¿Qué se hace en un país cuando es evidente que la Defensa Nacional no está recibiendo la debida atención? ¿Quién o quiénes son responsables de la falta de inversión en capacidades estratégicas o de presupuesto de las Fuerzas Armadas para operar? ¿Qué deben hacer los comandantes en jefe de las instituciones armadas para representar situaciones como las recién mencionadas? ¿Cuál es el rol del ministro de Defensa Nacional y qué responsabilidades tiene respecto de la cartera que dirige? ¿Qué rol cumple la sociedad civil en algo que es tan importante como la defensa de Chile?
Está claro que el Presidente de la República el responsable final de lo que ocurre con su gobierno, fijando las prioridades y controlando que ellas sean ejecutadas en tiempo y forma. Para ello cuenta con la asistencia del llamado «segundo piso», unidad especializada en control de gestión, que lo asiste en verificar y asegurar que las cosas ocurran.
En el caso de la Defensa Nacional delega su manejo en el ministro de Defensa, pero al final del día controla y tiene la autoridad final por la vía de aprobar la política de defensa, el presupuesto, los nombramientos de los comandantes en jefe, del jefe del Estado Mayor Conjunto, y de la composición de los altos mandos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
En el Chile actual las prioridades están en la reconstrucción de las capacidades económicas y en mejorar en forma sustantiva la calidad de la seguridad publica que entregamos a los ciudadanos, reduciendo los delitos, derrotando al crimen organizado antes de que sea demasiado tarde. La defensa no está dentro de las prioridades, ello a pesar de lo que hacen en la Macrozona Sur, y en las fronteras del norte y noreste, como en el uso que se les quiere dar en apoyo de las policías.
Se podría argumentar que estamos ante la ausencia de amenazas externas o de que nuestros intereses nacionales no están en riesgo, pero ello no es algo que tenga mucho sustento toda vez que el mundo atraviesa por uno de sus minutos más complejos. No son épocas para andar sin capacidades relevantes en lo militar, más en un mundo en donde el mensaje de las superpotencias es que uno se debe rascar con sus propias uñas y que se acabó eso de andar a la “cochiguagua”. Los países deben tener la capacidad de defenderse de amenazas externas vecinales, regionales y globales a su territorio e intereses nacionales, y eso es algo que deben ser capaces de resolver tanto ahora como a futuro, y si llegan a no tener claras las amenazas, deberán desarrollar las mínimas capacidades necesarias que aseguren la supervivencia nacional, que en este rubro no es algo que se pueda construir de la noche a la mañana.
Se supone que lo anterior debería ser capturado por la política de defensa y la respectiva política militar. Idealmente debería haber una política de Seguridad Nacional que indique lo que se espera de la Defensa Nacional, como también de los sistemas de seguridad pública, y de inteligencia, los que conforman junto a la Defensa Nacional la base de la Seguridad Nacional de un país como Chile, uno que a pesar del estar en el extremo sur del mundo no está exento de riesgos.
Sucede que en Chile no necesariamente conversan la política de defensa con la parte presupuestaria. La primera indica lo que deberíamos tener y la segunda lo que podemos tener en términos de capacidades y de presupuestos operativos. En Chile tenemos en defensa lo que aparentemente podemos pagar y no lo que necesitamos, algo que es tácitamente aceptado por los poderes Ejecutivo y Legislativo. No es que no haya plata, sólo que no la queremos invertir en defensa, privilegiando claramente el gasto social y la seguridad pública.
La inversión en defensa en términos del PIB es menos del 1,5%, y como parte del presupuesto público algo menos del 4,5% si metemos todo adentro, incluyendo pensiones.
Claramente los comandantes en jefe tienen responsabilidades, pero el mundo político les exige los deberes de obediencia y no deliberación, lo que normalmente es entendido que no pueden decir nada en público, sólo a través de los canales regulares o de ser requeridos por el Congreso, lo que es un error ya que impide a la opinión pública y la sociedad civil hacerse de una evaluación del estado y capacidades de sus Fuerzas Armadas. Se echa de menos la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional activo, uno en donde pueden opinar sin riesgo de ser cancelados.
Al parecer la respuesta para evitar los vaivenes de la política está en que la defensa sea una política de Estado, con independencia financiera de las administraciones de turno. El ministro de Defensa ya informó que la política de financiamiento de capacidades estratégicas falló al poco andar. Se asumió que el sistema político era serio y responsable.
En los institutos militares se habla de la «Ecuación de la Seguridad», cuya formulación es: DESARROLLO + DEFENSA = SEGURIDAD; con lo que se quiere señalar que, para una adecuada seguridad, debe haber un equilibrio entre ambos factores; si se privilegia uno de ellos en desmedro del otro, la seguridad se verá afectada.
Es posible que sea efectivo lo que señalan algunas personas en el sentido de que el gasto en dos fragatas podría haberse usado “para solucionar el déficit de alcantarillado de todo el país” y que el gasto en cuatro misiles Exocet pudo haber sido destinado a “construir cuatro liceos completos”; pero lo que sí es efectivo, con certeza absoluta, es que ni las fragatas ni los Exocet habrían estado disponibles para disuadir a Argentina de una agresión armada en 1978.
Adolfo Paúl Latorre
Magíster en ciencia política y en ciencias navales