Una nueva semana, un nuevo escándalo

No hay semana en que no conozcamos un nuevo escándalo de aprovechamiento del Estado con fines espurios. Como si el caso ProCultura no fuera lo suficientemente indignante, el que la Contraloría detectara que 25.078 empleados públicos viajaron fuera del país a pesar de estar con licencia médica y reposo, indica que estamos ante un mega fraude inaceptable.

El período investigado fueron los años 2023/2024, tiempo en el que se emitieron 35.585 licencias médicas, 69% de las cuales fueron entregadas por Fonasa y un 31% por Isapres. Y los titulares de esas licencias -los 25.078 empleados-  entraron y salieron del país 59.575 veces durante los días de reposo. Otro dato emanado del informe de la Contraloría es que en esos dos años, 125 de estos esforzados trabajadores registran entre 16 y 30 entradas/salidas del país durante el período de su licencia  médica y que 13 servicios concentran el 25% de esas 35.585 licencias, con un  promedio de 17,7 días de reposo.

Este acto de sinvergüenzura extrema felizmente pudo ser detectado gracias a la intervención de la actual Contraloría, que se dio el trabajo de cruzar  licencias médicas con información provista por la PDI de las personas que registraron salidas del país, descubriéndose este engaño que violenta y daña la fe pública.

Lo más probable es que nunca pensaron que los iban a descubrir, porque si hubieran sabido que la Contraloría iba a chequear la validez de las licencias, lo más probable es que no se hubieran atrevido a salir del país, aunque podrían haberse tomado vacaciones en Chile y quizás no se hubiera tenido acceso a esta estafa monumental al Estado y a todos nosotros, los contribuyentes.

 Lo otro que se desprende de esto, es que el atrevimiento a hacer lo que hicieron da para pensar que puede haber sido una práctica habitual y como nunca antes se había controlado, entonces continuaron haciéndolo. ¿Y cuántas licencias falsas habrá no descubiertas, días no trabajados, atenciones no realizadas  y un fraude aún más grande?

Dicho  lo anterior, dejo planteadas algunas preguntas que sin duda requieren respuestas, por la dimensión del escándalo.

Lo primero a saber es cuántos de esos 25.078 funcionarios públicos forman parte de los 100.000 nuevos empleados contratados por este gobierno y cuantos provienen de contrataciones anteriores. Es vital conocer este dato, porque de esos 100.000 nuevos cargos no se conoce qué hacen, dónde trabajan, si se los ha evaluado y qué le aportan al país.

Adicionalmente, es relevante conocer que funciones cumplen los del fraude; si son jefes de servicio, subalternos, contratados o a contrata y cuando ingresaron al Estado; si sus funciones fueron asumidas por terceros teniendo que pagar horas extraordinarias ante la ausencia de estos y por supuesto, qué médicos les otorgaron licencias cuando no estaban enfermos. Es tal el desparpajo que uno de ellos que trabaja en un servicio de Salud, se auto otorgó licencia y viajó al extranjero durante el período de reposo.

Más importante aún es dimensionar lo que significan 35.585 licencias con un promedio de 17,7 días de reposo. Las matemáticas indican que esos permisos equivalen a 629.855 días no trabajados por estos señores. Si suponemos que dichos funcionarios atendían promedio 6 horas diarias, dejaron de prestar al menos 3.8 millones de horas de atención a público en dos años, aunque son más. Tan solo la Junji, el servicio con más licencias falsas, 2280 casos, atiende 9 horas diarias. Pero el promedio permite tener una dimensión global de lo que significa el fraude de estos “servidores públicos”.

Si 25.078 empleados del Estado pueden defraudar al Fisco, declarándose enfermos cuando están sanos, quiere decir que están demás y no se necesitan. Esto es un claro ejemplo de la urgencia de hacer un detallado inventario para terminar con los excesos de gasto estatal en contrataciones injustificadas, con todos los programas públicos inservibles por millones de dólares despilfarrados y por cierto con los hasta $11MM al año en horas extras que hacen funcionarios públicos, como publicara el jueves pasado una investigación del diario La Segunda.

Chile lo necesita, los contribuyentes  lo exigen.