Hay adjetivos que cargan una filosofía entera sin que nadie lo note. La ley chilena encarga a quienes invierten los fondos de pensiones procurar una rentabilidad «adecuada» y segura. No pide la mayor rentabilidad posible: pide la adecuada. Y el adjetivo, modesto y sobrio como un portero, obliga a una pregunta que el sistema lleva décadas sin hacerse: ¿adecuada a qué? Nada es adecuado en abstracto. Un abrigo es adecuado a un cuerpo y a un invierno; una dosis, a un enfermo; un riesgo, a quien debe soportarlo. La adecuación es una medida, y toda medida supone un fin.
Del Fondo E se ha dicho ya casi todo lo que cabe en una cifra. Interesa lo que no cabe en ninguna. El fondo destinado a quienes ya no pueden esperar fue llevado, mediante derivados sobre tasas estadounidenses, a la sensibilidad propia de una apuesta de largo aliento. Hubo advertencias reiteradas del regulador y del Banco Central, y las posiciones no se redujeron. La pregunta no es cuánto se perdió, sino qué clase de deliberación hizo posible esa pérdida.
Aristóteles enseñó que llamamos prudentes a quienes saben deliberar rectamente sobre lo bueno, no en un sentido parcial, como la salud o la fuerza, sino en orden a vivir bien en general. Nadie sostiene que las AFP deliberaran mal sobre la rentabilidad: deliberaron con pericia, con modelos, con comités. Lo que hicieron fue deliberar sobre una parte y tratarla como si fuera el todo. Y esa parcialidad se fue estrechando en tres círculos.
El primero: se deliberó sobre dinero y no sobre vida. Un fondo de pensiones no existe para rentar, sino para que un hombre envejezca sin miedo; la rentabilidad es el medio, la vejez es el fin. Cuando el medio se emancipa del fin, la técnica se vuelve un ciego muy bien informado.
El segundo, más estrecho: ni siquiera se deliberó sobre el dinero del afiliado, sino sobre la posición frente a la competencia. La ley exige a cada AFP no alejarse demasiado de la rentabilidad promedio de la industria, y quien cae bajo ese piso paga la diferencia con patrimonio propio. En la práctica, «adecuada» pasó a significar «no inferior a la del vecino». La pregunta operativa dejó de ser «¿qué le hace bien a este jubilado?» y pasó a ser «¿qué están haciendo los demás?». Un exsuperintendente lo admitió con franqueza: aunque alguna hubiese querido salirse, no podía. Es la descripción exacta de una manada, donde el único animal en peligro es el que se detiene.
El tercero, el más angosto: se deliberó en promedios de largo plazo para personas que no tienen largo plazo. Las administradoras se defienden recordando que el mismo fondo rentó 8% en 2025 y que, sumados todos los multifondos, los ahorros de los chilenos crecieron este año más de diez mil millones de dólares. Ambos consuelos comparten un supuesto curioso: que la pérdida de uno se compensa con la ganancia de otro. Al que jubila en octubre de 2026 no le sirve el octubre de 2025, que fue de otro, ni la plusvalía de los fondos A y B, que no son suyos. Es como consolar a quien perdió su casa en un incendio informándole que el barrio se valorizó.
Queda la defensa más seductora, la que se oye en voz baja: si las tasas hubiesen bajado, nadie estaría hablando. Es verdad, y es la confesión más grave de todas. Significa que la decisión de 2025 fue idéntica a la de 2026 y que lo único que cambió fue el humor del mercado de bonos norteamericano. Aristóteles distinguía entre deliberar bien y acertar. Hay quien da en el blanco sin razón, por tino o por fortuna, y hay quien llega a la conclusión debida por un camino indebido; ninguno de los dos es prudente. El 8% del año pasado no probó prudencia: probó puntería. Y la puntería, celebrada como método, es la manera más elegante de no advertir que se estaba disparando a ciegas.
Lo curioso es que buena parte de los críticos razona igual que los defensores, sólo que con el signo invertido. «Los resultados muestran que fueron imprudentes», se lee. Pero si el mal resultado prueba la imprudencia, el bueno habría probado la prudencia, y entonces el juez de la virtud de nuestros administradores previsionales es el mercado de bonos de Estados Unidos. El utilitarismo no se refuta mirando las consecuencias desde la otra vereda. La imprudencia no ocurrió en septiembre de 2026. Ocurrió el día en que, a pesar de las advertencias, se decidió exponer a quienes están en la orilla de la jubilación a un riesgo que no podían soportar. Un conductor que cruza en rojo con los ojos vendados y llega a casa no fue prudente, fue afortunado. Y si atropella a alguien, no se volvió imprudente en ese instante: lo era desde la esquina anterior.
Nada de esto es un elogio de la timidez. Un trabajador de treinta años puede aceptar las oscilaciones de un fondo agresivo, porque tiene tiempo para que el mar se calme. La prudencia no consiste en huir siempre de todo riesgo.
Hay que decir, en justicia, que las administradoras no inventaron solas su parcialidad. Una regla que mide a cada gestor contra el promedio de sus pares enseña a mirar al vecino antes que al afiliado, y el legislador que habitúa a deliberar así no puede sorprenderse de que se delibere así. Las leyes educan, para bien o para mal, y esta educó en la imitación. Pero el atenuante explica, no excusa. Entre la obediencia a la manada y la docilidad debida a quien advierte había espacio para objetar, para reducir, para pedir que se cambiara la regla. Advertidos del barranco, siguieron.
Pero la regla de la manada es apenas el síntoma. El mal es más hondo: un sistema entero administrado y juzgado desde una sola formalidad, la rentabilidad. En él todo se mide por un número. Las administradoras compiten por él, el regulador las vigila con él, los afiliados eligen mirándolo, y hasta la palabra «conservador» significa allí únicamente que la cifra oscila menos. Las únicas categorías de ese sistema son el éxito y el fracaso, que son las de la técnica, donde se juzga la obra y no a quien la hace. Por eso en 2025 nadie preguntó por la prudencia, porque había éxito. Y si se juzga a quien la hace, se lo evalúa según criterios técnicos.
La reforma que trae los fondos generacionales promete terminar con la manada, permitiendo a cada administradora fijar su propia cartera de referencia. Es probable que lo consiga. Pero cambia la vara, no la formalidad: se seguirá preguntando cuánto rindió el ahorro. Y la pregunta prudente no es esa, ni tampoco su versión piadosa, cómo obtener la mayor pensión posible, que es la misma pregunta con mejor cara. Quien se jubila no necesita el máximo, sino lo suficiente y lo cierto: saber con qué contará. La rentabilidad no tiene medida, siempre admite un poco más; la vejez sí la tiene. Un sistema que sólo sabe preguntar por el más nunca aprenderá a decir basta, y por eso difícilmente sabrá detenerse antes del barranco.
La Superintendencia ha abierto procedimientos por los deberes de lealtad y diligencia de las siete administradoras, y en el Congreso abundan proyectos de compensación con reajuste. Ambas cosas pueden ser necesarias; ninguna sale del círculo. Las AFP fueron buenos negociantes, quizás los mejores del mercado. El problema es que a quien administra la vejez ajena no se le pide sólo ser buen negociante, sino prudente: alguien que delibere adecuadamente sobre el vivir bien del otro en su conjunto. Eso, y no otra cosa, quería decir aquel adjetivo olvidado. Porque cuando la vejez de un compatriota se subordina a la tiranía de la rentabilidad, se pierde la vejez y, como acaba de verse, también la rentabilidad.
