Todavía no

Existe un lugar en el mundo donde las injusticias descansan cómodas, calientes, casi mimadas: el archivo de los asuntos «en revisión». No es la cárcel ni el tribunal, sino esa antesala administrativa donde un expediente puede envejecer con dignidad, porque nadie lo ha negado y nadie lo ha resuelto.

El Presidente Kast —que ha hecho de la emergencia su bandera y de la prisa una promesa— ha dicho, con una franqueza que debo agradecerle, que usará la facultad presidencial del indulto. Lo ha repetido más de una vez: «la facultad del indulto… yo la voy a utilizar». Ha precisado que revisará los casos uno a uno, que no prometió indultos absolutos, que primero la empleará y después propondrá reformarla, y que de todos modos no es la prioridad de un país donde hay gente que tiene hambre, que no tiene casa, que no tiene seguridad. Todo esto es razonable. Todo esto es, palabra por palabra, defendible. Tal vez, dicen algunos, es lo prudente.

La prudencia, sin embargo, no es la virtud de quienes deliberan bien, sino la de quienes deliberan y mandan bien. Su acto propio no es la consulta ni el juicio, sino el imperio: el mandato efectivo de ejecutar aquello que la razón ya juzgó debido. Deliberar es el vestíbulo; juzgar, la sala de espera; pero la prudencia sólo llega a su casa cuando ordena hacer. Un médico que diagnostica de maravilla y no receta nunca no es un médico prudente: es un erudito de la enfermedad ajena.

La distinción no es bizantina, porque hay dos demoras que se parecen como dos gotas de agua y son radicalmente opuestas. La primera es la del gobernante que sabe qué debe hacer y escoge el momento oportuno, porque obrar hoy causaría un daño mayor que esperar; en él la espera no posterga el deber, sino que forma parte del mismo juicio prudente. La segunda es la del que ya tiene el juicio formado, ya conoce la obligación, y no obstante vuelve a abrir, una y otra vez, la deliberación que había cerrado. La primera demora es prudencia. La segunda tiene otros nombres, bastante menos halagüeños: inconstancia, cuando la razón concluye y la voluntad retrocede ante la dificultad; negligencia, cuando se reconoce el deber, pero no se ponen los medios para cumplirlo; pusilanimidad, cuando se cede ante la magnitud del costo de realizar lo que se sabe que es correcto.

Lo incómodo es que la falsificación de la prudencia se parece muchísimo al original. Nadie posterga un deber anunciando «voy a postergar un deber». Se dice, más bien, «es más complejo de lo que parece», «hay que verlo caso a caso», «sin prisa y con pausa», «otra cosa es con guitarra». Frases impecables, todas, mientras describan un trabajo que avanza; frases siniestras, las mismas, cuando describen un trabajo que no empieza o que empieza y se abandona. La palabra puede ser el bisturí del cirujano o la coartada del cobarde, y desde fuera no se distingue el filo del mango.

Conviene afinar el caso, porque el debate público se ha enredado —comprensiblemente— en los indultos discutibles: los del culpable cuya pena se perdona. De ésos no hablo, y por una razón sencilla: al culpable la clemencia no se le debe, se le regala, y un regalo puede esperar sin que nadie cometa injusticia al demorarlo. El caso que me interesa es el contrario: el del inocente —o el de aquel cuya inocencia se presume con fuerza— que sigue tras las rejas. Porque ahí la demora deja de ser administrativa y se vuelve un problema moral: cada día adicional de encierro injusto no es un bien futuro que se aplaza, sino un daño presente que se prolonga. No estamos ante algo que todavía no ocurre, sino ante una aberración que sigue ocurriendo. Se dirá que el indulto perdona la pena, pero no borra la condena; es cierto, y poco consuela al inocente la pulcritud de sus antecedentes cuando lo que le sobra es reja. Mientras la autoridad «revisa», el reloj no cuenta.

Una omisión puede ser tan voluntaria, y tan imputable, como el más deliberado de los actos, porque quien pudiendo y debiendo obrar no obra, algo hace precisamente al no hacerlo. No se requiere un decreto que ordene la injusticia; basta el silencio de quien tenía el deber, los medios y la hora para remediarla. Porque los preceptos que mandan hacer obligan siempre, aunque no a cada instante: obligan a su tiempo y en su lugar. Mientras la hora no llega, el «todavía no» es inocente; cuando la urgencia, la certeza moral y la competencia coinciden, la hora ha llegado, y entonces la postergación deja de ser una pausa para volverse una respuesta. Un «no» conjugado en futuro sigue siendo un «no»; y la voluntad que aplaza sin término lo que sabe debido no es que no haya decidido: ha decidido no decidir, que es la única forma de negar sin que se note. La firma que falta tranquiliza al expediente, no a la conciencia.

Hay un viejo recurso de Chesterton que viene aquí como anillo al dedo. Comienza él por el cabello de una niña pobre, de pelo rojizo, a la que —por la inmundicia del conventillo— alguien propone rapar para acabar con los piojos. Y Chesterton, en vez de aceptar el trato razonable, lo invierte con furia: antes que cortar ese cabello derribemos el conventillo entero. La niña es el punto fijo; lo demás es lo que debe ceder, y no al revés. Tal es la primacía de la persona y su dignidad. Pues bien: el inocente en su celda es ese pelo rojizo. Y lo que se pone en la otra bandeja de la balanza no es ya un conventillo, sino algo más liviano todavía: el fastidio de lidiar con una oposición que mañana, como todos los días, hará lo posible por viciar el gesto, fiel a su liturgia del «ni perdón ni olvido». Dejemos el eufemismo de lado: un día de un inocente es irreparable y concreto; la objeción del adversario es previsible, repetida y —sobre todo— segura, pues ocurrirá igual se haga lo que se haga. Quien deja al inocente adentro para ahorrarse el ruido de afuera no ha pesado dos bienes: ha cortado el pelo del inocente y de su familia para no incomodar al conventillo, y ha dejado, de paso, que una consigna forjada contra los culpables cobre su precio en los inocentes.

Nada de esto es un cargo contra el Presidente. Sería una insolencia —y, de paso, una imprudencia mía— dictaminar desde una simple columna lo que sólo él puede saber: si su demora es de la primera especie o de la segunda, si el calendario está al servicio de la justicia o reemplazándola. Quien tiene los expedientes a la vista es él, no yo. Pero la tradición que él mismo profesa —y la profesa, no es un decorado— le ofrece algo mejor que un crítico externo: le ofrece un examen interior. La pregunta no es «¿qué dirán?», sino «¿haré lo que sé que debo hacer?». Si los costos políticos, el desgaste mediático o el cálculo electoral ya no alteran su juicio sobre lo que es justo en un caso concreto, entonces esos costos han dejado de pertenecer a la prudencia y han pasado, sin ruido, al departamento de la conveniencia. Allí puede haber astucia, cálculo, sagacidad. Virtud, no.

La tentación de todo poder serio y bienintencionado —y éste lo es— se formula así: «reconozco lo que debe hacerse ahora, pero todavía no…». Tranquiliza porque no niega nada: ni el deber, ni el bien, ni la urgencia; sólo los corre de fecha. Y un aplazamiento sin fecha es, para el inocente que aguarda en su celda, indistinguible de una negativa. Ojalá —lo digo con afecto y sin ironía— que cuando la historia abra estos expedientes encuentre, al final de la línea, un día y un mes. Y no la expresión «todavía no», que es la manera cortés que ha inventado el hombre para decir «nunca».