¿Para qué marchan los estudiantes?

Hay preguntas que dejamos de hacernos, no porque las hayamos respondido, sino porque la costumbre las volvió invisibles. La marcha estudiantil es una de ellas. Se repite en Chile cada cierto tiempo, con una regularidad casi litúrgica, hasta el punto que se naturaliza ver la Alameda cortada, como parte del mobiliario de la ciudad. Y lo que nos parece natural deja de pensarse. Pero hay una pregunta más incómoda todavía que la de por qué se marcha, y es la de para qué. No es lo mismo entender un motivo que medir un resultado. ¿Para qué marchan los estudiantes? ¿Para una educación de mejor calidad? ¿Para qué los profesores dejen de hacer paros? ¿Por la calidad de la educación? ¿Para que no haya más violencia? Si, marcha tras marcha, nada de eso mejora, entonces la primera derrota no es la protesta, sino nuestra renuncia a hacernos esa pregunta.

Esto no empezó ayer. En 2006, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, los secundarios protagonizaron la Revolución Pingüina, bautizada por el blanco y negro de sus uniformes, exigiendo el fin de la herencia educacional de la dictadura. En 2011, bajo Sebastián Piñera, fueron los universitarios quienes tomaron la calle pidiendo educación pública y gratuita, organizados en la Confech y conducidos por dirigentes que apenas pasaban los veinte: Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson. Lo que vino después es revelador. Aquellos líderes no se quedaron en la calle: llegaron al Congreso, fundaron partidos y, con el tiempo, uno llegó a La Moneda y otros (otres dirían ellos), a un ministerio. La marcha fue, para esa generación, un camino al poder.

Y conviene mirar qué ocurrió cuando esos mismos dirigentes gobernaron. Durante los cuatro años del mandato de Gabriel Boric, antiguo presidente de la Fech, prácticamente no hubo marchas estudiantiles. Las grandes movilizaciones, las que habían sacudido a Piñera y las que hoy enfrentan al Presidente Kast, sencillamente desaparecieron: la Confech, conducida por las juventudes oficialistas, cambió la calle por las mesas de negociación y guardó silencio. ¿Acaso se resolvieron, en esos cuatro años, los problemas que los estudiantes decían arrastrar? ¿Se quedaron quietos porque al fin tenían lo que pedían, o solo porque entonces gobernaban los suyos? Bastó que llegara a La Moneda, otro signo político, para que las calles volvieran a llenarse, y la respuesta quedó a la vista. Esa intermitencia revela algo incómodo: lo que se presenta como una causa permanente funciona, en buena medida, como un termómetro político. En Chile, manifestarse ha sido también una forma de hacer carrera.

El otro capítulo decisivo lo escribieron, otra vez, los más jóvenes. En octubre de 2019, estudiantes secundarios empezaron a saltar los torniquetes del Metro al grito de «evade», y en menos de una semana esa desobediencia menuda encendió el estallido. No los subestimemos nunca. La adolescencia es, quizás, la edad más política de todas: el momento en que una generación recibe los mandatos de la anterior y decide cuáles conserva y cuáles rompe. Pero hay algo que incomoda en la épica con que algunos celebraron aquellos saltos. No me gusta ver a los jóvenes gritando por otros, cargando frustraciones que no son las suyas, convertidos en altavoz de un malestar ajeno. Preferiría verlos ocupados en lo que de verdad les pertenece: construir su propio futuro. Y el de Chile. Y ese futuro no se levanta pateando un torniquete, sino estudiando, honrando la educación como lo que es, un privilegio que millones en el mundo todavía no alcanzan, y no un campo de batalla. Comprender por qué un adolescente se rebela no obliga a celebrar lo que vino después. Una sociedad que poetiza la destrucción cometida por sus hijos no los respeta: los abandona dos veces.

