Han sorprendido las noticias sobre las nuevas exigencias del gobierno federal de Estados Unidos para el otorgamiento de fondos a conspicuas universidades privadas (Harvard es la que ha generado más atención), así como la negativa de estas a someterse a las condiciones.
En la carta enviada a Harvard, por ejemplo, el gobierno federal exige cambios en la gobernanza de la institución, que empoderen a algunos actores sobre otros, una revisión de sus políticas de contratación y admisión, una auditoría a una serie de programas sospechosos de “captura ideológica”, y mayor transparencia, entre otras. Este tipo de presiones no son propias de una democracia liberal, y la actual situación en Chile es objetivamente muy diferente. Pero es necesario ser prudente.
¿Cómo se puede prevenir algo así? Se dirá, y es cierto, que nuestra Constitución Política nos protege bastante de excesos como estos, pero ¿acaso no es lo mismo en Estados Unidos? En los tiempos que vivimos es aventurado asegurar que estaremos a perpetuidad exentos de gobernantes populares y populistas, excéntricos y poderosos, que elijan las universidades como su objetivo, desde cualquier orientación política.
La forma de prevenir este tipo de intervención del Estado o, lo que es lo mismo, proteger la autonomía de las universidades, es hacerlas lo más independientes posibles del Fisco en materias económicas. Por muy sofisticadas que se vean las universidades, están obligadas a vivir del sudor de su frente. Necesitan recursos para enseñar, investigar, innovar y vincularse con su entorno. Y dado que entregan bienes públicos muy importantes (siendo el más masivo la movilidad social de sus egresados y el conocimiento generado por la investigación), cuando los recursos sobran, es usual que consigan importantes y crecientes aportes del Estado. Y esto puede seguir eternamente, para gozo de todos, hasta que, sin darse cuenta, las universidades se vuelven tan profundamente dependientes del Estado, que no están en condiciones de contradecirlo, ni incomodarlo siquiera.
Debido a la política de gratuidad, gran parte de las instituciones de educación superior chilenas son altamente dependientes del Estado para su financiamiento. El Estado fija los precios y vacantes, por lo que una decisión administrativa del subsecretario puede costar miles de millones de pesos a una institución (esto ya ocurre, basta preguntar a las universidades privadas gratuitas).
El FES, instrumento propuesto por el Gobierno para reemplazar el CAE, propone extender la fijación de precios, para que así los aportes estatales constituyan prácticamente el 100% de los ingresos por aranceles, al prohibir el cobro a las familias. Con una iniciativa como esta, ¿qué autonomía les quedará a las universidades chilenas? Si algún día algún gobernante las elije como enemigas ¿Podrán decir que no, como Harvard?
