Se ha hecho abundante caudal de la frase del Presidente Kast en la que afirmó que la promesa de expulsión de 300 mil migrantes irregulares proclamada durante la campaña no debía tomarse de manera literal, sino que se trataba de una «metáfora» (o hipérbole). La inusitada sinceridad del gobernante sobre la materia, era que no, ha sido criticada con dureza.
Pero no hace tanto que se esparcieron entre nosotros especies que no eran hipérboles y metáforas, sino que falsedades de tomo y lomo. Y, sin embargo, esas afirmaciones no suscitaron en su tiempo mayores cuestionamientos aun cuando sus efectos en la sociedad chilena y en el sistema político fueron de gran calado.
Hace diez años se decía urbi et orbi que las administradoras de fondos de pensiones realizaban un escandaloso “robo legalizado”, una estafa ponzi en toda la línea, defraudando a millones de cotizantes. De tan repetida la falacia muchos chilenos la creyeron a pie juntillas. Las bajas pensiones no eran, entonces, el resultado de la subcotización -en no pocos casos a los trabajadores se les cotizaba por el sueldo mínimo, aunque sus salarios fueran superiores a ese valor-. Tampoco de las lagunas previsionales que solían ser -y todavía siguen siendo- muy extendidas. Quienes por esas causas recibían bajas pensiones tenían por fin una explicación a la mano: los responsables, se les decía una y otra vez, eran las propias administradoras de pensiones que les birlaban parte de sus ahorros. Los retiros que fueron autorizados por la vía de sendos cuerpos legales aprobados en el Congreso Nacional tuvieron un efecto imprevisto: los cotizantes pudieron advertir más allá de toda duda que sus ahorros previsionales estaban intactos en sus cuentas personales y que además ganaban ingentes intereses. El “robo legalizado de las AFP” no había sido más que un colosal embuste que de pronto había quedado al descubierto.
Por esos mismos días se decía sin ambages que nuestra Carta Fundamental, de “de los cuatro generales”, era una “constitución tramposa”, y que esa maquinación constitucional que acechaba a los chilenos se había convertido en el principal problema del país, uno que debía resolverse sin demora. Chile requería con urgencia una asamblea constituyente que se pusiera manos a la obra para ese fin. Dos procesos fallidos para dictar una nueva Carta Fundamental llevaron a una mayoría de los chilenos a percatarse que el estancamiento económico y la creciente inseguridad ciudadana -estos sí que se habían convertido en nuestros problemas más acuciantes- no requerían de una nueva Constitución para enfrentarlos, sino que de reformas legales como las que se han aprobado nutridamente por el Parlamento en los últimos años. Ninguna supuesta trampa constitucional ha impedido que esas iniciativas legales y otras, algunas de gran complejidad, hayan seguido su curso hasta su dictación como leyes de la República.
También se nos dijo hasta la saciedad que los chilenos vivíamos en el país más desigual del mundo. Aquí en Chile, ni más ni menos, la más aguda desigualdad había hecho patria. Pero los datos de entonces lo desmentían categóricamente. Nuestro país no era ni siquiera el más desigual de la Región. Más aún, el trabajo “Desiguales” del PNUD publicado en 2016 indicaba que la desigualdad de ingreso se había reducido en los 15 años previos -aunque seguía siendo elevada en el contexto de la OCDE-. Lo importante era la tendencia a la baja que se reportaba en uno de los estudios más acabados sobre la desigualdad en el país. De hecho, desde entonces se ha reducido todavía más.
No es impensable que estos relatos, de suyo corrosivos sobre todo para los jóvenes, hayan contribuido a la ocurrencia del estallido social en 2019. Más bien, es casi seguro que fue así. Prevalecieron durante la década pasada casi sin ser contrapuestos, y es que por momentos fue políticamente incorrecto contradecirlos. Habían devenido en verdades incontrovertibles. Lo cierto es que fueron mucho más que hipérboles y metáforas, con efectos trascendentales que torcieron gravemente el rumbo del país.