El guion, sin embargo, apenas cambia. La marcha más reciente, convocada por la Confech bajo la consigna «Por una educación al servicio del país», reunió a miles de jóvenes en catorce de las dieciséis regiones, junto al Colegio de Profesores, contra los recortes presupuestarios, la Ley de Escuelas Protegidas, la megarreforma que se tramita en el Senado y el anunciado Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. La Delegación les modificó el recorrido, ellos mantuvieron el original, y la jornada terminó, como tantas, con enfrentamientos y detenidos y una estudiante gravemente herida. La repetición misma era el mensaje.

Quiero ser cuidadosa, porque aquí el matiz lo decide todo. El derecho a manifestarse es innegable, una conquista que ninguna democracia seria puede arrebatar. Pero ningún derecho es un cheque en blanco. La libertad de expresión termina donde empiezan los disturbios, porque la violencia no es una manera de hablar; es lo que queda cuando se ha renunciado a hablar. Y hay un segundo desgaste, más silencioso: la politización desmedida. Cuando una demanda educativa, legítima en su origen, se vuelve instrumento de partido o bandera de ambiciones personales, deja de pertenecer a los estudiantes. Dicho sin rodeos: el movimiento estudiantil ha servido, demasiadas veces, más para encumbrar a sus dirigentes, que para mejorar la educación de quienes dice representar.

Y este año la violencia dejó de ser una metáfora. En marzo, en un colegio de Calama, un estudiante asesinó a una inspectora y dejó cuatro heridos, en lo que la fiscalía describió como el primer caso de violencia escolar planificada del país. Semanas después, un instituto emblemático de Santiago debió suspender las clases luego de que un grupo de alumnos lanzara al menos quince bombas molotov en su interior. La frontera entre la marcha y el motín casi ha desaparecido: ya no es raro ver a encapuchados avanzar en las movilizaciones con bombas molotov en las manos, como si la destrucción fuera el lenguaje y no la prueba de que, el lenguaje se ha perdido.

Se invoca a veces, para ennoblecer estas protestas, una idea respetable: la desobediencia civil. Conviene entonces recordar qué es de verdad. Desde que Thoreau la formuló, esa tradición exige algo muy preciso: infringir abiertamente una norma injusta, sin esconderse y asumiendo las consecuencias, para apelar a la conciencia de los demás. Es coraje moral, no fuerza. Y justamente por eso lo que vemos en nuestras calles no merece ese nombre: es su caricatura. El encapuchado que lanza una bomba molotov es la negación exacta del desobediente civil, porque uno se tapa la cara para destruir y el otro la mostraba para persuadir. Confundir esa destrucción con el ejercicio de un derecho es injusto con los pocos que protestan de buena fe, y peligroso para todos: una sociedad que tolera la violencia cuando le simpatiza la causa pierde la autoridad para condenarla cuando no le simpatiza.

Está, además, el costo que casi nunca se contabiliza. Cada carabinero que custodia una marcha que terminará en barricadas es uno que no está persiguiendo a quienes han hecho del delito una profesión. Mientras la ciudad mira hacia la Alameda, el crimen organizado trabaja en silencio, en los barrios donde la gente ya no se atreve a salir de noche. La seguridad es un bien escaso, y cada hora que el Estado gasta en el desorden de unos se la resta al mal mayor que sufre la gente común.

Surgen entonces las preguntas que no me atrevo a callar. ¿Dónde está escrito que marchar sea más importante que ir a clases? ¿Dónde está escrito que cortar las calles, que son de todos, sea un derecho de algunos? No lo está en ninguna parte, y sin embargo se ha vuelto una verdad que ya no se examina, como si el aula fuera el enemigo y la calle la verdadera universidad.

Lo que me inquieta no es la protesta, sino la inversión que la sostiene. Una generación entera ha aprendido a reclamar derechos con una elocuencia admirable y a olvidar que todo derecho descansa sobre un deber. Ortega y Gasset describió hace casi un siglo a ese hombre que hereda una civilización que no construyó y la disfruta como un dato de la naturaleza, sin preguntarse cuánto esfuerzo ajeno costó sostenerla. El niño mimado de la historia, lo llamó. No hay maldad en él, hay desmemoria, y la desmemoria, cuando se vuelve costumbre colectiva, se acumula como una deuda que alguien tendrá que pagar.

