Ahora que el sustantivo iliberal se ha convertido en el peor insulto posible en la arena política chilena, cualquiera diría que Chile está atravesando por un periodo de alza en el apoyo al liberalismo. Pero en tanto los iliberales de izquierda y los iliberales de derecha sigan abogando por concentrar el poder en manos del presidente de turno o de las autoridades democráticamente electas, costará fortalecer el modelo de sociedad que defiende la autonomía y la libertad de las personas para hacer lo que les plazca con su vida. Mientras los chilenos sigan creyendo que las soluciones a todos los problemas del país pasan por el Estado, Chile seguirá lejos del ideal de una democracia liberal que hoy parece ser el sistema de gobierno ampliamente declarado como favorito por todos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha.
Parte del problema radica en una equivocada compresión de lo que es ser iliberal. En el Chile actual, la palabra iliberal se usa más como adjetivo de democracia que como sustantivo. Aquellos que presumiblemente defienden una democracia iliberal creen que el poder se debe concentrar en las manos del Ejecutivo, que las libertades individuales pueden ser restringidas en aras de proteger a la nación de amenazas internas o externas -incluida la delincuencia- y que la voluntad de la mayoría debe ser impuesta por sobre las preferencias o valores de las minorías.
En cambio, los defensores de la democracia liberal creen en la fortaleza e independencia de las instituciones, aunque eso limite la capacidad de los gobiernos democráticamente electos para cumplir sus promesas de campaña y para llevar adelante sus agendas de gobierno. Para los que defienden la democracia liberal, las libertades individuales deben ser respetadas aun si eso dificulta combatir la delincuencia o frenar a aquellos que buscan destruir esa misma democracia liberal que los protege. Los defensores de la democracia liberal creen que los asesinos e incluso los violadores de derechos humanos gozan de los mismos derechos y se merecen el mismo trato humanitario que ellos negaron a sus víctimas.
Como debiera ser evidente, los defensores de la democracia liberal desconfían de la concentración de poder en manos del Ejecutivo aun cuando ese Ejecutivo también es un férreo defensor de la democracia liberal. Después de todo, nada garantiza que en el futuro no lleguen al poder presidentes y gobiernos que rechacen la democracia liberal y puedan abusar de una institucionalidad que concentra el poder en las manos del Presidente. Los defensores de la democracia liberal también entienden que, por más que el crimen organizado esté desatado y que los chilenos tengan temor de caminar por las calles, los derechos individuales deben ser respetados a ultranza.
Cuando el gobierno puede decidir quién es sospechoso de ser delincuente y quién no y cuando en el país no se respeta la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado por un juez y no por un policía, las personas no tienen protección ante un gobierno que los persiga por su color de piel, por su religión, su estatus social, su origen nacional, o por cualquier otro criterio que el gobierno considere como una amenaza a la seguridad nacional.
En los últimos años, hemos visto intentos por avanzar reformas que son claramente iliberales en su naturaleza. Aunque algunas han sido de extrema izquierda y otras de extrema derecha, esas propuestas iliberales han buscado dotar de más poderes y atribuciones al Estado y han querido imponer formas de entender la sociedad que claramente atentan contra el principio liberal de que, en la medida de lo posible, las sociedades debieran facilitar el ejercicio de las libertades individuales y no imponer valores y principios de determinados sectores o grupos.
En las ultimas semanas hemos visto cómo iliberales de izquierda e iliberales de derecha se acusan mutuamente de quién ha llegado más lejos en sus propuestas por restringir las libertades individuales. Los ejemplos abundan. Mientras unos quieren que el gobierno discrecionalmente pueda invadir la privacidad de las cuentas bancarias, otros quieren que el gobierno discrecionalmente pueda llevar detenidos a personas sin tener que presentar su caso ante un Poder Judicial independiente y autónomo.
Es cierto que el debate intelectual sobre qué significa ser iliberal y qué implica defender una democracia liberal es mucho más complejo y denso que lo que se puede decir en una columna. Pero también es cierto que una forma útil de simplificarlo es a través del rol que liberales e iliberales asignan al Estado. Mientras los liberales desconfían del Estado y, por lo tanto, quieren más instituciones independientes y autónomas, y prefieren restringir los poderes y atribuciones del gobierno, los iliberales -especialmente cuando están en el gobierno- quieren dotar a la autoridad de mayores herramientas para avanzar sus causas. Esta disputa entre liberales e iliberales ha sobrevivido por décadas y seguirá en el actuar político en el país en los próximos meses.
Pero el hecho de que la palabra iliberal se haya convertido en un insulto debiera dar algo de respiro a aquellos que creemos que las sociedades más desarrolladas y exitosas del mundo son aquellas en que los ciudadanos ostentan el poder y otorgan acotadas herramientas al Estado para que pueda asegurarse del buen funcionamiento del contrato social.
Si bien entiendo el interés de Patricio Navia de hacer una equivalencia entre los intentos iliberales de ambos sectores políticos (derecha e izquierda) para dar un aspecto «neutral» a su análisis es indudable que son los sectores de izquierda quienes han impulsado actitudes iliberales de manera mucho más amplia intentando centralizar/estatizar áreas relevantes de nuestra sociedad como pensiones, salud, educación, aumento de impuestos, etc. En cambio la derecha sólo lo a hecho en este reciente impulso por atacar la delincuencia.