Perseguir la pérdida

La semana pasada nació en Chile el tercer gremio de casas de apuestas en línea. Se llama Agrupación de iGaming Responsable y lo encabeza la exsecretaria ejecutiva de la ANFP. Se suma a otras dos asociaciones ya constituidas, a las audiencias de lobby registradas en Hacienda, Deporte y la Segpres, y a los auspicios estampados en las camisetas de Colo Colo y la Universidad de Chile. Todo ello en una industria que la Corte Suprema declaró ilegal y cuyos sitios ordenó bloquear. Es un logro digno de estudio: en Chile los regulados llegaron antes que la regulación.

Apostar no es malo: la moral católica, que no tiene fama de manga ancha, lo tiene establecido hace siglos, y el apostador chileno tampoco es el villano de esta historia. Muchas veces es un tipo que juega poco, pierde poco y se ríe. Y muchas veces es un tipo que juega y pierde mucho, y llora. Con todo, hoy no escribo sobre él; tampoco sobre la industria diseñada por la ingeniería de la compulsión para lucrar con esas risas y, sobre todo, con esas lágrimas. Escribo, en cambio, sobre quien regula.

El primer síntoma apareció en junio. Antes de que exista ley, el Servicio de Impuestos Internos habilitó a las plataformas extranjeras para inscribirse y pagar IVA, incluido el adeudado por los últimos treinta y seis períodos tributarios. Traducido: el Estado emitió una boleta retroactiva por tres años de una actividad que él mismo tiene prohibida y que el máximo tribunal mandó bloquear. Contraloría ya ofició al Servicio. El director explicó, con impecable lógica tributaria, que la ley no distingue entre lo lícito y lo ilícito a la hora de cobrar. Tiene toda la razón en su terreno, y es precisamente eso lo inquietante: el Estado bloquea con una mano y factura con la otra, y descubre, mientras factura, que el juego prohibido le acomodaba. Se cobró la apuesta antes de resolver si estaba permitida.

Hay un nombre para lo que viene, y no lo inventé yo. Los clínicos lo usan hace décadas para describir el signo más característico del jugador enfermo: perseguir la pérdida. Es el hombre que vuelve a la mesa no porque quiera jugar, sino porque necesita recuperar. Quien haya visto de cerca una ludopatía no olvida ese momento: el juego dejó de ser diversión y pasó a ser el único plan disponible para tapar el hoyo que el juego abrió.

Véase la argumentación fiscal de estos meses. El ministro de Hacienda proyecta cientos de millones de dólares anuales por apuestas y los ha ofrecido como compensación de las rebajas tributarias de la Ley Miscelánea. Es decir: hicimos un hoyo por un lado y lo tapamos con la mesa de juego.

El segundo signo es la frase “de todos modos se juega”. Es verdadera, y es también, palabra por palabra, la frase del jugador que ya no puede parar. Un argumento no es falso por quién lo pronuncia. Pero cuando quien asegura que la actividad es inevitable resulta ser el mismo que va a cobrar por ella, uno tiene derecho a preguntarse si está oyendo un diagnóstico o un apetito.

El tercero es la promesa: regulemos estricto ahora, cobremos después. O su versión invertida, que es la que efectivamente ocurrió. Ese “después” es la promesa de abstinencia del que sigue jugando. El gradualismo no es el camino hacia el control: es el mecanismo por el cual el fisco se vuelve dependiente de la plata que más tarde tendría que restringir. Porque una vez que la caja cuenta con esa plata, contener el daño significa recaudar menos, y la voluntad política de contener se evapora sin que nadie tenga que traicionar nada. Basta con no insistir.

No sostengo que el Estado chileno sea un ludópata. Sostengo algo más modesto y más incómodo: que está razonando igual.

Y hay que mirar despacio qué se estaría gravando. La ruina del que se enferma jugando no la paga él solo: la pagan su mujer, sus hijos, los acreedores, el empleador que no entiende por qué falta. El impuesto recae sobre ese traspaso. Un porcentaje de lo que empieza a faltar en una casa termina, por una cañería larga y limpia, en el presupuesto de la nación. Y que la ruina la pague la familia tampoco es cosa que deba yo demostrar: el propio proyecto excluye de abrir cuenta a los deudores de alimentos. El legislador sabe exactamente quién queda debiendo cuando el jugador pierde; lo escribió. Una ley pensada para recaudar de la pérdida ajena no ordena la ciudad: le pone un peaje. Y deja al Estado con un interés permanente y creciente en que se pierda más y más seguido. Se pueden defender muchas cosas a la vez, pero no estas dos: ser el protector del jugador y ser el socio del negocio que lo arruina.