Me pregunto entonces por el papel de las federaciones y los centros de alumnos, que deberían ser la mejor escuela de ciudadanía que tiene un joven. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile nació en 1906 y durante más de un siglo formó dirigentes, enseñó a deliberar, a transformar el descontento en propuesta. Esa debería ser su vocación: convertir la emoción en argumento, la queja en proyecto, la energía en diálogo. Una federación que sólo sabe convocar a la siguiente marcha, que mide su éxito en cuadras cortadas y no en ideas, les enseña a los suyos que la única manera de influir es el estruendo, cuando la democracia premia, a la larga, a quien argumenta mejor y no a quien grita más fuerte.

Y todo esto ocurre en el peor momento para distraerse. Los jóvenes de hoy crecen bajo el impacto de las redes, las noticias falsas y la velocidad sin pausa de TikTok, y enfrentan cifras inquietantes de problemas de salud mental. Con mayor razón habría que insistirles en lo que de verdad los sostiene: que estudien, estudien y estudien, que hagan deporte, música, que escriban. Que escriban cartas con sus quejas, porque una carta bien argumentada mueve más que una piedra, y canalizar el malestar en una página en blanco es más difícil, y más fecundo, que descargarlo en una vitrina rota. Pero los adultos tenemos aquí una responsabilidad ineludible, empezando por quienes enseñan. El Colegio de Profesores, demasiado ideologizado, no puede dar el mal ejemplo encabezando las marchas que después reprochamos a los alumnos. Y el problema viene de la raíz: nuestras escuelas de pedagogía han estado históricamente más volcadas a adoctrinar que a enseñar, y una facultad que forma militantes en lugar de maestros no suma al futuro, lo hipoteca. Un maestro está para transmitir sabiduría, no militancia; para hacer del estudio algo atractivo, no para convertir la sala en una trinchera. Lo que un joven necesita de él no es su ideología, sino su conocimiento y la convicción contagiosa de que aprender vale la pena.

Hay, además, una paradoja dolorosa. Los que dicen marchar por el futuro le dan la espalda, esa misma mañana, a lo único que podría ponerlo en sus manos. El futuro no se gana en una toma; se construye en el trabajo lento y poco fotogénico de aprender: una ecuación que por fin se entiende, un libro que altera una certeza, un profesor que enciende una pregunta que durará toda la vida. Nada de eso ocurre bajo el humo de una barricada, sino en el silencio de una sala de clases, el lugar menos heroico y más decisivo de cuantos existen.

La convivencia cívica y la tolerancia son el fundamento de cualquier sociedad que aspire a algo más que el ruido. Suponen reconocer en el otro a un igual con quien compartimos una casa común, y la calle es la expresión más física de esa casa. Cuando un grupo la corta, la quema o la ocupa como si fuera suya, no ejerce un derecho: rompe un pacto. Le dice al resto que su urgencia vale más que la del enfermo que espera una ambulancia que no avanza, o la del niño que esa mañana sí quería ir al colegio.

No pido orden por el orden, que sería una forma pobre de pedir. Pido que volvamos a preguntarnos lo que dejamos de preguntar, porque en las preguntas que una sociedad abandona está el mapa de lo que ha decidido no mirar. ¿Para qué marchan los estudiantes? Tal vez la respuesta más incómoda sea que no marchan para mejorar la educación, ni para que nadie deje de hacer paros, sino porque los adultos renunciamos a enseñarles que hay formas más difíciles, y más fecundas, de cambiar el mundo. Que la rebeldía verdadera, hoy, podría consistir en algo tan silencioso y tan revolucionario como sentarse a estudiar. El día en que una federación de estudiantes, o un profesor, se atrevan a decirles eso, habremos ganado algo que ninguna marcha podría darnos.