diciembre de 2025”.
Otro dato importante es que, en el megaoperativo de marzo de este año, capturaron 2.905 prófugos en tres días. De un operativo específico, 97% estaba con orden vigente y 1.105 era reincidentes (38%). Y como lo informara La Tercera existe un delincuente, Daniel Ulloa Castillo de Chiguayante, que cuenta con 119 detenciones acumuladas por diversos delitos. Ha sido formalizado 60 veces y este año tiene dos detenciones, pero está libre.
Lo extraño de todos estos casos es que el 4 de septiembre de 2024 se promulgó la ley 21.694, destinada a mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social, pero da la impresión de que no ha tenido efecto alguno o no se ha aplicado como se debe, porque la reincidencia es manifiesta y el caso del clan Chen, es aún más evidente.
Dicho lo anterior, todo indica que existe la necesidad urgente de introducir reformas a la administración de justicia, ya sea en la Constitución, como lo plantea el Gobierno, o en el Código Penal o donde sea necesario para terminar definitivamente con la negativa puerta giratoria e impedir que ocurran fallos que atentan contra un combate efectivo al crimen organizado, como es el caso del clan Chen.
De no ocurrir, será muy difícil vencer a la criminalidad y recuperar la seguridad que el país espera con ansias.
Las dos cosas. Se requiere tanto reformas a la CPR para hacer frente efectivo al crimen organizado y al terrorismo, como también una profunda reformulacion del sistema judicial, garantista y pro delincuentes, muchos jueces activistas y pusilánimes.
No sacamos nada con mejorar las capacidades de las policías y gendarmería sino revisamos el proceso completo, que incluye el sistema judicial como un todo. Bien Jaime con esta columna. Saludos, R