Moscú, 1935. El químico húngaro Michael Polanyi conversa con Nikolái Bujarin, viejo dirigente bolchevique, otrora considerado el gran teórico del partido y por entonces ya en caída ante Stalin, y le pregunta por el porvenir de la investigación pura, esa que persigue la verdad sin pedirle permiso a la utilidad. La respuesta lo deja helado: en una sociedad socialista, le explica Bujarin, la distinción entre ciencia pura y aplicada se desvanecerá, porque toda investigación se plegará a las necesidades del plan quinquenal. No era una excentricidad soviética. En Inglaterra, el cristalógrafo J. D. Bernal predicaba esa misma fe, la ciencia como engranaje de la economía, dócil a la planificación estatal. Polanyi salió de aquella conversación con una convicción que dedicaría décadas a demostrar: el desarrollo científico no se puede planificar. No porque planificarlo sea difícil, sino porque es una contradicción en los términos. Nadie puede trazar el mapa de un territorio que, por definición, todavía no ha sido descubierto.
La consternación de Polanyi resuena en el debate que hoy se está teniendo en torno a las recientes decisiones de política científica en Chile. Las nuevas bases del Fondecyt de Postdoctorado 2027 concentran hasta el 70% de los recursos en diez «áreas prioritarias» (minería, acuicultura, seguridad, inteligencia artificial) y dejan a las humanidades y las ciencias sociales confinadas al tercio restante. Una treintena de sociedades científicas y el Consejo de Rectores han visto en el gesto un quiebre histórico. La objeción más aguda no discute que el país tenga urgencias; discute el instrumento. Para orientar la ciencia hacia fines prácticos ya existen herramientas diseñadas para eso, como el Fondef. Meter la tijera prioritaria en el Fondecyt es usar el bisturí de la investigación libre para hacer el trabajo del martillo.
Varios columnistas ya lo han dicho sin eufemismos: se está vistiendo de decisión económico-técnica lo que huele a desprecio por todo lo que no sea inmediatamente aplicado. No sorprende que la vara sea esa: Lincolao llega al ministerio no desde el laboratorio ni desde la investigación básica, sino desde el emprendimiento tecnológico, curtida en la creación de startups. Es la mirada de quien mide el conocimiento por su capacidad de convertirse en producto. Y ahí asoma su insospechada afinidad con Bujarin: uno desde el plan quinquenal y la otra desde la lógica del retorno, ambos comparten la misma convicción de fondo, esto es, que la investigación vale en la medida en que sirve a un fin definido de antemano por alguien que no es el investigador. Contra esa convicción, venga del comisario o del emprendedor, apuntó Polanyi toda su vida.
Polanyi no era un enemigo del financiamiento estatal, ni siquiera del financiamiento con prioridades. Aceptaba que una sociedad decidiera cuánto gastar en ciencia, y reconocía sin reparos la existencia de una ciencia aplicada legítimamente orientada a fines prácticos. Lo que negaba era que esa lógica utilitaria pudiera invadir la investigación pura: que una autoridad situada fuera de la práctica científica pretendiera decidir qué líneas de investigación, qué ideas, qué preguntas merecen ser perseguidas. Ese juicio no le pertenece al planificador. Le pertenece a la comunidad de quienes practican la disciplina, y solo puede emitirse desde dentro.
Su imagen para explicarlo sigue siendo insuperable. Imagine usted a un grupo de personas armando entre todas un rompecabezas colosal. Si quisiéramos acelerar la tarea nombrando a un director que reparte las piezas y le asigna a cada cual un rincón donde trabajar aislado, no la apuraríamos: la arruinaríamos. La faena avanza precisamente porque cada uno mira lo que el vecino acaba de encajar y ajusta su próxima jugada a ese tablero que cambia a cada instante. La ciencia es ese ajuste mutuo de miles de iniciativas independientes. Su fecundidad brota de un saber disperso, repartido en mil fronteras simultáneas, buena parte de él imposible de poner en palabras, que ninguna oficina central podrá jamás concentrar en un formulario. Por eso la única vara legítima para juzgar qué merece financiarse es el juicio de los pares. Cuando una lista fijada desde arriba reemplaza esa red, no se corrige el criterio: se lo decapita.
Y conviene ser honesto para no caer en la queja gremial. No se trata de que las humanidades merezcan financiamiento por algún derecho sacrosanto. La pregunta de si el contribuyente promedio ha de costear con sus impuestos investigaciones que no rozan en nada su vida es del todo legítima, y quienes trabajan en humanidades y ciencias sociales tienden a esquivarla con una defensa corporativa que no es más reflexiva que la de cualquier grupo de interés cuidando su tajada del presupuesto público. El problema es otro.
Una decisión repentina tomada desde arriba interviene de golpe sobre un ecosistema: tradiciones, comunidades, oficios que producen conocimiento no aplicado y que tardaron generaciones en formarse. Cortarles el agua de un tijeretazo altera ese tejido de maneras que nadie, ni el más sagaz de los planificadores, puede anticipar. Y ahí está la lección que Polanyi trajo de vuelta de Moscú: no es que planificar la ciencia sea injusto, es que es imposible, porque supone conocer de antemano lo que solo el propio andar del conocimiento puede revelar.