Desde que torpe, infantil y voluntaristamente el país decidió embarcarse en esta equivocada aventura constituyente, repetidas veces hemos olvidado que el requisito para que la sociedad alcance un mayor desarrollo es que podamos construir un contrato social que fortalezca las bases de la institucionalidad política y de la cohesión social. Una nueva Constitución es un vehículo que puede ayudarnos a llegar a ese objetivo. Pero no es requisito ni necesario ni suficiente para construir un contrato social adecuado y legítimo.
No vamos a transformar Chile redactando una Constitución que describa el país que queremos ser. Debemos, por lo tanto, centrarnos en lograr que el país tenga un contrato social que construya a partir de los valores, principios y grandes acuerdos que ya existen en la sociedad. Sólo podremos llegar a la tierra prometida comenzando por aceptar el país que somos y construyendo uno mejor a partir de esa base.
Como buena parte de la sociedad ya sufre de preocupante fatiga constitucional, la opinión pública pone poca y nada de atención a los debates sobre el contenido que tendrá la propuesta constitucional que redacta este organismo bicameral compuesto por un grupo de mal llamados expertos, en una cámara, y por otro grupo de personas que no parecen especialmente idóneas para redactar una nueva Constitución, en la otra cámara.
El grupo de personas nombradas por el Congreso puede clasificar como expertos en sus especialidades, pero no son un cuerpo de expertos constitucionalistas. A su vez, los miembros electos del Consejo Constitucional deben sus cargos a que sus candidaturas supieron interpretar el descontento de la población con la frustrada experiencia anterior y la molestia popular que ya existía en mayo de 2023 con el oficialismo del gobierno izquierdista de Gabriel Boric.
Por eso, además de que a la gente ya no le interesa el debate constitucional, los que participan de ese debate no tienen el expertise necesario para producir y concordar un texto que mejore la Constitución actual.
Así como la primera Convención terminó redactando un programa de gobierno que, además de radical de izquierda, era refundacional e irresponsablemente alejado de la realidad, este Consejo Constitucional también parece más interesado en redactar un programa de gobierno que diseñar las bases de la institucionalidad política que permita un proceso político en el que se decidan, por la voluntad popular, las prioridades de políticas públicas.
A menos de dos meses de que se cumpla el plazo para que se termine de redactar el texto, la clase política parece depositar su confianza -o su última esperanza- en que el grupo de los mal llamados expertos logre modificar el texto aprobado por el Consejo para evitar que esta nueva versión vaya derecho al fracaso. Pero esa ilusoria esperanza se basa en un supuesto equivocado.
El electorado decisivo en el plebiscito de diciembre no va a decidir su voto a partir del contenido del texto. La decisión de cómo votar se va a basar en la capacidad de las élites para ponerse de acuerdo y en la percepción, profundamente subjetiva, de si este texto permitirá cerrar de buena forma el proceso constituyente.
Por eso, aunque el contenido final del texto sea fundamental, parece más importante que la clase política y la élite gobernante del país, incluido el sector empresarial, sean capaces de comunicar que el proceso ha ayudado al país a lograr que los que piensan distinto se pongan de acuerdo y que las demandas de la ciudadanía -que siempre tuvieron que ver más con políticas públicas como las pensiones, la salud, la educación, la dignidad y, ahora más que nunca, la seguridad- sean aceptadas como legítimas y válidas por los que nos gobiernan.
Si la gente sigue percibiendo que las élites no se hacen cargo de las demandas populares, aumentará el apoyo al voto En Contra en el plebiscito de diciembre. Para decirlo en simple, concordar una reforma de pensiones que sea ampliamente vista como un camino para que mejoren las pensiones ayudará más a fortalecer el voto A Favor que cualquier debate sobre el número de legisladores o las condiciones bajo las que el aborto será legal.
El descontento que evidenció el estallido social es innegable. Denunciar la violencia asociada al estallido como inaceptable no equivale a negar la existencia de descontento. Pero ese descontento social no se va a solucionar milagrosamente con una nueva Constitución. La forma de disminuir el descontento es que la gente crea y perciba que el contrato social de una economía abierta y competitiva da iguales oportunidades a todos para poder buscar sus sueños.
La gente no quiere solo una larga lista de derechos que probablemente no se puedan materializar. Las personas también entienden que las sociedades exitosas implican responsabilidades individuales y colectivas. Mientras la élite no sea capaz de entender que esas son las bases de un contrato social duradero, seguiremos atrapados en este laberinto de incertidumbre constitucional y fatigantes debates entre inexpertos constitucionalistas a los que la gente ya dejó de poner atención.
Y cuales serian según tu sabio parecer, en forma muy concreta, no cantinfleo, los aspectos que debieran modificarse en la propuesta actual??????@