Queda lo peor, y es que la ley enseña. Lo que el Estado licencia y grava, la gente lo lee como bueno; no por ingenuidad, sino porque así ha funcionado siempre una comunidad política. Y aquí están las cifras: uno de cada siete adolescentes chilenos entre 12 y 17 años apostó el año pasado, y siete de cada diez escolares ya no consideran nociva la actividad. Todo eso ocurrió antes de la ley y sin su ayuda. Habrá que ver qué enseña la ley cuando llegue.

La determinación concreta de si esta actividad debe prohibirse o regularse es prudencial y admite discusión, y el proyecto no ignora el problema: prohíbe la publicidad dirigida a los niños y crea un registro de autoexcluidos. Corresponde decirlo. Pero lo que decide no está ahí, sino en la discusión particular que empieza ahora. Propongo, para seguirla, una prueba de blancura de tres preguntas, y las tres se responderán a la vista de todos en las próximas semanas.

Primera: ¿la carga tributaria se fijará según el daño que la actividad produce, o según cuántos jugadores logre traer el sistema hacia adentro? Quienes defienden regular lo han dicho sin rodeos: por no estar legislado, nos perdemos a los operadores serios. Pero un Estado que calibra el impuesto para maximizar el traspaso al mercado legal no está midiendo el daño: está midiendo la matrícula. Segunda: ¿quién administrará la plata de la prevención? Hoy el proyecto destina a ello un 1%, del cual el operador puede descontar lo que gaste en sus propias campañas de juego responsable; y no hace falta discutir mucho para ver que un aporte imputable a la publicidad de quien causa el daño no es prevención con otro nombre, sino publicidad con otro nombre. Tercera: ¿pagará algo, y esperará algo, el que operó ilegalmente todos estos años, antes de recibir su licencia? Los actos prohibidos se persiguen y castigan, no se blanquean; la frase no es mía, sino de Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, y va a poder comprobarse en el articulado.

Si las tres se contestan bien, la discusión era sobre el bien común y me habré equivocado con gusto. Si no, sabremos que lo que vino a ordenarse no era el juego, sino la caja.

Sospecho que será lo segundo, y sería un error acusar de hipocresía a quienes han conducido así este expediente. En la mirada desde la cual se lo ha llevado sólo cabe la cuenta alegre: cuánto entra, cuánto sale, qué informe técnico lo respalda. Lo que ocurre es más humano y bastante peor.

Porque el defecto no es de inteligencia. El apetito del dinero nunca embrutece: afila. Produce sagacidad, destreza, argumentos impecables; no hay en la sala nadie más lúcido que un hombre calculando bien. Ahí está la trampa: cada peso del impuesto a las apuestas está bien calculado; lo que ningún cálculo pregunta es por la justa causa de la cifra.

Por eso quien contesta con el equilibrio fiscal no está esquivando la pregunta por la justicia. Está convencido de haberla contestado, porque en su horizonte esa es la pregunta por la justicia. Y un horizonte no se ve: es aquello desde lo cual se ve. De ahí que el defecto resulte invisible justamente para quien lo padece. No siente que le falte algo; siente que respondió del todo. En ese horizonte, la cifra siempre desempata.

Escribí aquí, hace algunas semanas, temiendo el día en que la familia y la cultura debieran presentar su informe de rentabilidad para justificar su existencia. Me equivoqué en la forma y en el plazo. No hizo falta pedirle a nadie su informe: bastó que el asunto se discutiera en el idioma de la magnitud para que la ruina de unas cuantas familias apareciera, bien sumada y sin una sola cifra mal puesta, en la columna de los ingresos. Porque lo más peligroso no es el problema que se tiene al frente, sino el criterio con que se mide su solución. Y mientras la autoridad no ensanche la mirada, no habrá argumento capaz de advertírselo.