Un Estado de Chile efectivo y eficiente, una necesidad de Seguridad Nacional

El gobierno del Presidente José Antonio Kast declara tener dos prioridades básicas y fundamentales, la recuperación de la economía y la seguridad pública. La primera se ataca por la vía del proyecto de “Ley para la Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, y el segundo, a través de las múltiples acciones, iniciativas, programas y planes que está desarrollando con mucha fuerza el ministro Martín Arrau junto a su equipo, las policías, Gendarmería y muchos otros más.

Hay un tema adicional, que con el pasar de los primeros días de gobierno, debiera pasar a ser la tercera gran prioridad de la actual administración, la eficacia y eficiencia con que opera el Estado Chileno. Casos como la Operación Tokio o el de los niños haitianos supuestamente no hallados dejan claro que no sólo el Estado chileno es grande y caro, es decir, ineficiente, sino además que inefectivo a la hora de cumplir con sus obligaciones más básicas, la seguridad y protección que les debe dar a todos los chilenos y quienes habitan el territorio de la república. “Sad but true”, pero así es la cosa.

Chile es para todos los fines un estado de bienestar, una mala idea copiada a los europeos, que fue impulsado localmente por la centroizquierda y la centroderecha, y que no ha sido cambiado por el gobierno que arrancó en marzo de 2026, no visualizándose en lo inmediato iniciativas que busquen reducir su tamaño y costo. Un 60% del presupuesto nacional para el 2026 se podría categorizar como social, es decir, salud, educación, previsión, vivienda, y desarrollo social, dedicándose sólo a aspectos fundamentales como la seguridad pública y la defensa nacional algo menos del 5%.

Está claro, y así lo tienen claro los políticos, que la base de ingresos no es capaz de manejar el actual gasto corriente, requiriéndose incluso de deuda para ser capaces de cubrir con las obligaciones asumidas en materias de educación, salud y previsión. Nadie quiere que haya chilenos que no tengan alimentación, salud, educación, y previsión, pero ello no puede ser a costa de deuda y del derecho a una seguridad pública, un derecho que los ciudadanos en el contrato social delegamos al gobierno democráticamente elegido. Por de pronto, y en ausencia de voluntad política para revisar el tamaño y costo del gasto social, lo que sólo queda es buscar que seamos más eficientes con lo que hay, y no haya desperdicio de fondos públicos, como es el caso de cobrar las deudas impagas por conceptos de CAE y becas para estudiar fuera de Chile.

Se entiende que el tema de la eficiencia del Estado es importante, pero que su trabajo exige tiempo y foco que muchas veces el gobierno no tiene cuando dominan las emergencias y la contingencia, pero ello no implica que, independiente del tamaño del Estado, no haya una preocupación en que el Estado que tenemos funcione y sea efectivo. Sabemos que ello no fue una preocupación del gobierno que tuvimos entre marzo del 2022 y marzo del 2026, pero que después de saber de los casos de lavado de activos y de niños perdidos no podemos no tomar acción buscando que por lo menos su actuar sea efectivo.

Los ingenieros lo van a entender. La estructura del Estado no está diseñada en torno a procesos o sistemas sino con lógica legal administrativa. Aparentemente todas las agencias e instituciones estatales relacionadas al caso de los niños haitianos habrían cumplido con lo que se esperaba de ellos, pero a pesar de eso, de una muestra inicial de 105 sólo se encontraron 41 debiendo realizarse esfuerzos extraordinarios para encontrar otros 52 a una semana de conocerse el preinforme de la Contraloría General de la República (CGR). Chile es el campeón de la reacción, pero no siempre es capaz de que las cosas funcionen bien desde un comienzo. ¿Quién es el dueño del proceso ingreso de niños a Chile bajo la lógica de reunificación familiar? Es algo que aún no tengo claro, pero todo indica y parece que debiera ser el Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior, el que después de todo el lío que se generó aún no asume su responsabilidad, siendo menos entendible aún el que se le pida a la ministra de Desarrollo Social liderar los esfuerzos para encontrar los niños perdidos, o de asegurar que las 19.141 visas de reunificación familiar fueron bien otorgadas, y que todos los receptores de ellas están vivos, sanos y a resguardo.

