La principal polémica de la semana se ha desarrollado a partir de la propuesta de seguridad del gobierno, que ha generado adhesión y discrepancias, revisión de detalles y discusión de problemas de fondo. En la práctica, se advierten muchos de los aspectos que han dividido al mundo político en los últimos años.
El debate se concentra en algunos asuntos específicos de la propuesta del Ejecutivo, que ciertamente permiten que asomen las discrepancias y que se pongan los énfasis en la polémica, dejando de lado el problema de fondo. ¿Cuál es el tema fundamental? ¿Una reforma constitucional o legal? ¿Alguna norma específica sobre cómo enfrentar la delincuencia o garantizar la seguridad? Por cierto, no es así. El asunto es más profundo y adquiere especial relevancia en medio de la discusión política y legislativa: se trata de comprender que, desde hace muchos años, los chilenos se ven enfrentados a una ola dramática de aumento de la delincuencia, irrupción del crimen organizado y expansión del narcotráfico.
Las consecuencias sociales de esta situación son amplias y nefastas. En los últimos quince años han aumentado considerablemente ciertos crímenes: la tasa de homicidios subió, con números escalofriantes, que van desde cerca de 500 asesinatos en el 2014 hasta más de 1.300 diez años después; en delitos sexuales, las violaciones subieron de 3.500 hace doce años a 4.873 en 2022. Junto con ello, ha cambiado la naturaleza de la criminalidad en Chile. Los delitos tradicionales han mutado hacia formas más violentas, el uso de la violencia de forma más radical, el desarrollo de secuestros, extorsiones y asesinatos en plena calle, a lo que se puede añadir la expansión de la cultura narco y su penetración en diferentes segmentos de la sociedad. La lectura del libro Un virus entre sombras: La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, de Pablo Zeballos (Catalonia, 2024), nos permite observar una realidad que Chile querría no haber conocido nunca, pero que hoy está instalada.
Existe la percepción de que los principales afectados con el aumento de la delincuencia son los chilenos de a pie, las personas comunes y corrientes que han visto transformadas sus vidas, con dificultades para llegar a sus casas, amenazados por carterazos, portonazos y encerronas. Asimismo, han visto cómo las plazas de la población han sido ocupadas por delincuentes, son espacios de juego infantiles y juveniles, pero también de tráfico de drogas, donde el ocio y el delito se enfrentan a la diversión y la vida social. Miles de personas reciben llamadas o mensajes en sus teléfonos, en los cuales aparecen diversas formas de estafa, muchas veces promovidas desde las mismas cárceles.
Como suele ocurrir, todo esto despierta los reclamos por mayor seguridad, los deseos de “mano dura”, de terminar de una vez y para siempre con la inseguridad en los barrios y en la vida cotidiana en general. La gente quiere normas duras y efectivas, que los criminales “se sequen en la cárcel”, que también aumenten los castigos (más años de cárcel por cada crimen, menos derechos para los presos e incluso el restablecimiento de la pena de muerte). En parte, eso se debe a que existe una percepción de que los responsables no son castigados como corresponde, que la impunidad le gana a la justicia, y que las autoridades han transitado entre la indiferencia y el temor para enfrentar el crimen como corresponde.
Hay dos ejemplos que muestran el cambio de tendencia, que no solo se ha producido en Chile, sino que incluso en América Latina en general. El primero es la admiración regional por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que en muchas encuestas ha aparecido como el gobernante más admirado, principalmente debido a sus decisiones en materia de seguridad, en el combate a las pandillas y en el establecimiento de cárceles de alta seguridad. Él y la mexicana Claudia Sheinbaum son los más populares este 2026, según el ranking Latin American Presidents, de CB Global Data, donde ambos gobernantes aparecen prácticamente igualados, con 67,5% y 67,8% de evaluación positiva y 26,6% y 27,4%% de negativa, respectivamente. En el Latinobarómetro de 2023 y 2024 Bukele fue el líder mejor evaluado de América Latina. ¿Y si eso se ha hecho a costa de debilitar la democracia? No parece importar a la población de distintos países.
El segundo ejemplo que ilustra lo que comentamos es la relevancia creciente que ha tomado la seguridad en los debates políticos nacionales y en las campañas para las elecciones presidenciales en los comicios del último tiempo. Durante varios años la seguridad parecía ser un tema marginal o extremo, se ridiculizaban algunas propuestas para el control de la inmigración o el combate a diversas formas de delincuencia y de terrorismo, mientras los países terminaban conviviendo con el crimen generalizado, que parecía una realidad a la cual había que acostumbrarse. Pero las cosas empezaron a cambiar: tempranamente en el gobierno del Presidente Gabriel Boric su afán refundacional se movió realidades más concretas en materia de seguridad, en una agenda liderada por la ministra Carolina Tohá. El continente también ha avanzado hacia definiciones que valoran y consideran más estos temas, al punto de que es muy posible que los triunfos de la derecha en la región estén marcados en buena medida por el tema de la seguridad, que sin ser patrimonio de este sector político, ha sido asumido por él de forma anticipada y con mayor decisión y credibilidad que en la izquierda. Adicionalmente, el tema de la seguridad se ha transformado en una preocupación central en América Latina (también en conjunto con Estados Unidos), que podría ser una definición de más largo plazo, sobre la base de la agenda y no de la ideología, como analiza el reciente informe de Iñigo Fernández, “Un paréntesis o un proyecto: cooperación regional en seguridad y el desafío de la permanencia”.
En ese contexto ha emergido el proyecto del gobierno del Presidente José Antonio Kast, que incluye una reforma constitucional y cambios legales para fortalecer esta preocupación ciudadana y que ha sido central en el proyecto político republicano. Sin embargo, en esta ocasión han surgido problemas, de diseño político, de una adecuada comunicación, sobre algunas normas específicas y por la división que se ha generado al interior del propio oficialismo. Es probable que algunos de los cambios legales sean necesarios y también que haya vacíos y problemas actuales que requieren ser revisados en forma adecuada, para que tengan efectos reales: así debería ocurrir en temas institucionales, como la labor del Poder Judicial (salvo que el problema efectivamente sea legal y no de administración de justicia); otros son asuntos de gestión y recursos (rápida construcción de cárceles y otros); no faltan los temas de más largo plazo, que incluyen el fortalecimiento de la familia y la educación. A todo ello debemos añadir la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, la cooperación internacional, el adecuado tratamiento de la inmigración irregular y el mejoramiento de las condiciones de vida cotidiana de la población.
Es preciso ordenar la discusión pública y legislativa, para no perder el foco anhelado por la ciudadanía: vivir más seguros, tranquilos, poder disfrutar del trabajo y el tiempo libre, de los espacios públicos y privados. En esto el gobierno del Presidente José Antonio Kast tiene una tarea gigante, en parte por el abandono que en el pasado hicieron otras administraciones, por la pérdida de tiempo de tantos años y por haber acumulado males que han deteriorado la vida de la población. Pero también requiere tener un mejor diseño político de sus propuestas y atender las críticas que han surgido, para que el trabajo no se convierta en un fracaso en un tema central para la administración y, por extensión en este tema. Para Chile. Es necesario dar vuelta el partido, de lo contrario el tiempo perdido conducirá a sumar una nueva derrota.
