Haciendo un poco de historia, entre 1990 y 2000 el país creció en promedio 4,5% al año, con cifras de 11% en 1992; 9% en 1995 y 7% en 1997, lo que prácticamente duplicó el PIB entre 1989 y 1997. Esto, como consecuencia de la apertura comercial, ahorro y una inversión que crecía cerca del 9% anual, lo que, sumado al boom del cobre, permitió tener casi full empleo.

Pero esto cambió entre el 2010 y el 2019 pues la inversión cayó de un promedio de aproximadamente 11% entre 2010 a 2013, por la bonanza del cobre, a un 0,17 aproximado entre 2014 a 2019, a lo que hay que agregar que la productividad se estancó. Según datos de SCL Econometrics, durante los 90, la productividad en Chile crecía a tasas superiores al 3% anual, contribuyendo significativamente al crecimiento económico. Pero desde mediados de los 2000 se ha estancado, limitando el potencial de crecimiento. En 2024, la productividad laboral creció alrededor de solo un 1% y la PTF tuvo una variación cercana a cero, lo que implica un aporte casi nulo al crecimiento.

Según los economistas, 2014 marca el punto de inflexión que hizo retroceder a Chile a la situación actual.

La pregunta entonces es qué causó este retroceso. Una de las causas es la derogación del DL 600 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet mediante la ley 20.780 publicada el 29 de septiembre de 2014. Enseguida, está la reforma tributaria de 2014 que subió el impuesto corporativo de 20% al 27% y eliminó el FUT, todo lo cual generó un alto grado de incertidumbre para la inversión, reconocido por el propio exministro Arenas.

Siguió la ley laboral de 2016, que representa un cambio estructural en las relaciones laborales, ampliando derechos de negociación colectiva y fortaleciendo la representación sindical. Y así llegamos al segundo gobierno del Presidente Piñera que logró en 2018 un crecimiento de 4%, el mayor en cinco años, pero, al año siguiente, la izquierda intentó derrocarlo y surgió el octubrismo con proceso constituyente incluido, los dañinos retiros de fondos de pensiones y la pandemia que paró todo.

Y luego asumió Boric, el enterrador del neoliberalismo, el apoyador del apruebo del mamarracho. En su gobierno se impuso una permisología ideológica obstructivista, como por ejemplo el proyecto de la mina Dominga, que el ex Presidente prometió que durante su gobierno no se iba a aprobar, como así fue, aun cuando generaría 30.000 puestos de trabajo en la comuna de Higueras, con alto índice de cesantía. Y no solo ese proyecto, la CMPC decidió invertir en Brasil por lo mismo, el proyecto de tierras raras rechazado por la presencia de un naranjillo, un proyecto de desalinización en el norte y tantos otros.

Agreguémosle a esto el incremento de costos de contratación que incluyen la ley Karin, la reducción de jornada laboral a 40 horas; la ley de delitos económicos que implica costos en auditorías, controles internos y asesoría legal; el costo de despedir, con un tope de 11 meses de indemnización vs 3,3 en el promedio OCDE. El CEP en un estudio de enero de 2026 identificó que como la indemnización solo aplica a contratos de más de un año, genera alta rotación deliberada. En 2024, un 45,7% de los contratos indefinidos terminó en menos de un año.

Y enseguida tenemos el aumento en las cotizaciones previsionales al empleador. Desde agosto de 2025, los empleadores pagan un 1% adicional sobre la remuneración imponible (Ley 21.375, Reforma de Pensiones). A continuación, a partir de agosto de 2026 declaradas en septiembre, el aporte subió a 3,5%, por lo que la cotización previsional total pasó a 13,5% mensual, a cargo íntegramente del empleador. Piense tan solo el efecto de todo esto en las pymes, grandes generadores de empleo en Chile.

En resumen, el país acumuló más de 10 años de golpes sucesivos a la confianza, a la certidumbre y a la certeza jurídica. Si le añadimos a eso el aumento en los costos de contratación producto de las reformas laborales y previsionales, el estancamiento en productividad, la baja en la inversión y la permisología, recuperar el empleo no será una tarea fácil pues recobrar la confianza requerirá un buen tiempo y sin duda, nuevas iniciativas legales que motiven la creación de empleo.

Adicionalmente, pasamos de ser acreedores netos a casi un 42% del PIB de deuda pública y sumando la deuda privada, a junio se llega a un total de US$291.598 millones, equivalente a 76,2% del PIB (BCCh) lo que reduce el margen para estimular la economía.

No cabe duda de que la reforma económica de reconstrucción es un buen comienzo, pero restablecer la confianza toma largo tiempo. Serán muchas las decisiones gubernamentales y legislativas que habrán de tomarse para eliminar o mejorar al menos las condiciones antes mencionadas para generar los incentivos a la contratación. Dicho todo lo anterior, no le pidamos milagros al gobierno en tan solo seis meses de gestión.