Si no le pedimos a quien es el dueño del proceso que se haga cargo del problema, flaco favor estamos haciendo. No todo lo que no funciona en Chile debe ser asignado a los ministros estrellas del gobierno. Si lo hacemos, el resto de las agencias e instituciones nunca van a mejorar la efectividad de los procesos que tienen a cargo. “Food for thought” para el equipo del segundo piso de la Moneda.

El caso de la Operación Tokio es otro caso que demuestra que nuestros procesos son inefectivos y que los sistemas no producen resultados positivos. Lo único que se logró con la Operación Tokio fue, aparte de saber que nos habían lavado US$ 80 millones, detener y formalizar aproximadamente una veintena de personas, incautar no más del 0,5% de los fondos lavados a través de la Banca, ello a pesar de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviadas por los bancos afectados, los que posteriormente fueron derivados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al Ministerio Público, algunos incluso antes de que se incautara un celular en el 2024 en el lugar del asesinato de cinco personas en las afueras de Santiago, en Lampa.

Por procesos efectivos en seguridad pública me refiero a aquellos que eliminan capacidades del crimen organizado para recaudar o lavar dinero. También me refiero a los procesos policiales que previenen la ocurrencia de delitos. Ser efectivo implica en seguridad pública meterle la mano al bolsillo del criminal o evitar que se produzcan asesinatos, robos, daños a la propiedad pública o privada y así otros más.

No todo es malo y tenemos algunos buenos ejemplos para seguir. La incautación de aproximadamente 108 toneladas de droga impregnada en madera (ketamina y cocaína) en Arica hace un par de semanas es una demostración de efectividad. El narco dejó de ganar varios miles de millones de dólares, algo que no les gusta y les duele, que no es lo mismo que les detengan gente que rápidamente pueden reemplazar.

Todo ministerio, institución o agencia del Estado de Chile debe tener claro cuál es su propósito, y, por ende, qué se espera en términos de resultados, de eficacia, y cumplimiento de objetivos y metas. Lo mismo aplica a los sistemas o procesos que manejan. Quizás le debemos pedir a la CGR que aparte de auditar el uso de los recursos y la legalidad de los actos, se asegure que sepan para qué están y si su actuar se condice con ello.

La columna de Gerardo Varela en el cuerpo de reportajes de El Mercurio del domingo 21 de junio retrata bien lo que indico. Gerardo coloca buena parte de la ineficacia e ineficiencia estatal en su condición de monopolio, condición poco habitual en el sector privado, el que, por estar obligado a competir, no se puede dar los lujos antes mencionados, ya que, de lo contrario, al ser inefectivos e ineficientes, dejan de existir.

Las cuentas públicas que se concentran en lo realizado y no en el cumplimiento de las metas u objetivos no son las que queremos tener. Detener delincuentes que sean rápidamente reemplazables si bien es cierto es positivo, pero que sin la incautación de bienes o dinero dejan de tener la efectividad que buscamos.

Lo mínimo que esperamos es que los servicios del Estado funcionen, funcionen bien y efectivamente, y ojalá a buen costo. Eso incluye saber siempre dónde están los niños que vienen de Haití, que el sistema financiero no sea utilizado para lavar activos, o que podamos salir tranquilos de noche sin temor a ser asaltados, y que no permitamos a los criminales dominar nuestras vidas o afectar a nuestras familias. Llegó la hora del Estado efectivo y eficiente, llegó la hora de los sistemas y procesos, de los propósitos y objetivos, del cumplimiento de metas, del control y las auditorías, y por qué no, de un buen y oportuno Sistema Nacional de Inteligencia.

Hecho lo anterior, y ojalá en este gobierno, nos dedicamos a la eficiencia, a la reducción del gasto y a tener el Estado que podemos financiar, pero siempre cuidando que primero es la efectividad y después la eficiencia.