La inauguración de la nueva administración peruana, encabezada por Keiko Fujimori, fue para Chile el hecho más importante de la semana en política exterior, relevado por la presencia en Lima del Presidente Kast y su comitiva. El segundo, haber acordado con Venezuela una hoja de ruta destinada a restablecer relaciones, comenzando por los vínculos consulares. El primer acontecimiento puede convertirse en un punto de inflexión para construir un futuro conjunto con Perú. Implica el aprovechamiento de ciertas sintonías políticas y económicas en los próximos años para una integración de largo plazo. La restauración de relaciones consulares con Venezuela conlleva, ante todo, la superación de la anómala ausencia de contacto entre los Estados y sus ciudadanos en el exterior, que afecta severamente a unas 725.000 personas.
El 3 de junio de 2029 se cumplirán cien años del Tratado de Lima que cerró una compleja etapa en la relación con nuestros vecinos del norte. Un siglo después, Kast habrá dejado recién el poder, pero tanto él como Fujimori serán los encargados de darle a ese aniversario un contenido acorde con los tiempos, un legado para las generaciones futuras que no deje atrás a Bolivia. Debemos demostrar que los vínculos bilaterales son compatibles con una excelente relación tripartita.
No obstante, el foco debe estar puesto en nosotros. En Santiago y en Lima, pero también en Arequipa y Antofagasta, o Arica y Tacna; en la proyección de proyectos políticos conjuntos y en el diseño de otros que no estén en la lógica de la competencia, sino de cadenas de valor compartidas.
Hoy, la prioridad la tiene la lucha contra el crimen organizado. Esto implica un control efectivo de nuestros territorios y particularmente de la frontera común. A continuación, debemos pensar en la integración de estrategias y tecnologías, compartir datos e inteligencia de modo seguro, coordinar acciones judiciales y actuar conjuntamente a nivel regional y mundial en estas materias.
Según la IA nos faltaría “crear marcos reglamentarios unificados que permitan a los fiscales llevar investigaciones en paralelo compartiendo pruebas”; una “plataforma digital interoperable y automatizada” que alerte sobre órdenes de aprehensión, perfiles biométricos, vehículos o armas robadas; reducir las “ventanas de impunidad” que aprovechan las bandas; mayor coordinación para vigilar los espacios fronterizos terrestres o marítimos que no disponen de patrullaje permanente; la creación de un registro trazable binacional para precursores y, ciertamente, la integración de Bolivia a estas políticas comunes, particularmente aquellas que atañen a la triple frontera. Sólo así pondremos en marcha el Compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada, una importante pieza de política exterior de la administración Kast.
Del mismo modo, es de enorme importancia acordar con Perú una frontera integrada. Las ciudades de Arica y Tacna, distantes a escasos 60 kilómetros, suman más de medio millón de habitantes. Por aquel cruce se registraron el año pasado 6,5 millones de tránsitos, principalmente locales. Esto nos plantea una manera distinta de ver la zona, tanto desde el punto de vista del control fronterizo como de su integración productiva. Para ello, debemos comenzar por el empadronamiento de sus residentes y su tratamiento diferenciado en el paso de Chacalluta para que el cruce entre uno y otro país sea más expedito, estimule confianzas y cree cadenas de valor locales.
Una mayor integración allí no tiene por qué impedir la creación de una zona económica con la vecina Bolivia, bien pensada. La frontera con ese país se encuentra a 192 kilómetros del puerto de Arica, y desde allí a la capital boliviana, con su área metropolitana de 1,6 millones de habitantes hay otros 284 kilómetros. El Departamento boliviano de La Paz representa el 28% del PIB de ese país. Es decir, en un radio de aproximadamente 500 kilómetros viven 2,2 millones de personas de tres nacionalidades. ¿No es este un dato a tener en consideración?
Por otro lado, sería importante que con Perú revitalicemos la Alianza del Pacífico (AP) como proyecto económico. La Alianza se paralizó por razones políticas cuando el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negó a reconocer al peruano de Dina Boluarte y a sus dos sucesores, bloqueando avances en la AP. El gobierno de Claudia Sheinbaum se encuentra ahora tanteando una fórmula de acercamiento con Lima que mantenga a salvo su honor y garantice la continuidad de la Alianza. Por otro lado, el Presidente colombiano, Gustavo Petro, que solidarizó con AMLO, entrega el poder la semana que viene a Abelardo de la Espriella, que ha expresado su interés en que la AP se convierta en un eje prioritario de su política exterior.
Superado el tema político, el problema que se plantea es otro. Los países de la AP ya eliminamos el 98% de los aranceles, pero el comercio intrarregional sigue siendo sumamente bajo (2,16% del total). Tenemos más intercambio con socios fuera de la Alianza que dentro de ella. Por esto, se ha sugerido que la AP debe estimular una integración de “nueva generación” entendiendo por ella la promoción de un mercado único digital, un roaming regional, un marco regulatorio que permita pagos transfronterizos instantáneos, unificar los mercados de valores, crear fondos de garantía para las pymes, ventanillas únicas de comercio exterior, la homologación de títulos y, ciertamente, la creación de cadenas de valor regionales.
Una de las ideas que circulan en este último sentido es la de Carlos Escaffi, destacado profesional chileno radicado en Lima que hace poco planteó en El Comercio y en otros medios una “asociatividad estratégica” entre Chile y Perú con la creación de una zona franca del cobre. Escaffi parte de la base que ambos países producimos el 37% del cobre mundial, componente esencial para las tecnologías del futuro, pero lo exportamos primordialmente como materia prima. Esto supone el desafío de darle más valor a dicho producto a través de una integración binacional que comprenda la atracción de inversiones en infraestructura, corredores funcionales, refinación y manufactura del mineral, integración del conocimiento y otros. En definitiva, convertirnos en plataforma para atraer inversiones hacia actividades que vayan más allá de la extracción. En esa línea, lo mismo podría aplicarse al molibdeno, la pesca y algunos productos agrícolas en los que Chile y Perú, combinados, destacan a nivel global.
Con la revitalización de la AP, los estados miembros debemos considerar con rapidez su expansión y retomar las negociaciones para incorporar nuevos socios que han expresado su interés en integrarse a ella (Ecuador, Costa Rica, Canadá, Nueva Zelanda).
El mundo que vivimos nos coloca como imperativo la búsqueda de alianzas regionales, una mirada propia que sea capaz de sortear de la mejor forma posible las presiones de los grandes poderes que consolidan sus zonas de influencia e irradian sobre las vecinas. Esto no quiere decir que no debamos convivir con ellos, pero resguardando de la mejor manera nuestra autonomía. Chile y Perú compartimos este desafío. Ambos fuimos castigados con el mismo porcentaje de aranceles aplicado recientemente por la administración Trump. Los dos negociamos una salida. También sucumbimos a las no tan inocentes obras de infraestructura que China estimula en la región. Uno y otro sentimos presiones por la explotación de minerales críticos en nuestro suelo. Ambos queremos seguridad para los más de 2 millones de venezolanos que viven en nuestros países. ¿No es suficiente todo lo anterior para afianzar una relación mucho más estrecha con el Perú? El tiempo apremia.
