Tiempos interesantes vive el hemisferio. No hay una semana sin alguna novedad útil para quienes se interesan en la evolución política de la región. Un punto clave de estos momentos es el realineamiento estratégico de varios países con EE.UU., cuyos ribetes entroncan necesariamente con la disputa global con China.
En esta sucesión de ajustes, la transición venezolana es bastante central. No sólo por tratarse de un eslabón prioritario para EE.UU. (asunto más que categórico), sino también por su cercanía geográfica con varios países de la región que han recibido un torbellino de inmigrantes, cuyo destino dependerá en definitiva del tránsito político que vive Caracas.
La transición venezolana es, además, muy esclarecedora para quienes tienen interés teórico en estas materias, pues ha puesto de actualidad la pregunta de si conviene privilegiar el poder efectivo por sobre la legitimidad democrática o viceversa.
Pero más allá de las disquisiciones, tal interrogante inquieta de manera preferente a la administración Trump -el principal actor en esta puesta en escena-, ya que de su definición dependerá la característica principal que tenga la nueva Venezuela. Por lo menos, en la primera etapa post-Maduro.
Peter Turchin, en su Final de Partida, denomina genéricamente “el momento Nerón” al instante en que un ciclo político llega a su fin y aparecen señales que otro comienza de forma irremediable e irreversible (por las razones más diversas). Turchin lo conecta al año 68 d.C., cuando Nerón descubre su soledad política total.
Aquel instante definitivo es asimilable, en la realidad de la Venezuela chavista, a ese dramático minuto cuando Maduro es extraído y el país entra por unas horas a nebulosa también total. Hasta que aparece en escena Delcy Rodríguez. Es el inicio de la “transición protegida”.
Ahora la duda es acerca de lo prioritario. ¿El poder efectivo o la legitimidad democrática?
No se necesitan fórmulas matemáticas para llegar a tal planteamiento. Basta reflexionar sobre quién ejerce el mando, aunque sea de forma momentánea, qué espacios reales tienen las élites maduristas para mantener su posición dominante y cómo se está produciendo el cambio de una élite gobernante a otra. Por ahora, todo se reduce a un ejercicio adivinatorio. Sin embargo, hay algunos elementos identificables que podrían determinar las decisiones.
El primero de ellos -ese que debe estar removiendo la imaginación y agotando los esfuerzos en Washington- es dar con una fórmula poseedora de la mayor carga estabilizadora posible. Sin dudas, una tarea épica.
Y es que Venezuela nunca fue un cantón suizo. Además, el “comunismo tropical”, con Chávez y Maduro, llevó el ejercicio caótico del poder a niveles delirantes.
Por estos días, es muy probable que en el equipo diseñador estadounidense se esté produciendo un debate no menor entre dos almas (como ocurre en muchas circunstancias políticas). Una, jugando con la idea de que lo mejor es dejar todo en manos celestiales, apostando a una desintegración institucional que obligue a una intervención militar mayor. En esa perspectiva, elecciones generales, que otorguen legitimidad a lo que exista, pueden esperar. Es una opción que requiere los menores aspavientos democráticos posibles. Otra alma debe estar alertando sobre el posible síndrome de Irak, o de Afganistán, y enfatizando la importancia de una gradualidad, donde la hegemonía de Delcy y su entorno no se extienda más allá de lo estrictamente necesario.
Un segundo elemento identificable es la imprescindible calendarización de cualquiera de las opciones en vista. No se trata de un asunto menor. El estado actual, si se prolonga ad infinitum, puede confundirse con inacción; algo que en política suele ser fatal.
No extraña entonces que observadores compenetrados con esta “transición protegida” comenten la eventualidad de que, mientras se toman las decisiones gruesas, se inicie en el segundo semestre el despliegue de un contingente de unos tres mil especialistas para que asuman diversas áreas en la administración temporal del país. Objetivo básico sería restaurar infraestructuras. Hay una fuerte demanda de ingenieros militares. El país necesita recuperar carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas y de abastecimiento de agua. Hay muchos edificios públicos dañados. No sólo por los terremotos, sino por décadas de nula atención.
Un tercer elemento a considerar es qué grupo político doméstico es más útil en el mediano plazo, pensando en la capacidad de ejercer poder efectivo. El “sentido común” indica que una transición excesivamente apoyada en las mismas figuras del madurismo corre el riesgo, tanto de ponerle un balón de oxígeno, como de dejar de lado a quienes obtuvieron la legitimidad política en las elecciones presidenciales de 2024. Las jugarretas que se han conocido estas últimas semanas, de Maduro y su entorno con Rodríguez Zapatero y las eternas “conversaciones de paz”, demuestran que estos grupos tienen siete vidas (o más).
De manera algo tímida si se quiere, los estadounidenses han dado algunos pasos estas últimas semanas para tratar de unificar criterios entre estos grupos, con el ánimo de hacer germinar una hegemonía transversal y crear una atmósfera política postmadurista. Han forzado a las dos Asambleas Nacionales, que reclaman legitimidad, a formar mesas de trabajo. Una es la elegida en 2015, reconocida por EE.UU. y varios otros países -y donde la oposición se siente “at home”-, ya que fueron comicios medianamente libres. Está dirigida por Dinorah Figuera. La otra es la controlada por los hermanos Rodríguez, es decir por esa capa elitaria surgida en enero de este año. De esas mesas de trabajo deberían emanar acuerdos sobre elecciones, liberación de presos políticos, regreso de exiliados y distribución del poder.
Hay quienes piensan que los equipos diseñadores en Washington no ven con malos ojos una reestructuración inclusive del ordenamiento político-territorial del país, manteniendo las esferas decisionales primordiales en un compás de espera más largo. Se habla de un estatuto inspirado en el de las islas Marshall. Ubicadas en la Micronesia, fue un fideicomiso de la ONU administrado por EE.UU. hasta 1990, fecha en la que se inició una transición tutelada. EE.UU. retuvo cuestiones de Defensa y el régimen democrático funciona relativamente bien.
Por último, otro tema clave de la transición en Venezuela es el destino personal y judicial de Delcy y de otros dirigentes del chavismo. Quizás esto motivó las palabras de Marco Rubio referidas a la Corte Penal Internacional. Dijo que EE.UU. estaba pensando en “desmantelar” la CPI y presionar a otros países para que abandonen el tribunal y suspendan su financiamiento. Una CPI debilitada ayudaría a que Delcy, su hermano y la facción que los acompaña piensen en abandonar el poder sin temores punitivos.
Parecería un paso lógico. El capital de esa ya esmirriada élite es casi con seguridad más simbólico que real. Pero existe aún. Conservan cierta capacidad administrativa y algún control territorial. Todo eso es bastante útil en esta difícil fase, aunque tales características incomoden a quienes quisieran una transición rápida.
En líneas generales, se asiste a acomodos inherentes a un proceso complejo, con muchos asuntos subyacentes, y donde la cuestión de privilegiar el poder efectivo por sobre la legitimidad democrática es ríspida. Lo importante será que la élite que asuma responda, sin matices, al realineamiento estratégico que vive el hemisferio.
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